Defensores ambientales y de Derechos Humanos son parte de la implementación de mejoramiento de este Plan Nacional que busca defender los derechos ante el abuso de empresas.
Servindi, 1 de setiembre, 2022.- Defensores de DDH de las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro (Cusco) y de la provincia de Cotabambas (Apurímac) aportarán de manera descentralizada en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.
Este plan busca crear una politica de protección frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales sobre los Derechos Humanos.
Perú ha sido el tercer país en la región en aprobar este plan, sin embargo todavía es necesario fortalecer su implementación a través de la supervisión y seguimiento.
Dentro del diagnóstico inicial se ha resaltado la importancia de la regulación de la fuerza en contextos de conflictos sociales.
“El uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas sociales ha sido objeto de preocupación de distintos mecanismos de monitoreo internacionales de derechos humanos”, señala parte del documento.
Por ello es clave la participación de actores de grupos vulnerables como defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, sindicatos, entre otros.
En este contexto, durante la mañana del jueves 1 de setiembre se abordaron diversos puntos en la ciudad del Cusco. La organización Derechos Humanos Sin Fronteras, entre otras instituciones, acompañan este proceso.
Se dieron talleres sobre el fortalecimiento de capacidades de las centrales sindicales, la instalación del espacio multiactor y la mesa de trabajo con instituciones de la sociedad civil de Cusco y dirigentes del sur andino.
Hoy se capacitó a organizaciones de pueblos indígenas en materia de política pública sobre empresas y DDHH, y se conformará la mesa de trabajo con la Cámara de Comercio de Cusco.
El viernes 2 se instalará la Mesa Multiactor Regional de Cusco para la implementación descentralizada del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.
El evento es organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Plataforma de Empresas y Derechos Humanos con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras instituciones internacionales.
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