Las comunidades indígenas afectadas por la contaminación de la actividad petrolera, se ven además impedidas de acceder a agua limpia para su consumo y uso. En la Amazonía norte peruana, cien comunidades y sus federaciones indígenas llevan una lucha unitaria, constante y articulada desde hace once años, en defensa de sus territorios y ríos.
Contra la devastación petrolera del territorio y de los derechos indígenas, el sentido de los ríos
Por Renato Pita Zilbert*
WRM, 15 de setiembre, 2022.- El agua no es solo agua. Muchas veces se reduce la importancia del agua a solo su valor comercial y de uso como recurso natural, es decir, su uso económico. Ese enfoque reduccionista cosifica distintos alcances, relaciones y posibilidades vitales del agua. Además, ese enfoque considera a la naturaleza como si fuera un almacén inagotable, un eterno abastecedor de bienes, una naturaleza máquina, una cosa aislada que no tiene vidas.
Los pueblos indígenas por su parte nos ofrecen visiones, modos y horizontes distintos para establecer relaciones más interconectadas, saludables y pertinentes con la naturaleza y el agua.
La sabia del pueblo Awajún Irma Tuesta nos dice: “Nuestro territorio está ligado a todo, ya que todo tiene vida para nosotros, todo tiene madre: el agua, el aire, el monte, la tierra, las piedras, el cerro, las aves, los animales, las plantas” (1). Para ella, la naturaleza es una unidad vital, un todo de vida conformado por varios lazos de vidas. Para el caso, ‘vida’ debe entenderse no solo en su acepción de ‘fuerza’ o ‘energía’ en seres orgánicos, sino también como actividad continua, como trayecto vivido, como historia, como una experiencia de vivir la vida.
“El territorio es nuestra vida, y todo lo que se trata del territorio, nuestros conocimientos, nuestros saberes, vamos contando en esa transmisión a nuestros hijos a través de cuentos, poesías, canciones, y protegiendo nuestro territorio”, continúa Irma.
Las últimas palabras iluminan más el concepto. El territorio (es decir, los ríos y el conjunto del bosque) es la vida misma de los pueblos indígenas; es el ámbito donde se producen y contienen sus saberes, su memoria, su existencia. Su vida es su territorio. El apu (líder indígena) Alfonso López del pueblo Kukama, presidente de la federación ACODECOSPAT, que representa 63 comunidades Kukamas de las cuencas de los ríos Marañón, Ucayali y Amazonas en Perú, dice: “el territorio está dentro de nosotros, nosotros somos el territorio, dejas de ser indígena cuando te desprendes de tu territorio, cuando ya no tienes relación con tu espacio natural, dejas de sentirte indígena cuando dejas de sentir el poder de tu naturaleza, el poder de los espíritus de las plantas que te alimentan, […] pero cómo poder visionar si toda está enferma, cómo poder mirar el futuro con claridad si nos van enfermando, si nos van destruyendo, y solamente por buscar recursos económicos”. (2)
La norma no abarca la plenitud, pero tiene materia
Existen distintos organismos multilaterales para asegurar el acceso al agua como derecho humano y para proteger los territorios de los pueblos indígenas. La ONU reconoce el acceso a agua como un derecho humano desde 2010. Por su parte, el Convenio Nº 169 de la OIT, de rango constitucional en Perú, indica que los Estados deben adoptar medidas especiales o establecer salvaguardas para proteger y preservar los territorios que habitan los pueblos indígenas, con el objetivo de asegurar sus culturas, conocimientos, capacidad productiva, entre otros. Existen además un gran número de otras referencias y jurisprudencia internacional referida al mismo tema.
En Perú, desde el año 2017 se reconoce de forma constitucional el derecho de acceso al agua, mediante la Ley Nº 50588. Esta norma solo prioriza el consumo humano del agua por sobre otros usos; sin embargo, asocia el acceso al agua como punto de partida para el acceso a otros derechos, como “la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el medio ambiente, el trabajo, la identidad, entre otros”. (3)
Pero el Estado peruano incumple su propia norma, y hace muy poco para revertir la vulneración del derecho. De acuerdo al Ministerio de Cultura, (4) un 54% de la población indígena amazónica no cuenta con acceso a agua por sistema de red pública. Si bien el cálculo nos parece conservador, el informe del ministerio señala que existe una amplia diferencia en comparación con la población que habla castellano, donde solo un 11% no dispone del servicio.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Perú publicó un informe en 2018 (5) sobre la situación de salud en comunidades indígenas de los pueblos Quechua, Achuar, Kichwa y Kukama, de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, respectivamente. El documento dice: “En lo referente al acceso al agua segura para consumo humano, la situación es más extrema. En los distritos de Andoas, Pastaza, Urarinas, Trompeteros y Parinari entre el 97% y 99% de las viviendas censadas consume agua no tratada. Mientras que en los distritos de Tigre y Nauta, esa cifra alcanza, por lo menos, el 66% y 82%”. En su informe, la Defensoría reconoce que esta grave situación expone a la población a condiciones que incrementan su riesgo a desarrollar problemas de salud.
No es arbitraria la atención que presta la Defensoría del Pueblo a los distritos mencionados. Aquellos albergan ríos y comunidades indígenas que se encuentran afectadas por actividades petroleras que datan desde principios de la década de 1970, en los lotes petroleros denominados 192 (ex lote 1AB) y 8, así como en el Oleoducto Norperuano, que atraviesa la Amazonía norte y las montañas andinas, hasta llegar a puerto en la costa norte para su comercialización.
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Casi cien comunidades de las zonas afectadas en la Amazonía, y sus federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, llevan una lucha unitaria y articulada desde hace once años. (6) Esta lucha, articulada en la plataforma PUINAMUDT (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios), ha venido marcando una agenda política y técnica que ha servido para obligar al Estado a asumir medidas especiales para atender la crisis de contaminación petrolera y vulneración de derechos en la zona.
Pese a que se han dado algunos pasos para atender la problemática, las acciones tomadas por las autoridades han resultado insuficientes, de muy accidentada implementación y, en no pocas ocasiones, de recurrentes conflictos. Junto a ese proceso, ni la actividad petrolera ni sus impactos negativos han cesado. Aquellos daños se acumulan y extienden impasiblemente.
El Lote 192 (en operaciones desde la década de 1970) fue concesionado a la empresa Pluspetrol desde el año 2000 hasta el 2015 y, desde entonces, a la empresa Frontera Energy del Perú S.A, cuyo contrato venció en febrero de 2021. Actualmente el Lote se encuentra a la espera del reinicio de operaciones. El Lote 8 (en operaciones también desde la década de 1970) es operado por Pluspetrol desde 1996 y la concesión va hasta 2024. La oficina central de Pluspetrol está establecida oficialmente en los Países Bajos, lo que le ha permitido a la empresa evitar impuestos sobre las ganancias que obtiene con la extracción de petróleo en Perú y otros lugares. Frontera Energy Corp. es una compañía pública de Canadá con operaciones en varios países de Sudamérica.
Círculo vicioso: cadena de vulneraciones, maltrato y daño
Hace pocas semanas, el 7 de junio de 2022, fue reportado un derrame de petróleo en la comunidad indígena del pueblo Urarina llamada La Petrolera. Esta comunidad se ubica también en la región Loreto, en la Amazonía norte de Perú, en las orillas del río Patoyacu, un afluente del río Chambira, que a su vez es un afluente del río Marañón. Para llegar, se debe viajar por río al menos dos días en una embarcación de alto rendimiento, y en canoa (embarcación tradicional) el viaje puede demorar de 3 a 4 días.
Las autoridades de la comunidad que avisaron del hallazgo no pudieron estimar la cantidad de petróleo derramado, pero exigieron inmediatas acciones de limpieza a la empresa Pluspetrol, operadora del Lote 8, una importante área petrolera en Perú.
Dos semanas después, el domingo 18 de junio, la falta de una intervención a tiempo de la empresa Pluspetrol produjo el avance del petróleo hasta las aguas del río Patoyacu, fuente de agua, pesca y recreación de la comunidad. “Hace varios días venimos diciendo que recojan el crudo y no lo hacen, somos nosotros quienes hemos dado aviso a las autoridades del derrame, es nuestro territorio el que se está afectando”, dijo el apu de la comunidad, Robles Pisco, a los medios de comunicación. (7) Las fotos compartidas por la comunidad y que circularon en redes, mostraban además peces afectados por el derrame.
Para inicios de julio, el derrame seguía sin atención adecuada. Las denuncias y reclamos de la comunidad Urarina continuaban. (8) La comunidad continúa hasta el día de hoy exigiendo al Estado que declare la zona en emergencia, a causa de las atenciones urgentes que se requieren. “Todos estamos con dolor de cabeza, vómitos, el personal de la misma empresa también está mal, ellos mismos lo han declarado”, señaló Robles Pisco recientemente. Pero las autoridades y la empresa brillan por su silencio y ausencia, el Estado tan solo ha enviado delegaciones para monitorear la zona.
La tragedia ocurrida en la comunidad La Petrolera no es un caso aislado. No es la primera vez que hay un derrame petrolero en territorio de comunidades indígenas. De acuerdo a información recogida por la plataforma PUINAMUDT y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), en el Lote 8 las autoridades ambientales tienen registrados hasta 181 derrames de petróleo ocurridos entre los años 1998 y 2020. También contabilizan más de 670 sitios impactados que necesitan remediación ambiental. Pese a que desde el año 2020 la empresa Pluspetrol ha paralizado sus operaciones (9), continúan y se acumulan los derrames de petróleo que dañan el territorio y la vida en las comunidades.
Similar caso se vive en las áreas de bosque del Lote 192, también ubicado en la región de Loreto. De acuerdo a las autoridades ambientales existen más de 1119 sitios impactados en ese Lote. (10) Tan solo entre marzo de 2021 y abril de 2022 se han reportado 35 derrames de petróleo. Un triste ejemplo de lo que se vive en la zona lo ofrece la comunidad Kichwa 12 de Octubre, donde tan solo en 2022 se han reportado 2 derrames de petróleo en su comunidad. Las comunidades indígenas afectadas por este Lote, han denunciado ante el Poder Judicial esta problemática. (11)
Gracias a las denuncias de los últimos diez años de organizaciones indígenas como FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT, se ha hecho evidente la grave crisis ambiental y social que viven los territorios indígenas a causa de los derrames petroleros en la Amazonía peruana, los cuales afectan, en la mayoría de casos, diversas fuentes de agua que son fuente de vida para los bosques y sus poblaciones indígenas.
Zúñiga y León han sistematizado información (12) sobre derrames de petróleo en la Amazonía peruana, y han identificado que las autoridades ambientales registran hasta 474 derrames desde infraestructura petrolera, entre los años 2000 y 2019. Por otro lado, se ha identificado también que el total acumulado de aguas de producción petroleras descargado en ríos, suelos y humedales de la Amazonía norte peruana entre 1974 y 2009 alcanzó los 7090 millones de barriles, los cuales contenían miles de toneladas de distintos compuestos químicos altamente tóxicos. (13) Vale precisar que el Estado peruano tiene información oficial desde por lo menos inicios de la década de 1980, cuando se identificaron los primeros registros de plomo en sedimentos, aguas y especies animales consumidas como alimento en las comunidades indígenas Achuar, de la cuenca del río Corrientes. (14)
Surcar el largo trayecto hacia la justicia y reparación
La situación crítica en estos territorios tiene larga data y no es nueva para las autoridades en Perú. Sin embargo, el actual gobierno no actúa decididamente, ni procura acciones o políticas efectivas para la reparación o garantías necesarias a los derechos de los pueblos indígenas. “Con todas esas pruebas nosotros hemos dicho, ¡basta!, es suficiente, nuestros propios gobiernos nos están matando, no nos están respetando nuestro derecho”, contó recientemente el apu Aurelio Chino Dahua, presidente de FEDIQUEP, en un evento con el Relator de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos en Colombia. (15)
Solo después de constantes movilizaciones sociales, denuncias colectivas, procesos judiciales e incontables reuniones, el Estado peruano se digna a tomar algunas acciones para la atención de la problemática. Frente a la inoperancia de los gobiernos de turno, las comunidades y sus organizaciones son quienes han propuesto la agenda. En 2015, las organizaciones agrupadas en la plataforma PUINAMUDT suscriben acuerdos que plantean acciones concretas, presupuestos y plazos para atender la problemática del ambiente, la salud, el acceso al agua apta para consumo humano, entre otros. Esta agenda fue asumida por el Estado mediante acta suscrita en el mismo año.
Como parte de esa agenda se realizaron estudios que determinaron altos niveles de contaminación en aguas y suelos. En 2016, el Ministerio de Salud realiza el primer estudio toxicológico y epidemiológico en la zona, el cual fue publicado en 2019. (16) El estudio arrojó que el 57% del total de la muestra en adultos y el 49% de las muestras en niños, superaron niveles de plomo de acuerdo al estándar internacional; a su vez, casi un tercio de las personas muestreadas presenta niveles de arsénico (28%) y mercurio (26%) por encima del límite permitido en Perú.
Un siguiente estudio en la zona, denominado Análisis de la Situación de Salud (ASIS), señala que el “acceso al servicio público de agua potable en las comunidades de las cuatro cuencas y río Chambira presenta una condición crítica […] el 56% informó que consume agua de río a pesar de su percepción de que está contaminada“.
El Estado hasta ahora ha incumplido con los acuerdos fijados, entre ellos los referentes al agua, faltando así además a sus obligaciones adquiridas en tratados internacionales y en la Constitución Política del Perú.
Un informe de próxima publicación de la plataforma PUINAMUDT (17) ha identificado que, cuando el Estado ha implementado acciones vinculadas a este compromiso (instalación de sistemas de agua o saneamiento en comunidades, por ejemplo), esto se ha hecho “sin tomar en cuenta la autonomía y la institucionalidad indígena, y desconociendo sus propios lineamientos y metodología para su implementación según los cuales se debería considerar las diferencias culturales y las experiencias de los pueblos indígenas, así como las características particulares de los territorios”. Incluso, en algunos casos, se han llegado a presentar serios casos de corrupción en la estructuras públicas para la ejecución de proyectos, o a criminalizar a autoridades comunales de forma injustificada.
Hasta la actualidad, no se ha cumplido en su plenitud ninguno de los compromisos suscritos en 2015.
Pese al escenario crítico, las comunidades y organizaciones indígenas mantienen su compromiso en defensa de la vida, del territorio y de sus derechos. La lucha encaminada es a contracorriente. El pasado 15 de julio de 2022, el presidente de la federación FEDIQUEP en reunión con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para con los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el abandono del Estado frente a las atenciones especiales en un Plan de Salud que atendería a más de 500 comunidades indígenas, pero que el gobierno del presidente Pedro Castillo no quiere aprobar desde hace más de siete meses.
Ese es el escaso nivel de compromiso del actual gobierno con los derechos de los Pueblos Indígenas, un gobierno que se autoproclama de izquierda. Queda claro que esa postura es la misma de gobiernos anteriores abiertamente neoliberales. Frente a eso, las organizaciones y Pueblos Indígenas mantienen su lanzas en alto. Esa es la constancia y el sentido de los ríos que orientan la defensa de la vida en la Amazonía en Perú.
Notas:
(1) Varios autores. (2020) ¿Cómo entendemos nuestros derechos? Webinar: Ciclo de charlas sobre derechos de los pueblos indígenas. Visión Amazonía, Perú Equidad, Caaap, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IWGIA, NICFI. Lima, Perú.
(2) Alfonso López, en Foro Público “A 30 años del Convenio 169 ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en el Perú?” (2019). Universidad Ruiz de Montoya, Lima. Trancripción de David Díaz Ávalos.
(3) Cacñahuaray, Ruth. El acceso al agua potable en las comunidades indígenas del Perú en el marco de estado de emergencia nacional Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, vol. 7, núm. 2, pp. 261-277, 2020. Universidad Nacional del Litoral.
(4) Perú, Ministerio de Cultura, Indicadores – Servicio de agua, 2018.
(5) Defensoría del Pueblo. 2018. «Salud de los pueblos indígenas amazónicos y explotación petrolera en los lotes 192 y 8: ¿Se cumplen los acuerdos en el Perú?».
(6) La plataforma se llama Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de la Amazonía (PUINAMUDT): www.observatoriopetrolero.org
Las Federaciones Indígenas participantes son: La Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP); La Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (FECONACOR); La Organización de Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (OPIKAFPE); y La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).
(7) PUINAMUDT, Triste día del padre: Pluspetrol no atiende a tiempo derrame de petróleo y empieza a contaminar quebrada Patoyacu, junio 2022.
(8) PUINAMUDT, Alerta de emergencia ambiental y sanitaria en comunidades urarinas por derrame de petróleo en el Lote 8, julio 2022.
(9) Desde finales del año 2020, Pluspetrol ha paralizado sus acciones en Perú. Las organizaciones indígenas han denunciado que la empresa pretende abandonar el Lote 8 (su contrato vence en 2024) incumpliendo con sus obligaciones ambientales, tal como hizo en el Lote 1AB. Actualmente, la empresa y el Estado peruano llevan un proceso de arbitraje a causa de una liquidación corporativa pretendida por Pluspetrol.
(10) PUINAMUDT, Ministerio de Energía y Minas desaprueba por segunda vez propuesta de Pluspetrol para remediación del Lote 1AB, febrero 2019.
(11) PUINAMUDT, Federaciones indígenas denuncian penalmente a Perupetro por derrames sin atención en el Lote 192, abril 2022.
(12) La sombra del Petróleo (2020).
(13) Yusta-García, Raúl. 2019. Contaminación de Aguas y Suelos por actividades de extracción de petróleo en la Amazonía Norte Peruana. Tesis doctoral. ICTA-UAB (Barcelona, España). El autor señala además que el volumen identificado en la amazonía peruana es 15.7 veces superior al PW descargado en Ecuador durante 1971- 1992 por la petrolera Chevron-Texaco (página 81).
(14) Maco, J., R. Pezo, J. Cánepa. 1985. Efectos de la Contaminación Ambiental por Actividades Petroleras.
(15) Apu Aurelio Chino Dahua en el Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (julio 2022 en Bogotá, Colombia)
(16) PUINAMUDT, Ministra de Salud entrega informe final de estudio sobre metales pesados a dirigentes indígenas de Loreto y se compromete a implementar un plan de atención, julio 2019.
(17) El informe se encuentra en su última etapa de edición y fue realizado por el antropólogo Diego Navarro a pedido de las federaciones de la plataforma PUINAMUDT.
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* Renato Pita Zilbert es comunicador, miembro de la Plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de la Amazonía (PUINAMUDT). Escrito en julio, 2022.
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