Pedido de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales se suma al de la Defensoría del Pueblo y la organización indígena ORAU que también rechazan el proyecto.
Servindi, 3 de junio, 2021.- La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) solicitó al presidente Francisco Sagasti observar el proyecto de ley 6486 que promueve la construcción de una carretera en la Amazonía.
El pedido formal se suma a los emitidos por la Defensoría del Pueblo y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) que también advirtieron sobre los impactos del proyecto aprobado por el Congreso.
La iniciativa, que el Ejecutivo deberá revisar, impulsa la construcción de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul, entre Perú y Brasil, vía que atravesaría áreas naturales y comunidades indígenas, generando riesgos socioambientales.
Serios cuestionamientos
La iniciativa cuestionada por DAR es el Proyecto de Ley N° 6486/2020-CR, que impulsaría la integración multimodal entre Perú y Brasil, y con ella la construcción de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul.
DAR recuerda que esta carretera, de 250 kilómetros, atravesaría por el lado brasileño, el Parque Nacional Serra do Divisor, una de las áreas más biodiversas del mundo, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad.
Mientras que, en Perú, generaría riesgos socioambientales a la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya – Abujao y a la Reserva Indígena Isconahua para pueblos en aislamiento y contacto inicial.
El Parque Nacional Serra do Divisor sería uno de los afectados por la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul. Foto: INTERNET/Medios
Además, explican que el sustento económico con el que se promueve este proyecto es insostenible ya que el lado brasileño con el que se busca conectar no se caracteriza por su exportación.
“El Estado brasileño de Acre [que integra a la ciudad de Cruzeiro Do Sul] representa solo el 0.7% del PBI de dicho país, y es una de las regiones que menos exporta”, sostiene DAR.
Consideran también que este proyecto debe ser observado porque no se ha aplicado el proceso de consulta previa respectivo, pese a que, del lado peruano, al menos 10 comunidades indígenas serían impactadas.
Y porque la carretera “representa un serio riesgo de potenciamiento del narcotráfico”, pues podría facilitar el movimiento de narcotraficantes en Ucayali, la región con mayor número de casos de afectaciones a defensores ambientales.
El rechazo es unánime
Cabe señalar que anteriormente la Defensoría del Pueblo y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) también se pronunciaron en contra este proyecto y solicitaron al Ejecutivo observarlo.
La Defensoría del Pueblo lamentó que el proyecto se promueve a pesar de no contar con un “sustento técnico y legal” que garantice la protección de los bosques y pueblos indígenas.
Mientras que la ORAU pidió que se observe el proyecto “por omisión de consulta previa”, y solicitó además a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, el archivamiento de la norma.
“El presidente Sagasti no debe permitir que avance este proyecto de carretera que no ha sido consultado, y mucho menos cuenta con nuestro consentimiento”, expresó Berlin Diques, presidente de ORAU.
La decisión final está en manos del presidente Francisco Sagasti, quien deberá decidir en los próximos días si observa o le da luz verde a este proyecto rechazado de forma unánime.
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