Servindi, 26 de marzo, 2023.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Janeth Apari y Sergio Zanabria y redactado por el equipo de prensa de Servindi.
Resumen nacional del 20 al 26 de marzo, 2023
Desaprobados. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República tiene los más altos niveles de desaprobación según una reciente encuesta urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El 78 por ciento desaprueba la gestión de Dina Boluarte y el 91 por ciento al Congreso de la República. En regiones del sur la desaprobación a Boluarte alcanza el 82 por ciento.
Recomendaciones de la ONU. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas efectuó un conjunto de recomendaciones para evitar el uso excesivo de la fuerza, el exceso de la declaratoria de los estados de emergencia y la impunidad.
El documento que resulta del Examen Periódico Universal al Estado peruano observa con preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y tratos crueles e inhumanos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Asimismo, exhorta al gobierno a tomar medidas para “combatir la estigmatización, deshumanización y prejuicio hacia los manifestantes, líderes sociales y opositores políticos (…) y poner fin al terruqueo”.
Impunidad. En Perú existe un “importante problema” de impunidad ante los abusos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas, advierte el reporte anual de derechos humanos de Estados Unidos.
Pese a las múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos, “el gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes lo cometieron”, indica el país norteamericano.
Exigen justicia. El 21 de marzo falleció el joven cusqueño Rosalino Flórez Valverde, luego de una larga agonía tras recibir 36 perdigones por la policía cuando protestaba contra el gobierno de Dina Boluarte.
Con su muerte, suman 49 los civiles que mueren en medio de las protestas. Sus familiares responsabilizan al gobierno y a la policía por su deceso y exigen justicia para el joven estudiante de gastronomía.
Policía implicado. El Ministerio del Interior capturó al policía en situación de retiro Erusbel Apaza Uturuncu quién estaría involucrado en la muerte del suboficial PNP José Soncco Quispe, calcinado en Juliaca durante las protestas.
Apaza era un suboficial de tercera que fue pasado al retiro en 2020 por inconducta funcional. Su captura demostraría que los manifestantes no estuvieron involucrados en la muerte de Soncco Quispe.
Rechazan reconsideración. Pueblos indígenas de la Amazonía rechazaron los pedidos de reconsideración presentados por los congresistas Nilza Chacón y Elvis Vergara para volver a debatir el dictamen que busca modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
El dictamen fue rechazado por el Pleno del Congreso el 23 de marzo, luego de que se advirtiera que amenaza la protección de los bosques amazónicos y abre la puerta a la deforestación.
Nuevas invasiones. La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) denunció una nueva ola de invasiones contra la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, facilitada por autoridades locales.
Según Fenacoka, autoridades regionales y municipales facilitan la invasión a la reserva, legalizando la creación de caseríos, asociaciones e incluso concesiones forestales dentro de la reserva.
La denuncia se realiza en días en que Herlin Odicio, Pdte. de Fenacoka, recibe nuevas amenazas de muerte. “Vas a caer tarde o temprano, no nos hemos olvidado de ti”, le advirtieron recientemente.
Defienden sus territorios. El 21 de marzo las comunidades indígenas de las cuatro cuencas defendieron sus derechos territoriales frente a la apelación del Estado y Pluspetrol contra una sentencia que reconoce sus derechos.
Ahora esperan que sentencia sea ratificada y se les permita acceder a títulos formales de propiedad, además de indemnizaciones y reparaciones por explotar sus tierras sin su consentimiento.
Habla Rocilda Nunta. La primera mujer indígena amazónica en ocupar un alto cargo en la función pública brindó una entrevista a Servindi para hablar de su paso por el Viceministerio de Interculturalidad, al cual renunció en febrero.
Conocer el balance de su gestión, las dificultades encontradas y en especial obtener lecciones hacia el futuro, como se desprende de la entrevista, es una experiencia importante para el movimiento indígena peruano.
Suspenden desalojo. La comunidad campesina de Tantacalla, en Cusco, logró mantener su territorio ancestral luego que se suspendiera el desalojo de sus propias tierras fijado para el 24 de marzo.
Más de 1000 personas, entre niños, mujeres y ancianos iban a quedarse sin hogar y sin tierras agrícolas por una sentencia cuestionada del Poder Judicial que beneficia a un exhacendado.
La sentencia no tomó en cuenta la jurisprudencia sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas y favorece a un exhacendado que acreditó su propiedad con un documento prescrito.
Investigada. La Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, en el caso vinculado a Karina Pinasco.
Pinasco era viceministra del Ministerio del Ambiente (Minam), pero renunció el 21 de marzo tras revelarse que benefició en su primer día de trabajo a una ONG fundada por ella y sus familiares.
Descartan polio. El Ministerio de Salud aclaró que en Perú no existe ningún caso de polio, pese a que el 22 de marzo anunció la reaparición de esta enfermedad en un niño indígena amazónico.
En un comunicado, indican que el menor presenta parálisis flácida aguda, pero que se encuentra estable y está siendo evaluado constantemente por un equipo de especialistas del sector Salud.
Rechazan propuestas. La Asociación Nacional de Periodistas rechazó dos propuestas legislativas presentadas por Perú Libre y Renovación Popular que buscan restringir la actividad periodística.
Una pretende agravar la pena del delito de difamación usualmente aplicado contra periodistas y la otra busca imponerles la colegiatura obligatoria.
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