Todo indica que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Lo que no está claro es la dirección que tomará su gobierno. Algunos rememoran la frustración que provocó Ollanta Humala. Otros, en cambio, ven con esperanza la alianza de Castillo con la izquierda urbana y la posibilidad de llevar adelante un programa reformista.
Por María Sosa Mendoza*
Nueva Sociedad, 16 de junio, 2021.- Todo indica que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Con 99,935% de actas escrutadas, el candidato de Perú Libre cuenta con 50,14% de los votos, mientras que la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtiene 49,86%. Una diferencia de 49.420 votos. Una semana después de los comicios, aún no se ha declarado oficialmente al ganador, ya que, mediante una serie de recursos interpuestos ante la justicia electoral, el partido fujimorista pretende anular aproximadamente 200.000 votos.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dicho que la tercera semana de junio podría tenerse el resultado definitivo. Mientras tanto, seguidores de ambas fuerzas políticas se movilizan en las calles, difunden a viva voz denuncias de fraude y hasta han trascendido llamados de intervención a las Fuerzas Armadas.
Perú se encuentra en una de las contiendas más polarizadas y virulentas de las últimas décadas. Hace un par de meses, el panorama era completamente diferente. Ambos candidatos fueron elegidos para disputar la segunda vuelta presidencial en medio de una gran desafección política. El 11 de abril pasado, Castillo obtuvo 15,3% de los votos, seguido por los votos en blanco, que sumaron 12,3% y en tercer lugar se colocó Fujimori, con 10,9% de votos emitidos. 29,9% del electorado no acudió a las urnas.
¿Qué pasó en Perú durante las últimas semanas?
El pase a la segunda vuelta
Tan solo una semana después de la primera vuelta, se publicó el primer estudio de opinión pública sobre el escenario del balotaje. Castillo tenía 42% de la intención de voto y Fujimori, 31%. Sin embargo, el dato más contundente se encontraba en el antivoto: mientras 33% de la población aseguraba que definitivamente no votaría por Castillo, 55% afirmaba que nunca lo haría por Fujimori.
La situación parecía adversa para la candidata de Fuerza Popular. No solo cargaba con los pasivos del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, que le habían hecho perder ya la posibilidad de convertirse en jefa de Estado en dos ocasiones, sino con los que ella misma cosechó durante el último quinquenio. En esos años, su partido contó con la mayoría absoluta en un Congreso que fue considerado como obstruccionista por gran parte de la población. Además, la justicia inició contra Keiko Fujimori una investigación fiscal por el delito de lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato, que la llevó a prisión.
Castillo, en cambio, se presentaba como una opción desconocida para los votantes urbanos. Su pase a segunda vuelta –logrado a partir de un importante apoyo de los departamentos con mayores índices de pobreza, como Apurímac, Cajamarca, Huancavelica y Ayacucho– había sido la sorpresa de las elecciones de abril, ya que se posicionó como primero en las encuestas a pocos días de los comicios, cuando estas ya no podían ser difundidas. Varios analistas predecían, no obstante, que la radicalidad de su proyecto político le jugaría en contra.
El último candidato «antisistema» elegido como presidente de la República había sido Ollanta Humala en 2011. En la contienda electoral de la que salió victorioso también tuvo como adversaria a Keiko Fujimori, quien para entonces solo cargaba con la pesada mochila de los diez años del régimen de su padre. A sabiendas de que su promesa central era terminar con la continuidad del modelo de libre mercado ortodoxo instalado desde 1990, los medios de comunicación y los más influyentes sectores empresariales emprendieron una dura campaña en contra de su candidatura. Una de las principales acciones de Humala para convencer al gran sector de los indecisos fue la presentación de una nueva propuesta de gobierno denominada «Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional», conocida en los medios como la «Hoja de Ruta». El documento le valió el apoyo de partidos políticos de diferentes tendencias y el de personalidades claves para su triunfo, como el escritor Mario Vargas Llosa. Si bien desde las filas de Gana Perú, el partido que lo llevó a la Presidencia, se sostuvo que la Hoja de Ruta no era más que la reformulación de su proyecto inicial, la «Gran Transformación», en una nueva situación política, gran parte de sus seguidores lo consideraron el inicio de su viraje hacia la derecha. Humala es recordado por la izquierda peruana, que apoyó su candidatura, como un traidor.
Quizá con eso en mente, el mismo día en que se conoció que sería uno de los candidatos que disputaría la segunda vuelta, Castillo desde Cajamarca y su candidata a la Vicepresidencia, Dina Boluarte, desde Lima, dieron un mensaje claro: no suscribirían ninguna «hoja de ruta».
Por su parte, Fujimori salió a denunciar el supuesto extremismo de Castillo. «Propongo que el Perú sea un país del Primer Mundo, no Corea del Norte. Propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a toda la humanidad», dijo en una de las primeras declaraciones después del 11 de abril. Bajo esa premisa, la candidata de Fuerza Popular desplegó una exitosa campaña que logró polarizar a la sociedad peruana. Consciente de la mala imagen que proyectaba, decidió sustraerse de la estrategia electoral y planteó la elección como una disyuntiva entre democracia y comunismo. El apoyo de los medios de comunicación –algunos de manera más explícita que otros–, del sector empresarial y del grueso de la clase política fue clave para que la propuesta calara en las clases medias.
En esta campaña electoral, la palabra «comunismo» fue sinónimo de expropiación, de miseria, de terrorismo, de recorte de libertades, de Cuba y Venezuela. En esa línea, ser comunista equivalía a ser un resentido social, pero también a ser «andino e ignorante». Aparecieron en las calles de Lima grandes carteles, cuyos financistas nunca se conocieron, con frases como «Ganar más por mi esfuerzo es ser libre» o «Protege tu trabajo y libertad. No al comunismo».
La bandera de Perú y la camiseta de la selección peruana fueron parte central de la estrategia de Fujimori. La candidata sustituyó las camisetas naranjas por las rojiblancas y logró que un grupo de jugadores de la selección peruana de fútbol llamaran a votar por la democracia y a rechazar el comunismo. La apropiación de símbolos peruanos y la consigna «salvar al Perú del comunismo» activaron una mística en el electorado de Fujimori. En el país se despertó una conciencia de clase en los sectores altos y medios que se movilizaron por la continuidad neoliberal.
Entre los actos más cuestionables durante la segunda vuelta están las denuncias públicas sobre empresarios que intentaron inducir el voto de sus trabajadores, por medio de bonos o amenazas de despido. A eso se sumó la censura por parte de una cadena de librerías de El último dictador, el libro de José Alejandro Godoy sobre los diez años de gobierno de Alberto Fujimori, y la campaña emprendida por Latina Televisión en la que se alentó a los adultos mayores a acudir a las urnas para votar por «la democracia».
Una semana antes de la elección, el antivoto de Keiko Fujimori era de 45% y el de Pedro Castillo, de 41%.
Castillo y el comunismo
Sobre la base del ideario de Perú Libre, la prensa y varios líderes de opinión han calificado a Castillo como un socialista de tradición «marxista-leninista-mariateguista». El aspirante a la Presidencia, sin embargo, es más bien un pragmático. Castillo es otro hijo del débil sistema de partidos peruano. Es un «agente libre», utilizando un término de los politólogos Steven Levitsky y Mauricio Zavaleta. Se inscribió en Perú Libre el 21 de septiembre de 2020, a solo nueve días de que venciera el plazo para que los postulantes se registraran en un partido político.
El vínculo partidario más fuerte de Castillo ha sido con Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, ubicado en el centro del espectro político. Su militancia de 12 años culminó en 2017, cuando encabezó una de las más grandes huelgas magisteriales de los últimos años, promovida por una facción disidente del sindicato oficial de maestros que fue acusada de tener vínculos con Sendero Luminoso. Aquello ha sido un estigma a lo largo de toda su campaña.
El discurso del «profesor Castillo» cautiva a los segmentos C y D del país, como se puede corroborar en el voto por departamentos, porque él conoce de primera mano sus carencias. Su formación política ha sido más práctica que dogmática; es campesino, «rondero», profesor y sindicalista. Su padre fue un peón rural que en su juventud estaba obligado a cargar sobre sus hombros al hacendado de San Luis de Puña, Juan Herrera, para que sus botas no se ensuciaran con barro. La reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado le otorgó el título de propiedad de la tierra que trabajaba.
De ganar las elecciones, Castillo sería el único presidente que pasa directamente del campo al Palacio de Gobierno. Si bien en la historia peruana ha habido mandatarios y candidatos de origen humilde –como el ex-presidente Toledo y el ex-candidato y líder de Alianza por el Progreso César Acuña–, todos han tenido una historia de éxito que los ha alejado de aquella vida de precariedad. Precisamente, la identificación de la población rural es lo que ha definido su voto hacia el profesor rural.
El pragmatismo de Castillo no es necesariamente una característica positiva. No ha tenido reparos en dialogar con los personajes de derecha que se acercaron a él desde que se conoció su pase a segunda vuelta, tales como el ex-candidato y economista Hernando de Soto, promotor de un «capitalismo popular», y Miguel del Castillo, hijo del ex-primer ministro y dirigente aprista Jorge del Castillo. Aquellos vínculos han terminado por el rechazo del equipo de Perú Libre. Pero la relación entre Castillo y el partido es cada vez más incierta, debido a las constantes presiones que recibe para alejar de su campaña y de su futuro gobierno a Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre.
La condena por corrupción de Cerrón, por hechos relacionados con su gestión en el gobierno regional de Junín, ha sido uno de los principales señalamientos a la candidatura de Castillo en esta contienda. La lideresa de Fuerza Popular no fue la única en sugerir que, en un eventual mandato de su contendor, sería el secretario general de Perú Libre quien gobernaría en las sombras. Esta preocupación ha sido compartida por diversos analistas políticos y otras personalidades que han recomendado, por el bien de la candidatura, deslindarse de él. Cerrón es un personaje impopular. Durante esta campaña, varias de sus antiguas declaraciones han sido sacadas de contexto y usadas en su contra. Castillo, a diferencia de lo sucedido durante la campaña por la primera vuelta, ya no defiende a Cerrón y ha asegurado en reiteradas oportunidades que el líder de Perú Libre no participará en su gobierno. Varios de los miembros de su equipo técnico, inclusive, han hecho declaraciones negativas sobre él.
Ante esa situación, el virtual congresista y hermano del líder partidario, Waldemar Cerrón, dijo a los militantes de Perú Libre en una reunión partidaria que «el equipo técnico es de nuestro partido, no es de Pedro Castillo. Hay que entender que es del partido, dirigido por nuestro candidato Pedro Castillo y nuestro secretario general, Vladimir Cerrón. No hay que pretender, compatriotas, separar esta trípode». Aquellas palabras fueron difundidas por la prensa como una amenaza.
El antifujimorismo
En el Perú se dice que el antifujimorismo es el partido político más importante. Se trata de un movimiento heterogéneo e ideológicamente transversal, que ha jugado un rol determinante en el resultado de las elecciones de 2006 y 2011. En 2021, el movimiento antifujimorista se ha reconfigurado y llega con dos características, una que lo fortalece y otra que lo debilita. Por lo general, este movimiento había basado sus argumentos en las críticas al gobierno de Alberto Fujimori, padre de Keiko, durante el cual se perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos. En estas elecciones, al cuestionamiento histórico que se le hace al fujimorismo se le suma el aporte de la misma Keiko a la historia de esa cultura política.
Sin embargo, el antifujimorismo reforzado se ha visto tensionado en esta segunda vuelta por un candidato que cuestiona el modelo económico. Como ya lo mencionamos, el movimiento antifujimorista es diverso y muchas de las caras más visibles son políticos y líderes de opinión que rechazan los delitos durante la década de Fujimori, pero comparten las mismas ideas en materia económica: libre mercado, menor participación del Estado en actividades regulatorias e incentivos tributarios para las actividades primario-exportadoras. Esta vez, gran parte de ellos decidió apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Los casos más resonantes fueron los de Mario Vargas Llosa y el ex-primer ministro Pedro Cateriano. Ambos habían respaldado la candidatura de Humala en 2011, a pesar de su discurso «populista», aunque ya algo aplacado. Esta vez, con Castillo, no vieron ninguna posibilidad de entendimiento.
«Tengo el convencimiento absoluto de que si Castillo, con semejantes ideas, llega a tomar el poder en la segunda vuelta electoral, dentro de un par de meses, no volverá a haber elecciones limpias en el Perú, donde, en el futuro, aquellas serán una parodia, como las que organiza de tanto en tanto Nicolás Maduro en Venezuela para justificar su régimen impopular», argumentó Vargas Llosa una semana después de las elecciones, en un texto titulado «Asomándose al abismo».
El antifujimorismo se ha desacoplado de su entorno más liberal y, probablemente, este sea un viaje sin retorno. Será muy difícil que luego de esta reconciliación con la candidata de Fuerza Popular, por ejemplo, Vargas Llosa retome el perfil antifujimorista que lo caracterizó durante los últimos 30 años.
El cuarto poder
En estas elecciones se evidenció la parcialidad de los medios de comunicación en torno de la candidatura de Keiko Fujimori. Un estudio de opinión de mediados de mayo indicó que 59% de los peruanos era consciente de la preferencia de los medios por una de las opciones electorales y 79% de ese grupo consideraba que se trataba de Fujimori. En la misma línea, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, un colegiado encargado de vigilar el comportamiento ético entre los actores políticos durante las campañas electorales, exhortó a los medios de comunicación a garantizar una participación equitativa de los candidatos presidenciales.
Uno de los escándalos más graves, que confirmó la parcialidad de uno de los programas periodísticos más importantes del país, explotó dos días después de las elecciones. Ese día se hizo pública la carta que 11 periodistas del dominical «Cuarto Poder» hicieron llegar a los miembros del directorio de su canal. En este relataban cómo el director periodístico de América Televisión había ordenado tomar partido en contra de Castillo porque «le parecía un peligro para la democracia y la libertad», y exponían hechos concretos que respaldaban la denuncia. Poco después, dos de los firmantes fueron despedidos y los otros nueve periodistas renunciaron.
El papel de los medios en esta contienda no ha consistido solo en el marcado sesgo en favor de la candidata de Fuerza Popular. También han abundado las noticias falsas. El caso más emblemático fue el de las portadas que los periódicos El Comercio y La República presentaron el 28 de mayo en relación con las administradoras de los fondos de pensiones (AFP). Mientras El Comercio tituló «Castillo plantea una confiscación de los ahorros de afiliados a las AFP», La República señaló: «Perú Libre plantea reforma de AFP sin tocar los fondos de los afiliados». Lo cierto era que, durante su campaña de primera vuelta, el candidato izquierdista había anunciado el fin del sistema de AFP y la puesta en marcha de un nuevo sistema de pensiones. En segunda vuelta, miembros de su equipo técnico habían garantizado que cualquier reforma se haría respetando las cuentas individuales de todos los aportantes. El titular de El Comercio estaba basado en los comentarios de dos especialistas opuestos a la reforma. Y otras informaciones falsas fueron publicadas sin ningún cuestionamiento.
En sus mítines y actos de campaña, Castillo dijo a sus simpatizantes que la prensa se encontraba desarrollando una campaña en su contra. El 19 de mayo, durante un evento, adelantó que daría a conocer «cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. Vamos a hacer de conocimiento, es necesario que el pueblo se informe de tantas cosas, de dónde viene tanto de eso». Nunca brindó más información al respecto pero sus palabras enfurecieron a sus seguidores, quienes atacaron a los reporteros que cubrían las actividades del candidato.
Los desafíos de Castillo
Después de concluida la segunda vuelta, cuando parecía que solo quedaba esperar el conteo de votos, Keiko Fujimori, quien llevaba una ligera desventaja, decidió recurrir a la justicia electoral. Denunció que Perú Libre había cometido «fraude en mesa» y anunció la presentación de más de 800 pedidos de nulidad de mesas electorales, con el fin de que 200.000 votos sean restados del conteo oficial por supuestas irregularidades. En su estrategia, el fujimorismo ha mirado hacia los departamentos en los que Castillo ganó por amplia mayoría, centralmente los más pobres del país. En varias regiones del sur, como Cuzco, Ayacucho o Puno, el candidato de Perú Libre obtuvo más de 80% de los votos.
La alerta de fraude por parte del fujimorismo, junto con la viralización de noticias falsas, ha azuzado a gran parte de los seguidores de Fuerza Popular, quienes han ocupado las calles al grito de «respeta mi voto». Por su parte, los seguidores de Perú Libre, al ver que varios de los votos que ponen a un paso de la Presidencia a Castillo podrían ser anulados, también han salido a protestar bajo la misma consigna. Durante las manifestaciones, fueron reportados varios episodios de violencia.
Gran parte de los especialistas en derecho electoral consideran que los recursos impuestos por Fuerza Popular serán desestimados. Señalan problemas de forma y de fondo: gran parte de ellos fueron presentados después del plazo estipulado por ley y no contienen pruebas contundentes de fraude, requisito indispensable para que un pedido de esa envergadura sea atendido. Efectivamente, solo 145 pedidos de nulidad han sido presentados a tiempo por parte de Fuerza Popular y, de ellos, aproximadamente 50% ha sido rechazado. Ya han adelantado que apelarán, pero aun si todas las apelaciones fueran aceptadas en segunda instancia, los votos en juego son insuficientes para revertir los resultados.
En los últimos días, Fujimori ha modificado su discurso. De hacer responsable únicamente a Perú Libre de un fraude electoral, ha pasado a deslegitimar el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones y a acusar al presidente Francisco Sagasti de interferir en las elecciones.
En esta fase del proceso, la derecha, que apoyó unánimemente a Fujimori, se ha dividido en dos vertientes: una populista conservadora y una tecnocrática liberal. El primer grupo ha radicalizado sus posturas. A su discurso contra el comunismo se ha sumado simbología violenta contra lo andino, el acoso al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al fiscal que investigó a Keiko Fujimori por el caso Odebrecht y la organización de campañas violentas contra sus supuestos enemigos. El otro sector, mucho más reducido, se ha desmarcado de la postura adoptada por la lideresa de Fuerza Popular. Pero hay mucho en juego para Fujimori: de no llegar a la Presidencia de la República, continuará el proceso en su contra por delitos de lavado de activos –por el que la Fiscalía ha pedido 30 años y 10 meses de prisión–.
Por su parte, si ocupa finalmente el sillón presidencial el próximo 28 de julio, Castillo tendrá que enfrentarse a un escenario doblemente complicado: por un lado, tendrá a gran parte de la población convencida de que ha llegado al poder sin respetar la voluntad popular y, por el otro, se enfrentará a un Congreso hostil que podría detener las iniciativas de su gobierno. Solo los 46 votos que suman Fuerza Popular y sus aliados podrían frenar la convocatoria a una Asamblea Constituyente, principal promesa de Perú Libre.
Una eventual vacancia presidencial en su contra no es poco probable. Castillo solo cuenta con 42 votos duros en el Poder Legislativo, las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú. Es imprescindible que busque a otros aliados y, sobre todo, que mantenga una buena relación con el partido por el que postuló. El principal problema de las propuestas de gobierno de Castillo no ha sido, como algunos analistas han señalado, su radicalidad. De hecho, durante los últimos dos meses ha moderado su discurso en términos de institucionalidad. Su debilidad ha sido la falta de respaldo técnico de su ambicioso proyecto político, que supone acabar con el modelo económico vigente hace tres décadas.
En ese sentido, para Castillo es fundamental mantener la alianza con Juntos por el Perú, la coalición de izquierda urbana que postuló a Verónika Mendoza. Con el equipo de Juntos por el Perú no solo garantiza solvencia técnica, sino también el mantenimiento de un bloque de izquierda. Como ha señalado el analista Farid Kahhat, los cinco años de Castillo en el poder, para bien o para mal, no quedarán en el olvido. Si su gobierno termina siendo una experiencia exitosa, puede cambiar el rumbo de la historia peruana contemporánea.
Hasta el momento, se pueden resaltar grandes logros por parte de Castillo. En primer lugar, ha conseguido unir a toda la izquierda peruana. Hubo un intento similar a finales de 2019 que no se llegó a concretar y que terminó con varias renuncias dentro del bloque de Verónika Mendoza. Pero su victoria más trascendente es, precisamente, haber ganado las elecciones a pesar de enfrentar una de las contracampañas más imponentes de los últimos tiempos.
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* María Sosa Mendoza es licenciada en Periodismo por la Universidad de Lima. Escribe para el Instituto de Defensa Legal de Perú y en el periódico La Plaza. Ha formado parte de la redacción de Perú21.
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