Servindi, 13 de octubre, 2022.- Organizaciones y ciudadanos realizarán una conferencia de prensa para exigir que el Congreso de la República acate la orden judicial de suspender la elección del Defensor del Pueblo hasta que se resuelva una demanda en proceso.
La cita es el viernes 14 de octubre a las 10:30 a. m. en la sede del Congreso de la República, específicamente en la Sala "Héroes defensores de la Democracia", al lado de Pasos Perdidos.
En dicha conferencia también se informará sobre las acciones que en los próximos días adoptaran para defender la autonomía y el buen funcionamiento de las instituciones defensoras de derechos humanos en el Perú.
El juez constitucional admitió una demanda de amparo y ordenó a través de una medida cautelar que se suspenda dicho proceso de elección hasta que se resuelva el proceso principal.
Lejos de cumplir dicha resolución, el Congreso viene adoptando acciones de desacato a la orden del juez, como es la creación de una nueva comisión especial, proponer candidatos/as y la votación de los mismos en el Pleno.
En la sesión del Pleno del Congreso del 16 de agosto de 2022, este acordó interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de que se declare que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre el procedimiento en trámite de la elección del Defensor/a del Pueblo, entre otros procedimientos parlamentarios.
Con dicha demanda competencial, presentada el 10 de octubre del presente, el Congreso ya no solo estaría incumpliendo una medida cautelar, sino también retando al TC al hacer algo sobre lo que este todavía no se ha pronunciado.
Antecedentes
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo presentó en mayo de 2022 una demanda de amparo contra el proceso congresal de elección del Defensor/a del Pueblo.
Ello debido a que el proceso no contaba con un reglamento e incumplía disposiciones legales y constitucionales para garantizar un proceso meritocrático, transparente y con participación ciudadana.
A dicho proceso judicial se han sumando otras organizaciones sociales, en calidad de litisconsortes, como el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), se sumó presentanto un amicus curiae, para exigir que se respete la autonomía de las instituciones.
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