El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó en su más reciente informe que 25 ambientalistas fueron asesinados durante el 2021, lo que convierte a México por tercer año consecutivo en el más violento para defensores de la tierra y el medio ambiente. El Gobierno federal, estatal y empresas privadas son señalados entre los mayores perpetradores de agresiones y amenazas.
Por Axomalli Villanueva
Resumen Latinoamericano, 2 de abril, 2022. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó este lunes el más reciente Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras del medio ambiente del 2021donde detalló que por tercer año consecutivo México ha superado récords en cuanto a violencia contra ambientalistas y defensores del territorio.
En su informe publica que del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre se reportaron al menos 25 asesinatos, 7 más que en 2020, mientras que ocurrieron 238 agresiones que van desde intimidación y amenazas, hasta el homicidio, incrementando respecto al 2020 en un 165%.
Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras del medioambiente asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales, seguido por Morelos, Sonora y Guerrero.
46.3% de las agresiones fueron dirigidas hacia miembros de comunidades indígenas, seguido de un 27.8% dirigido hacia integrantes de organizaciones de la sociedad civil y, en tercer lugar, un 17.6% orientado hacia personas defensoras independientes
Los eventos de agresión cometidos en contra de mujeres defensoras ambientales ascendieron a 5, correspondiente al 4.63%; mientras que aquellos realizados contra hombres defensores alcanzaron una cifra de 55, correspondiente al 50.9%. Cabe mencionar que en 2021 se registró la comisión de una probable desaparición forzada en contra de una mujer defensora.
El Gobierno y las empresas privadas entre los principales agresores
El CEMDA indicó que de los 42 eventos de agresión registrados durante el 2021, no fue posible identificar al agente perpetrador de ésta, sin embargo, de los 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas, en 10 eventos a gobiernos estatales, en 9 a la delincuencia organizada, en 6 a empresas privadas y en 5 a gobiernos municipales.
Por su parte, los Gobiernos federal, estatal y municipal, en conjunto con otros agentes, constituyen el primer agente agresor con mayor incidencia al participar en 45 de los 108 eventos de agresiones documentados durante 2021 (41.7% del total).
Esto lo convierte, por segundo año consecutivo, en el agente agresor con mayor concurrencia en la perpetración de las agresiones contra las personas y comunidades defensoras ambientales.
Desde el 2014 el CEMDA ha analizado la situación de las y los defensores de la tierra y la naturaleza, según su trabajo, explican, ha sido posible identificar algunos factores que influyen en la grave situación de violencia contra personas y comunidades defensoras, mientras que en primer lugar se pueden explicar por un deficiente acceso a defensoría legal, conforme a sus necesidades de lenguaje y al poco acceso a sus derechos a la información, participación ni autonomía.
A su vez la organización alerta que con medidas como el Acuerdo presidencial de 22 de noviembre de 2021 por el cual se considera a proyectos y obras del Gobierno de México como de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional, vulnera el cumplimiento de derechos humanos y principios jurídicos «reconocidos en la Constitución Política y los tratados internacionales, ambientales y de derechos humanos».
En segundo lugar destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Además, en algunos casos contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. En tercer lugar persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor.
Un escenario cada vez más adverso
Mientras que la presidencia de México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, insiste en impulsar megaproyectos extractivistas como el Tren Maya y el Corredor transístmico, por otro lado ha adoptado un discurso criminalizador con sus recientes declaraciones, tachando de «pseudo ecologistas» a personas defensoras del territorio y la naturaleza, pese a que México es el segundo país más letal para ambientalistas.
A pesar de que México está presente en las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue empeorando desde los últimos doce años.
Las personas defensoras de la naturaleza son una muy importante línea de defensa contra la crisis climática, esto pues a pesar de décadas de violencia, continúan con su labor contra la voracidad de grandes capitales, urge que la clase trabajadora, junto con los pueblos originarios, campesinos y defensores, los primeros interesados en vivir bajo mejores condiciones y en preservar los recursos del planeta para generaciones futuras son los mismos, hagan suya la lucha contra el sistema capitalista, en miras a que la producción en todos los rubros sea planificada al servicio de las grandes mayorías y no para el enriquecimiento de un puñado de empresarios.
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