Caso Saweto: Piden 35 años de cárcel para asesinos de defensores

El proceso judicial contra los presuntos autores del asesinato de cuatro defensores ambientales indígenas en Saweto se encuentra en trámite.  

Servindi, 23 de junio, 2021.- Tras más de seis años del asesinato de los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima en Saweto, la Fiscalía pidió una pena de 35 años de cárcel para los acusados.

El Tercer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, a cargo de la doctora Silvana Salazar Paz, dictó el inicio del proceso judicial este 22 de junio.

Ahora, el enjuiciamiento a los madereros ilegales Hugo Soria, José Carlos Estrada, Josimar Atachi y Segundo Atachi Félix por el delito contra la vida pasará a manos de un tribunal de primera instancia.

El día del atentado

El 1 de setiembre de 2014 las cuatro víctimas se trasladaban a una asamblea en la comunidad brasileña Apiwtxa, en Acre, para organizar la defensa de sus territorios, constantemente amenazados por la tala ilegal.

“Una bala de escopeta calibre 16 —especial para cazar animales del monte— le atravesó el pecho. Otra bala perforó su cabeza”, narra el cronista Joseph Zárate describiendo el asesinato de Chota

Cinco días después del atentado, se encontraron los cuerpos en una quebrada, señala Zárate en El hombre que eligió el bosque y lo asesinaron, donde detalla el hecho con el defensor ambiental de protagonista.

“Las viudas y los hijos de los dirigentes asháninkas asesinados tuvieron que viajar tres días en bote hasta Pucallpa, sin detenerse, para hacer la denuncia”, además se indica que Saweto carece de policía.

Amenazas de muerte por parte de Hugo Soria hacia Chota fueron denunciadas un año antes del crimen, desde que el dirigente impidió el avance de un cargamento de casi mil troncos de madera ilegal.

Años de impunidad

Los mismos traficantes de madera –presuntos autores del asesinato– fueron denunciados por Edwin Chota en febrero de 2008, reveló una investigación del portal de periodismo Ojo Público en 2020, realizada con Proética.

Se indica que las garantías personales solicitadas y las denuncias presentadas con evidencias no sirvieron para que las autoridades protejan a las víctimas. Recién en 2020, la investigación estaba en su etapa preparatoria.

El reportaje indica que ni el Instituto de Recursos Naturales ni el Ministerio Público visitaron las zonas denunciadas en 2008. En 2010 el caso fue archivado por la entonces fiscal provincial de Ucayali, Fanny Álvarez.

Foto: Los dirigentes de Saweto acusaron el 2008 a los hermanos Atachi Felix y Eurico Mapes Gómez, como taladores en la frontera. (Captura: Expediente de la investigación penal) / Ojo Público

En los años siguientes Edwin Chota continuó denunciando el tráfico ilegal de madera. Llegó a identificar 67 puntos de extracción en Saweto y solicitó una inspección a la zona en 2014, a lo que solo respondió la Defensoría del Pueblo.

A partir de ello, se organizó una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros, donde el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) se comprometió a investigar la zona a fines de agosto.

Es decir, las autoridades recién se acercaron a la zona en peligro seis años después de la primera denuncia y pocos días previos al atentado contra los indígenas en la frontera con Brasil.

Algunos pedidos de justicia sin respuesta

Cuando las esposas de los fallecidos se enteraron de la situación, emprendieron un viaje de tres días hacia Pucallpa, con siete niños pequeños y una embarazada, para demandar justicia y reparación a las autoridades.

También pidieron presencia policial permanente, ante la inseguridad del territorio, además de la titulación de Saweto y una adecuada implementación de la integración transfronteriza para combatir el narcotráfico en la zona.

Para ello, la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) les brindó asesoría legal. Así lo señala el informe sobre el acontecimiento de la Coodinadora Nacional de Derechos Humanos, publicado el 14 de setiembre.

Imagen: Representación de la masacre en Saweto - Enrique Casanto Shingari, pintor asháninka / Ojo Público

El Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad respondieron asumiendo el alojamiento y la alimentación de las mujeres y niños, además de inscribirlos en el Sistema Integral de Salud y lograr pensiones económicas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Sin embargo, pese a que el caso fue difundido en la prensa nacional e internacional y mencionado en el discurso presidencial, hasta la fecha del informe no se garantizaba la seguridad de la comunidad ni la sanción de los asesinos.

Días próximos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) pidieron al gobierno que se castigue a los responsables del crimen.

Además, en el pronunciamiento también exigieron protección para las familias de la comunidad Alto Tamaya-Saweto y el reconocimiento de la titulación del territorio en Saweto.

En 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigió al Estado peruano sancionar a los culpables de los asesinatos y se “tome acciones para prevenir muertes y actos de violencia”.

Ante la falta de respuesta, en 2017 la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) exigió actuar a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Distrito Fiscal de Ucayali.

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