Servindi, 1 de abril, 2016.- Agrupaciones civiles ecologistas se sumaron a las voces que rechazan la iniciativa del Gobierno venezolano de emprender una extensiva explotación minera en el río Orinoco, en la zona denominada el “Arco Minero”, por las consecuencias ambientales que tendría.
Como se recuerda, en febrero pasado, el Gobierno puso en marcha el “motor minero”, como parte de su estrategia para supuestamente fortalecer el aparato productivo del país y superar el modelo rentista de los ingresos petroleros, ante la caída de los precios del petróleo.
Con ese fin, mediante el decreto número 2.248 se creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”, un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco.
Asimismo, el Gobierno presentó un plan de inversión a 150 empresarios nacionales y extranjeros de 35 países para la explotación del “Arco Minero”, donde se explotarían minerales como el oro, además de coltán, bronce, diamantes y otros.
Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil han alzado la voz ante los planes del gobierno de Nicolás Maduro, entre otras cosas, porque la zona es territorio de pueblos indígenas como los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako.
Con un conjunto de actividades, protestas y un pronunciamiento difundido esta semana, organizaciones ambientalistas consideraron que dicha iniciativa minera no lleva a superar el rentismo petrolero, como asegura el Gobierno.
Aseguraron también que la actividad minera en el Orinoco implicaría una gran “gran cantidad de bosques deforestados, ecosistemas destruidos y especies animales y vegetales muertas”.
“En Venezuela la minería ha tenido efectos terribles en el Delta del Orinoco, en las adyacencias del Parque Canaima, en el río Caura y en la Sierra de Perijá, por mencionar algunas zonas, afectando a los pueblos warao, pemón, sanema y yekwana y sus procesos de autodemarcación de territorios”, aseguraron los suscritos.
Del mismo modo, llamaron a profundizar el debate nacional para “construir colectivamente agendas de transiciones al post-extractivismo”.
Entre otras acciones, demandaron también revocar las concesiones firmadas con la empresas Gold Reserve, CAMC Emgineering, Yankuang Group, entre otras.
Indígenas protestan
Las voces opositoras se sumaron al rechazo manifestado por los indígenas de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COIAM), quienes señalaron que los planes extractivos del Gobierno contaminarán los ríos Orinoco y Apure, así como el Delta del río Orinoco, los humedales de Monagas y la Amazonía venezolana.
Igualmente, el coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), Gregorio Mirabal, mostró su preocupación por la iniciativa extractivista, en una entrevista realizada a inicios de marzo.
Mirabal afirmó que la explotación del “Arco Minero” conllevará a “la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”.
Del mismo modo, consideró necesaria la reactivación de la demarcación e tierras indígenas que “en Amazonas está paralizada”.
“Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”, señaló.
“Nosotros queremos, desde este espacio, a todo el pueblo venezolano, al Gobierno Nacional, a buscar un diálogo, a aperturar una consulta previa porque los pueblos indígenas estamos realmente preocupados por esta situación”, agregó.
Consulta vulnerada
Por otra parte, el abogado Rodolfo Montes de Oca aseguró que la explotación del “Arco Minero” vulneraría el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Así lo afirmó en un reciente artículo donde explicó que tal derecho está respaldado en el artículo 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, recordó que la referida disposición constitucional es ratificada en el capítulo II de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) “donde se consagra el mecanismo, forma e incluso la acción de amparo contra la concesiones sin previa autorización.”
Precisó también que dicha ley dispone que el contrato de concesión sería nulo “en caso de incumplimiento de las condiciones de la consulta y participación en la exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales”.
Montes de Oca explicó que en Venezuela es clara la “primacía de las leyes orgánicas y los preceptos constitucionales sobre decretos y ordenanzas.”
Por lo tanto señaló que el decreto por el cual se creó el “Arco Minero” atenta contra el Estado de Derecho y es inconstitucional.
En consecuencia, el Defensor del Pueblo está obligado a ejercer acciones legales contra el decreto, indicó.
Finalmente consideró necesario exigir a la Asamblea Nacional que promulgue un Reglamento para la Consulta Previa .
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