Empresarios y fujimoristas detrás de maniobras contra pueblos aislados

Personajes con vínculos fujimoristas están detrás de las maniobras contra pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI). Descalifican a organizaciones, entidades estatales, medios y especialistas que no les dan la razón. En su última acción, boicotearon mesa técnica con organizaciones indígenas en Loreto.

Servindi, 19 de mayo, 2022.- Empresarios y autoridades con vínculos fujimoristas están detrás de colectivos que niegan la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) para explotar sus territorios intangibles.

La última acción de estos personajes con intereses privados fue boicotear una Mesa Técnica con organizaciones indígenas, en la que se iba a abordar el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los PIACI.

Agrupados en la autodenominada ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto’ (CDL) y autoproclamados como “auténticos representantes” de la región, estos personajes exigen derogar leyes que protegen a pueblos indígenas en extrema vulnerabilidad.

Además, la agrupación descalifica a instituciones del Estado, medios de comunicación, especialistas, organizaciones indígenas y de la sociedad civil que no comparten su posición.

Como señalaron fuentes de Servindi, detrás de estos grupos también estarían personajes vinculados con el negocio de la madera que quieren continuar sus operaciones dentro de concesiones forestales ilegales superpuestas a Reservas Indígenas de la región, situación que ha sido denunciada reiteradas veces.

Reunión boicoteada

El último miércoles 18 de mayo, los integrantes de la ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto’ (CDL) frustraron un encuentro de trabajo entre el Ministerio de Cultura y las organizaciones indígenas.

La reunión se había materializado gracias a las coordinaciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio), con sede en Loreto.

Sin estar invitados al encuentro, miembros del CDL irrumpieron en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto donde se había instalado una mesa técnica de análisis sobre la Ley PIACI (N° 28736).

Sin ser invitados, integrantes de la CDL intervinieron en la reunión del Mincul y la CPAAAAE con organizaciones indígenas. De izquierda a derecha, se aprecia a José Soplín Ríos, Christian Pinasco Montenegro, Augusto Cabanillas (asesor del congresista Jorge Morante) y, en primera fila, Juan Manuel Del Águila Cárdenas.

Lanzando descalificativos contra las organizaciones indígenas que velan por los derechos de los PIACI, los miembros del mencionado colectivo no permitieron que la reunión se desarrollara como estaba prevista.

En el evento también participó la congresista Margot Palomino, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), quien observó directamente el actuar de esta agrupación.

Ante la imposibilidad de que en la reunión se aborde la protección los pueblos en aislamiento, las organizaciones indígenas solicitaron la suspensión de la reunión y denunciaron las maniobras que realizan estos sectores económicos para derogar la Ley PIACI.

Descalificaciones

El episodio ocurrido el miércoles no es la única acción que desarrollan estos grupos con operadores en el gobierno regional de Loreto, en el congreso y grupos empresariales.

En sus comunicados, esta asociación de intereses privados critica a organizaciones y medios de comunicación, así como a reconocidos académicos que no comparten su posición anti-derechos.

Por ejemplo, este grupo cuestiona el trabajo del reconocido antropólogo sanmarquino Alberto Chirif o del activista ambiental e intercultural José Manuyama.

Entre los medios de comunicación que son objeto de sus ataques y descalificaciones se encuentran Radio La Voz de la Selva, Radio Madre de Dios, Inforegión, el portal Mongabay Latam y La Mula.

Pedidos anti-derechos

En un último comunicado, este grupo integrado por empresarios se autoproclama como los “auténticos representantes de la sociedad civil de Loreto” y como “pobladores originarios de la Amazonía”.

En su pronunciamiento del 16 de mayo, ya venían exigiendo que se los incluya en la reunión que se realizó el último miércoles y que terminaron boicoteando. Pero los movimientos en contra de los pueblos indígenas no se quedan ahí.

La CDL reclama que se modifique la composición de la Comisión Multisectorial que está destinada a coordinar las políticas de protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

En ese sentido, piden que se retire a Aidesep de este espacio, a pesar de que esta es la organización nacional que representa a más de 1800 comunidades nativas del país, agrupadas en 109 federaciones y nueve organizaciones regionales.

Asimismo, con un profundo desconocimiento de los estudios que se han realizado sobre los PIACI, mantienen su reiterado pedido de ‘demostraciones científicas’ que prueben la existencia de estos pueblos en situación de vulnerabilidad.

Para ese objetivo, exigen que sus requeridas demostraciones científicas sean validadas por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), donde coincidentemente labora uno de los directivos de la CDL: José Antonio Soplín Ríos.

En febrero de 2022, Soplín Ríos –quien también trabajó en la oficina descentralizada de Perúpetro en Iquitos– fue contratado por tiempo indefinido como consultor de Estudio de Aguas Subterráneas para la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Con un financiamiento que les permite movilizarse por el país, este grupo vendría planeando comprar espacios en medios escritos y televisivos para impulsar actividades económicas que no toman en cuenta los derechos de los pueblos indígenas, ancestrales habitantes del territorio amazónico.

Prueba de esto son los spots publicitarios que ya vienen difundiendo. En estos productos audiovisuales, propalan ideas falsas sobre una supuesta afectación a la soberanía que representan las Reservas Indígenas.

Así, estos grupos buscan imponer modelos de explotación de recursos, sin mayor solvencia técnica e ignorando los derechos y la vida de los pueblos en aislamiento y contacto inicial a quienes califican de “inexistentes”.

Fujimoristas anti-Escazú

Velando por sus intereses privados y apelando a un anacrónico concepto de ‘desarrollo’, la autodenominada ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto – CDL’ tiene anclaje en algunos sectores polìticos y de la administración pública.

Entre los integrantes de la mesa directiva de esta organización no solo se encuentran actores privados, sino también personas que ostentan y han ostentado cargos públicos.

Entre ellos, se puede apreciar a Juan Manuel Del Águila Cárdenas, asesor del gobernador Elisbán Ochoa y actual encargado de la Oficina Regional de diálogo, prevención y gestión de conflictos del GOREL.

Este funcionario regional es hermano del ex congresista fujimorista Juan Carlos del Águila Cárdenas, conocido opositor y difusor de información falsa sobre el acuerdo de Escazú desde que estaba en el parlamento (2016-2019).

En 2020, la designación en Cancillería de este excongresista fue dejada sin efecto tras difundirse información de su pasado político y de su posición contra la protección de la Amazonía, como lo resumió una nota del portal Útero.pe.

Por otro lado, los movimientos e influencias de estos hermanos para obtener trabajos con considerables remuneraciones ya han sido cuestionados con anterioridad en otros reportes periodísticos.

Hermanos Juan Carlos y Juan Manuel del Águila Cárdenas. Es claro el vínculo de sectores fujimoristas con el GOREL. Sus objetivos contra la Amazonía, los PIACI y sus defensores también son evidentes.

Otra afiliada fujimorista que integra esta Coordinadora, es Salvith Ojanama López, quien se presenta en documentos como “representante de las federaciones indígenas” en la CDL.

Sin embargo, como coordinadora de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas del Marañón y Samiria (Fecifomas), Ojanama es una conocida opositora de Aidesep y ha llegado a pedir la militarización del gobierno contra indígenas que protestan contra la actividad petrolera en Loreto.

Alcance ultraconservador

Durante la última campaña presidencial, la CDL impulsó una iniciativa en contra de las propuestas de protección que las organizaciones indígenas y de la sociedad civil exigían en su ‘Pacto por la Amazonía y los Bosques Saludables’.

Como parte de una propia campaña, este colectivo logró que candidatos como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Rafael Santos firmaran su propia propuesta para impulsar actividades extractivas en territorio amazónico.

Los contactos de estos grupos les facilitaron un acercamiento con los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. En las imágenes, acompañan a los candidatos José Soplín Ríos y Christian Pinasco.

Del fujimorismo y otros partidos

Si bien, este grupo tiene entre sus miembros y organizadores a reconocidos militantes y operadores fujimoristas, su alcance va más allá.

Desde 2020, este colectivo pro-empresarial también ha tenido reuniones de coordinación con otros grupos políticos que tienen presencia en el parlamento.

Entre estos figuran los excongresistas Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso), Leonardo Inga Sales (Acción Popular) o el investigado y efímero presidente Manuel Merino de Lama (Acción Popular).

Las acciones de este colectivo se han mantenido en el actual periodo parlamentario. Así se pueden apreciar imágenes donde aparecen en reuniones con la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (Perú Libre) y Rosío Torres Salinas (Alianza para el Progreso).

Como ya se reportó en una nota previa, este grupo ha establecido contacto y acercamiento con congresistas conocidos por sus posiciones e iniciativas ultraconservadoras y anti-derechos.

De esta forma, han llevado sus pedidos por eliminar la protección a pueblos en aislamiento en reuniones con parlamentarios como Jorge Montoya (Renovación Popular), Rosángela Barbarán, Hernando Guerra García y Jorge Morante (Fuerza Popular).

Directivos de CDL tras reunión con congresistas Montoya, Guerra, Morante y Barbarán, donde pidieron intervención contra territorios PIACI e impulso de inversión privada en sus áreas.

Privados y colegios profesionales

Representada por Christian Pinasco Montenegro, la CDL se presenta como una multiplataforma que “agrupa a líderes de Loreto” que buscan salvaguardar intereses “para el desarrollo regional”.

Alegando un “conservacionismo puro, extremo y estático”, este grupo busca obtener medidas en contra de los mecanismos de protección territorial de los pueblos en aislamiento, a los que se refieren como una “enmarañada estructura”.

A la lista se suman representantes de colegios profesionales de la región (economistas, profesores) e, incluso, de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) de Loreto.

Muchos de estos personajes cuentan con un largo historial político para ocupar puestos de representación regional o congresal.

Amenaza real

Como se recuerda, junto a autoridades de Loreto, el gobernador Elisbán Ochoa Sosa y representantes de colegios profesionales, este colectivo suscribió un manifiesto anti-derechos donde exigía eliminar la protección a los PIACI.

Este pedido anti-derechos fue condenado por el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil, así como por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus organizaciones regionales.

“Que estas personas decidan promover abiertamente y de manera consciente medidas que implicarán el extermino de colectivos humanos demuestra irresponsabilidad incalificable y flagrante violación de derechos que apunta al genocidio”, indicó Aidesep.

Elisbán Ochoa Sosa (Gobernador de Loreto) y Christian Pinasco de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL) fueron los rostros más visibles de este pedido. Fotos: Facebook/Elisbán Ochoa/Christián Pinasco

Necesaria protección

Cabe recordar que, en medio del desinterés general, los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) están expuestos a contactos fortuitos y al saqueo de sus territorios, así como a enfermedades externas que se agravan frente a su vulnerabilidad inmunológica.

De acuerdo al principio de ‘no contacto’, las medidas que garantizan la intangibilidad de los territorios de estos pueblos buscan prevenir contactos forzados, transmisión de enfermedades mortales y los impactos en sus territorios y bosques.

Teniendo en cuenta que las amenazas que se ciernen sobre sus territorios afectan directamente a los medios de vida de los pueblos en aislamiento, la intangibilidad de sus áreas es una necesidad imperativa para garantizar sus vidas.

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