La Fiscalía de Ucayali decidió abrir una investigación preventiva contra funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego por el anuncio de un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental. La diligencia es para evitar posibles actos que conlleven a la impunidad de delitos ambientales contra los recursos naturales del país.
Servindi, 4 de noviembre, 2020.- El Ministerio Público dispuso abrir una investigación preventiva a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) luego de que este sector anunciara un nuevo Reglamento de Gestión Ambiental.
La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali está a cargo de la diligencia, a fin de prevenir el delito de responsabilidad de funcionario público en agravio del Estado.
Los investigados son Juan Castro Vargas, José Mariño Tupia y Jorge Vásquez Acuña, directores de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, Evaluación de Recursos Naturales y Dirección de Gestión Ambiental Agraria, respectivamente.
Por un de plazo de 60 días, estos funcionarios del Minagri serán investigados preventivamente al igual que las direcciones adscritas como unidades orgánicas de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios.
La medida alcanza también a todos “los que resulten responsables del Ministerio de Agricultura y Riego”.
“Es procedente abrir investigación preventiva a fin de realizar acciones pertinentes a efectos de evitar posibles actos que conlleven a la impunidad de presuntos delitos ambientales contra los recursos naturales del Estado”.
Así expresa la Fiscalía ante el indicio de que se apruebe el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental sin tener presente el principio de responsabilidad, establecido en la Ley General del Ambiente.
Como se recuerda, la propuesta normativa del Minagri incorporaría una disposición que permitiría operar a empresas sin contar con instrumento de gestión ambiental hasta por el lapso de dos años.
Por esta razón, la Fiscalía aduce que esta acción “podría favorecer a empresas comprendidas en investigaciones penales por presuntamente depredar agresivamente bosques primarios en la región de Ucayali”.
Entre ellos están Ocho Sur P. SAC (sector Zanja Seca) y Ocho Sur U. SAC (sector Tibecocha), así como otras empresas reforestadoras, según explica el Ministerio Público.
Es importante mencionar que la Defensoría del Pueblo recientemente ha mostrado su preocupación por el reglamento del Minagri. Al respecto, también diversas organizaciones indígenas solicitaron la consulta previa.
Descarga el documento de la Fiscalía a través del siguiente enlace:
- https://bit.ly/2HVxSOM (PDF, 5 páginas)
Piden informe al Serfor
La Fiscalía solicita al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) que remita un informe sobre las acciones realizadas conforme a su competencia ante el anunciado nuevo Reglamento de Gestión Ambiental.
“En un plazo perentorio de 05 días de notificado, bajo apercibimiento de remitir copias a la fiscalía penal de turno por delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.
La petición a la Serfor es por su calidad de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de promover la conservación y protección del patrimonio forestal en el territorio nacional.
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La Defensoría del Pueblo advierte que empresas acusadas de #Deforestación en la #Amazonía podrían ser beneficiadas por el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental del Minagri. pic.twitter.com/lsToHhN04W
— Servindi (@Servindi) November 3, 2020
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— Servindi (@Servindi) November 3, 2020
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