Hasta ahora siempre se había recomendado a las empresas europeas considerar el principio de Debida Diligencia, pero a partir de ahora esto puede cambiar y ser obligatorio si lo aprueba la Unión Europea. El proceso que ha de seguirse es largo y recién comienza. Daniel Jimenez de la RED EU-LAT nos explica el camino que debe seguir esta propuesta, sus aspectos positivos y los que falta incorporar.
Por Ana Trelles
- ¿Cómo nace la idea de presentar una Ley de Debida Diligencia en la Unión Europea (UE)?
El tema no nace exclusivamente en la UE, nace también de la sociedad civil que venía trabajando para dar una respuesta a la falta de responsabilidad que tenían algunas empresas europeas en su comportamiento en terceros países. Además, se ha trabajado el tema en otros ámbitos importantes, por ejemplo en la ONU, donde ahora, en octubre, habrá una sesión por un tratado vinculante de Debida Diligencia. Todo esto se suma a que Europa tiene una responsabilidad en ese sentido, no solo porque los países han expresado sus compromisos, sino que en los propios tratados fundacionales de la UE aparece esta obligación: que la acción europea en el exterior tenga un respeto por los principios fundamentales, los derechos humanos y la democracia.
- ¿Quién presentó la iniciativa?
Después de los impulsos de la sociedad civil para que exista una “Directiva” (una ley obligatoria) hubo un compromiso de la actual Comisión Europea expresada por el actual Comisario de Justicia Didier Reynders, a la par, sale un informe del Parlamento. Finalmente la Comisión elabora un primer texto, que es el que se ha publicado en febrero de este año. Es dentro de cada una de estas instituciones que se realizan debates para proponer enmiendas, para mejorar el borrador etc.
- ¿Qué ha significado el impulso de la Sociedad Civil?
La relación entre la sociedad civil y el parlamento europeo es una relación muy abierta, hay un registro de transparencia porque se considera que esta relación es fundamental. Hay dos momentos, por un lado la sociedad civil les informa constantemente manteniendo reuniones para contar lo que perciben que es necesario; por otro lado, dentro del procedimiento legislativo ordinario se abren periodos más formales de reuniones y se recogen diversas opiniones para considerarlas en los textos oficiales.
- ¿Hay grupos que se oponen a la iniciativa?
Siempre hay distintas voces que indican cómo debería avanzar el texto. Como esta primera discusión, no ha empezado en el Parlamento Europeo no ha habido grupo en contra. Sin embargo, quiero decir que dentro del Parlamento hay un gran consenso la mayoría de grupos políticos sobre las líneas generales del texto, lo cual debería facilitar los inicios del debate.
- ¿En qué puntos habrá más discusión?
Cuando se llegue a ver elementos más concretos. Por ejemplo, sobre el alcance de la propuesta: actualmente se refiere a un porcentaje muy bajo de las empresas europeas, se discutirá seguramente si debe incorporar medianas empresas o transnacionales, lo mismo en la cuestión climática, hay distintos puntos en los que no hay consenso de partida
- Nos ha dicho que la Comisión Europea presenta un borrador al Consejo y Parlamento, ¿qué viene después?
Se discute en cada instancia, cada órgano tiene sus procesos internos, luego en la etapa final existe lo que se llama el “triálogo” donde se producen las discusiones finales. Esto avanza por lo que llamamos “lecturas”, viene la primera, después la segunda, y cada órgano va comunicando al otro sus conclusiones, luego se le devuelve con observaciones, y así se va consensuando. Si no se llega a un acuerdo el texto vuelve a la Comisión, pero no es lo habitual, después de tanto intercambio lo normal es llegar a un texto final.
- En general, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que se apruebe la Debida Diligencia?
Creo que todo 2022 y 2023 se estará debatiendo con este primer texto sobre el tema. Recordemos que este texto tiene unas características especiales, que quizás lo demoren porque es una “directiva”, esto significa que una vez que se aprueba se emplaza a los estados miembros de la Unión Europea a que adapten esta legislación a sus países, allí se abre un período de dos años más.
- ¿Hay países de la Unión Europea que ya tienen una propia Ley de Debida Diligencia?
Si, Francia la tiene y más recientemente Alemania. Hay otros Estados que han empezado justo ahora como Bélgica o los Países Bajos. El punto es que cuando se apruebe la “Directiva” todos los países de la UE tienen la obligación de adoptarla, los que tienen algo hecho van a tener que amoldar algún aspecto, lo que sea necesario, pero al final los 27 países la van a tener.
- ¿Por qué es importante que esta propuesta de Debida Diligencia sea vinculante, es decir, obligatoria?
Durante mucho tiempo se estuvo trabajando bajo las recomendaciones de los principios rectores de ONU o las directrices de OCDE, y se ha comprobado por distintos informes que las herramientas optativas, no funcionan. Entonces que la UE dé este paso para que la Debida Diligencia sea obligatoria para las empresas es algo positivo, y además que cubra toda la cadena de valor, es decir de proveedores de las empresas, es fundamental.
- Desde su perspectiva ¿Qué puntos son los más importantes?
Hay muchos elementos que son realmente importantes, quizá mencionaría una forma o ética empresarial distinta en los territorios, pero yendo a lo específico mencionaría la necesidad de que se reconozca una obligación en materia de medio ambiente, reconocer que la lucha por el cambio climático es importante. Segundo, el reconocimiento de que es necesario que las empresas europeas en terceros países respeten los derechos humanos y que se dote a las víctimas de mecanismos de justicia y reparación. Tercero, que las empresas están obligadas a reparar los impactos y los posibles daños en materia de medio ambiente y que se pueda reconocer a las comunidades como actores que tienen una voz que aportar a la hora de ser consultados sobre si ese proyecto debe continuar. Cuarto, el hecho de que se pueda incorporar toda la cadena de valor en ambos sentidos.
- ¿Qué falta?
De nuevo hay múltiples elementos a mejorar, pero mencionaría que la “Directiva” incluya un Enfoque de Género para responder a los impactos que generan las empresas, algo que no contiene la propuesta pese a que desde la Sociedad Civil se han redactado cartas instando a la Unión Europea a que lo considere. Segundo, no recoge el Convenio 169 de la OIT, me explico: el borrador que se discute sobre Debida Diligencia tiene un anexo en que se reconoce toda la lista de convenciones internacionales que estarían cubiertas, lamentablemente no está el de la consulta previa, libre e informada. Tercero, en este mismo anexo, tampoco está la Convención Universal sobre personas desaparecidas, ni otras como la de personas defensoras. Todo esto y otros aspectos se pueden incorporar a lo largo de la discusión tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo.
- ¿Qué pasa con la carga de la prueba?
Es necesario que la propuesta de la Comisión cambie, no es posible que una pequeña comunidad en Espinar, por ejemplo, sea la que tenga que probar que no han tenido una serie de impactos frente a una multinacional con millones de dólares de balance. Es necesario permitir que las víctimas puedan tener acceso a la justicia de forma más clara, y esto podría aportar un cambio importante para América Latina.
- ¿Qué podría cambiar en América Latina con una Directiva de Debida Diligencia ya totalmente aprobada e incorporada en los 27 países de la UE?
Es difícil que los impactos y violaciones de derechos humanos vayan a cambiar de un día para otro. Lo que sí puede suceder es que con las nuevas medidas las empresas tengan un comportamiento distinto por temor a ser sancionadas y esto recién comience a generar un cambio. También podría comenzar a cambiar el tema del acceso a la justicia para las comunidades afectadas, pues si todo sale bien, tendrán una voz que las empresas deberán oír. La Debida Diligencia es una herramienta más, no será la solución total porque se necesita de otros actores, como la presencia efectiva de los Estados, etc, pero va a permitir que haya una mejor democracia y mayor respeto a los derechos humanos en América Latina.
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Entrevista proporcionada por la Campaña Espinar no puede esperar.
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