Servindi, 1 de febrero, 2021.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Erika Suárez y Renzo Anselmo.
Mundo Indígena Perú al 31 de enero de 2021
Invocan unión contra la pandemia. A través de un pronunciamiento, más de 260 organizaciones, personalidades y activistas demandaron unidad nacional, solidaridad y participación para enfrentar el nuevo avance de contagios por COVID-19.
Proponen cuarentena con comida garantizando el reparto de alimentos y agua a las ollas comunes y populares, así como una gestión de salud con participación comunitaria.
"Solo el fortalecimiento del tejido social comunitario asegurará la eficacia de las medidas de urgencia sin poner en riesgo la integridad de las poblaciones más vulnerables", señalaron.
Ollas comunes sin apoyo. Pese a que el gobierno anunció que apoyaría a las ollas comunes en el marco de la nueva cuarentena, este apoyo aún no se ha concretado.
Así lo advirtió Fortunata Palomino, presidenta de la red de Ollas Comunes, quien expresó la preocupación de estas organizaciones a pocas horas de comenzar un nuevo periodo de inmovilización, a regir desde el 31 de enero.
Palomino pidió que se les abastezca de víveres y presupuesto a fin de mantener activas a las ollas comunes y solicitó que las compras respectivas se coordinen con sus representantes.
Piden protección para defensores. Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Estado peruano brindar mayor protección a los defensores de derechos humanos.
A través de un documento dirigido al presidente Francisco Sagasti, también pidieron un informe sobre las medidas que adoptó el Estado para garantizar la labor de los defensores.
Asimismo, los relatores solicitaron al mandatario informar sobre el asesinato y amenazas contra líderes indígenas y defensores ambientales de Ucayali, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios.
Discriminación contra shipibas. Tras la discriminación que sufrió un grupo de muralistas shipibas, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio Público iniciar una investigación con celeridad sobre el caso.
El hecho discriminatorio ocurrió en el distrito de Barranco, en Lima. Allí, una mujer atacó con insultos y ofensas a las artistas indígenas que se encontraban realizando un mural.
Presentan demanda contra Hidrovía. El Estado peruano tiene la obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas y cancelar el proyecto Hidrovía Amazónica.
Así lo expresaron lideresas y líderes nativos de diversas organizaciones indígenas del Perú, quienes exigen la cancelación de la cuestionada obra.
En una conferencia de prensa, los dirigentes ofrecieron detalles sobre la demanda de amparo que presentaron ante el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
Acusan al Estado de promover el proyecto sin considerar que impactaría en los ríos amazónicos y en 424 comunidades indígenas, vulnerando su derecho a vivir en un ambiente adecuado y equilibrado.
Minería y tala amenazan a nativos. La minería aluvial ilegal se viene incrementando peligrosamente en las comunidades awajún y wampís ribereñas del río Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.
Esta actividad se suma a la tala ilegal que se realiza desde hace años en la zona denominada Cordillera del Cóndor, según reportó la organización CooperAcción.
Frente a esta situación, dirigentes indígenas del lugar piden al Estado actuar con urgencia para evitar que estas actividades ilegales se incrementen.
Caso contrario, la contaminación ambiental seguirá aumentando y las vidas de los indígenas seguirán corriendo peligro, ya que se oponen, casi sin apoyo, a dichas actividades.
Estado cómplice. Al menos 42 funcionarios son investigados por utilizar sus cargos para permitir la deforestación, el tráfico de tierras o la vulneración de territorios indígenas en la Amazonía peruana.
Así lo revela un informe del portal de investigación Ojo Público, que analizó siete expedientes fiscales contra funcionarios públicos: 3 de Loreto, 3 de Ucayali y 1 de Madre de Dios.
El 83.4 por ciento de los funcionarios estaba vinculado al tráfico ilegal de madera; y el 11.9 por ciento al tráfico de tierras.
Asimismo, el 4.7 por ciento de los empleados públicos estaban relacionados al otorgamiento irregular de permisos forestales y la deforestación.
Evalúan medidas contra coronavirus. La Red de Salud de Condorcanqui realizó una reunión para evaluar y fortalecer el plan de vacunación y la implementación de medidas frente a la segunda ola de contagios por COVID-19.
En la jornada de trabajo participaron representantes de la Coordinación Apostólica del Alto Marañón, así como de Radio Kampagkis y del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica.
Durante el encuentro, el coordinador de Inmunizaciones, Auner Navarro, reveló que se tiene como objetivo vacunar a 38 273 personas de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Carta notarial intimidatoria. Hipólito Angulo, director académico de la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas, envió una carta notarial a uno de los estudiantes que denunció irregularidades en la institución.
En dicha carta, dirigida al alumno Marino Martínez, Angulo le pide que se rectifique por el contenido de un documento bajo amenaza de demandarlo penalmente.
El estudiante aclaró que el documento en cuestión no lleva su firma, por lo que no le corresponde rectificarse y consideró que todo se trata de un acto para “intimidarlo”.
Esto, debido a que recientemente denunció que un grupo de profesores nombrados, con oscuros antecedentes, ha tomado el poder en la escuela José María Arguedas para su propio beneficio.
Reconocen a la Casa del Inca. El Ministerio de Cultura reconoció como Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Casa del Inca, ubicado en el territorio ancestral Amarakaeri, en la provincia del Manu, región Madre de Dios.
A través de la resolución viceministerial que distingue al sitio arqueológico, se indica que la Casa del Inca es parte de la zona histórica cultural de la Reserva Comunal Amarakaeri.
Este reconocimiento resulta de un trabajo articulado iniciado hace siete años por las organizaciones indígenas y el Ministerio de Cultura.
La cogestión Amarakaeri, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, el Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka y la comunidad nativa Puerto Luz tuvieron un rol protagónico.
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