Víctimas de esterilizaciones denuncian al Estado ante el CEDAW

Frente al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la ONU, demandaron reparaciones integrales, atención de salud y seguridad.

Servindi, 16 de febrero, 2022.- Víctimas de esterilizaciones forzadas del régimen de Alberto Fujimori denunciaron al Estado peruano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la ONU.

Lo acusaron de no abordar su problemática desde hace 25 años, cuando se efectuaron estas esterilizaciones, y reclamaron que los distintos gobiernos que pasan les han dado la espalda.

Por ello, demandaron al Estado reparaciones integrales, atención de salud, seguridad, revisión del papel de Procuradores y la presencia en Perú de la relatora de Derechos Humanos de la ONU.

El pedido de las víctimas fue realizado por la representante de la Asociación Nacional de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), María Esther Mogollón.

Mogollón participó de la 81 A. Sesión del Cedaw en la ONU el 15 de febrero, donde hizo un repaso de la lucha por verdad, justicia y reparación que han llevado en estos 25 años.

Recordó que en 2015 mediante el DS 006-2015-JUS lograron que se declare como caso de interés nacional las esterilizaciones forzadas y se cree un registro de víctimas con cerca de 8 mil testimonios.

No obstante, alertó que después de 18 años, el caso 059-2019, integrado por 1,300 casos, recién se encuentra en investigación judicial, bajo acusación a Fujimori y otros funcionarios, y avanza lento.

También mencionó que hay otro expediente a la espera con más de 1300 casos, pero que el contexto actual ha puesto en peligro la seguridad de las víctimas que denuncian.

Además de que la permanente crisis política y racismo pone en riesgo su seguridad, cuatro víctimas ya han sido maltratadas por simpatizantes fujimoristas en setiembre de 2021, indicó.

La representante de AMPAEF, que integra a más de 3 mil víctimas, también cuestionó el comportamiento de la Procuraduría del Estado que niega las esterilizaciones forzadas como violatoria de los derechos humanos.

Y que, por el contrario, culpa a las víctimas por no denunciar antes, coincidiendo en ese argumento con los propios perpetradores.

Las esterilizaciones forzadas fueron efectuadas mediante la política de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de Fujimori y se estima que afectó a más de 300 mil mujeres pobres e indígenas.

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