Servindi, 4 de junio, 2022.- Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtió la casi inexistencia de licencias para medios comunitarios, particularmente para medios de pueblos indígenas y afroperuanos.
Luego de su visita oficial a Perú del 16 al 20 de mayo el relator presentó sus observaciones y conclusiones preliminares sobre libertad de expresión en el país donde observa un “escenario político y social polarizado”.
Pedro Vaca afirma que “persisten normas y prácticas que impactan negativamente el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión”.
Señala que es central tomar medidas para salvaguardar la calidad, diversidad y pluralidad del debate público, fomentar el periodismo libre e independiente y garantizar la libertad de expresión en todas sus dimensiones.
Para una democracia estable y participativa, la libertad de expresión adquiere una función primordial, y sin esta es imposible desarrollar los demás elementos del fortalecimiento democrático y la vigencia de los derechos humanos.
Profunda polarización política
La campaña electoral del 2021 agudizó profundas divisiones en el país, expresiones de racismo, y prejuicios hacia las personas por su nacionalidad o condición socioeconómica.
La delegación de la Relatoría Especial pudo percibir un clima de tensión entre el Gobierno, el Congreso y los medios de comunicación, diversas formas de violencia y hostigamiento contra periodistas.
Asimismo, un profundo desconocimiento sobre cómo tramitar controversias a través de las instancias de auto regulación de la prensa en el Perú.
La sumatoria de estos elementos estaría alimentando dinámicas que obstaculizan la creación y difusión de información; el libre y plural debate de ideas; y el escrutinio de la acción pública.
La oficina de la Relatorìa Especial advierte un grave deterioro del debate público, serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación.
De igual modo, intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física.
Todo ello, según fue informado, se habría agravado tras la campaña presidencial del 2021, particularmente por la tensión acumulada entre la primera y la segunda vuelta del proceso electoral.
En un contexto marcado por una profunda polarización política alentada por acusaciones no probadas de fraude electoral se produce el hostigamiento contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas fue objeto de campañas destinadas a estigmatizar, desprestigiar y descalificarle.
También ha sido víctima de intimidaciones y amenazas, lo que motivó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares a él y a su núcleo familiar.
Deterioro del debate público
La Relatoría recuerda la obligación estatal de favorecer y garantizar la libertad de expresión, en todas sus aristas, lo que también significa garantizar las condiciones para un debate público robusto, diverso e incluyente.
A casi un año de gobierno del presidente Pedro Castillo se advierten en el país una serie de patrones relacionados con serias amenazas a la libertad de expresión y a otros derechos conexos.
La Relatoría Especial fue informada que la campaña electoral favoreció un escenario de hostigamiento, amenazas, agresiones y declaraciones estigmatizantes contra la prensa.
A ello se suma un patrón de intimidación judicial que buscaría limitar el trabajo de la prensa y de las y los periodistas.
La Relatoría observa con preocupación el uso excesivo y sistemático de la judicialización criminal y civil sobre discursos de alto interés público, incluyendo sanciones económicas impuestas a periodistas y comunicadores.
Asimismo, los primeros meses del gobierno y de la legislatura se han visto marcados por declaraciones estigmatizantes contra periodistas y medios de comunicación, inclusive por parte de funcionarios del más alto rango del Estado.
En opinión de la Relatoría, tales declaraciones contribuyen a generar un clima de desprecio a la labor de la prensa y de permisividad ante la violencia contra los y las periodistas.
Opacidad informativa
Otro elemento observado se relaciona con la opacidad, la falta de acceso a la información y el incremento de obstáculos para acceder a fuentes públicas por parte de periodistas.
Ello incluye el acceso a espacios físicos, a documentación oficial y a los mismos funcionarios.
Ejemplo de lo anterior es la escasa comparecencia ante los medios por parte del Presidente, así como la prohibición de ingreso al Congreso de la República a periodistas y comunicadores.
En ambas instancias, la Relatoría advierte la carga simbólica que estos impedimentos significan para el periodismo en el país y para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Concentración mediática y pluralidad
Durante la visita, fueron reiterados los planteamientos sobre lo que podría ser una situación de concentración de medios de comunicación, y de sus eventuales impactos en materia de libertad de expresión.
Ese impacta se manifestaría, particularmente, en la falta de difusión de puntos de vista plurales para la ciudadanía, situación a la que la Relatoría Especial da seguimiento por medio de sus diversos mecanismos.
A lo anterior se suman reportes recibidos dando cuenta de presiones sobre líneas editoriales para el cubrimiento del proceso electoral y de sus resultados.
También, alegadas actividades oficiales de perfilamiento y cíber patrullaje en contra de periodistas y de medios que informan sobre asuntos de interés público o que podrían ser percibidos como opositores.
La instrumentalización de la pauta oficial y sus impactos indirectos a la libertad de expresión tanto en la capital como en las regiones; la casi inexistencia de licencias para medios comunitarios, particularmente para medios de pueblos indígenas y afroperuanos.
De igual modo, las restricciones excesivas a la protesta y a las manifestaciones, incluyendo en el marco de los de estados de emergencia impuestos en diversas regiones.
Se suman a lo anterior informaciones sobre diversos proyectos de ley con disposiciones contrarias a los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión.
Acoso, hostigamiento y discriminación
Al Relator le fue reportado el aumento de la difusión de mensajes estigmatizantes por parte de liderazgos públicos y de campañas de acoso hostigamiento.
Esas campañas acudirían a expresiones de discriminación y violencia por origen étnico-racial, situación socioeconómica, identidad política y por origen regional.
Asimismo, de discusiones públicas que incorporan mensajes señalados como discriminatorios, racistas, xenófobos y machistas, incluyendo amenazas de violencia sexual.
También fue informada sobre la situación de particular riesgo y vulnerabilidad de periodistas mujeres, de aquéllos fuera de la capital o en zonas rurales, y de quienes desempeñan su labor en contextos de conflictividad social.
La Relatoría subraya que el cruce de argumentos y la exposición pública de los desacuerdos enriquecen el debate, mientras que la violencia y los discursos que alientan a la discriminación erosionan la institucionalidad democrática.
Desafíos del Perú en Libertad de Expresión
El regreso del Perú a la democracia trajo consigo indudables avances en materia de libertad de expresión, sin embargo, el país enfrenta importantes desafíos para la plena garantía del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones.
Estos desafíos han de ser abordados conforme al derecho internacional de los derechos humanos y en particular, conforme a los estándares interamericanos en la materia.
Ello incluye la obligación de actuar con debida diligencia y de emplear sus máximos esfuerzos hacia la investigación y el esclarecimiento de los hechos, recientes y del pasado.
También, la impartición de justicia; y la reparación integral a las víctimas de violencia frente a la violencia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La Relatoría llama al Estado peruano, a sus instituciones y representantes, a tomar medidas urgentes y decisivas para poner fin a la creciente tensión con los medios de comunicación y con los periodistas, promoviendo un ambiente propicio para el debate de ideas y el ejercicio del periodismo.
Dato
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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