Norma buscaría proteger la biodiversidad de la agricultura peruana y evitar la liberación comercial de los cultivos transgénicos.
Servindi, 29 de junio, 2020.- Con el fin de proteger las riquezas genéticas en agricultura y ganadería, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) solicitó al gobierno promulgar una Ley de Moratoria Indefinida de Transgénicos.
El pedido fue anunciado por el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas, quien recordó que actualmente el Perú solo cuenta con la Ley N° 29811, emitida en diciembre de 2011.
Dicha norma establece la moratoria de los organismos vivos modificados (OVM), también llamados cultivos transgénicos, por un periodo de 10 años, plazo que vence el 2021.
«Perú tiene el banco genético más importante del mundo, cuenta con una agrobiodiversidad realmente extraordinaria, por tanto, tiene que existir una protección de facto para las riquezas genéticas en agricultura y ganadería», señaló Cárdenas.
Reglamento controversial
La solicitud de la Conveagro se da precisamente en el marco de la publicación de un proyecto normativo emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) que busca autorizar el ingreso de cultivos transgénicos, aprovechando el contexto de la pandemia.
El “Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA)” fue emitido el pasado 27 de mayo mediante la RM 0123-2020-MINAGRI.
Esta iniciativa pretende crear un sistema regulatorio que permita la liberación comercial de cultivos transgénicos al medioambiente en el Perú.
En tal sentido, vulnera el debido proceso y la Ley 29811 que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años.
Rechazo absoluto
A la fecha, numerosas organizaciones agrarias y asociaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo contra este reglamento debido a que el riesgo de la contaminación transgénica representa «una amenaza contra la biodiversidad y los recursos genéticos».
Asimismo, este tipo de reglamentos afectaría directamente a la economía de miles de familias peruanas que han prosperado gracias a la agroexportación y la actividad gastronómica y turística, que tienen en común la riqueza de la biodiversidad para su desarrollo, advirtieron.
Una de las instituciones que manifestó su rechazo al reglamento fue la red nacional TierrActiva Perú (TAP), que calificó de controversial la publicación de este tipo de reglamentos «en el marco de la contingencia global por la pandemia COVID-19 y en un contexto de crisis agraria en la que no se atienden los servicios agrarios básicos».
Para TAP también «resulta contraproducente que se designe al INIA [Instituto Nacional de Innovación Agraria] como juez y parte del proceso, sabiendo que dicha entidad debe velar por el germoplasma y diversidad genética del país».
Por su parte, Clímaco Cárdenas de la Conveagro, fue enfático en su postura y aseguró que este tipo de iniciativas solo demuestra la falta de voluntad política para trabajar en favor de las familias agricultoras del Perú.
«Seguimos siendo el patio trasero en las estructuras del gobierno peruano de turno. Esto demuestra claramente que no hay una voluntad política de hacer cosas en favor de la agricultura familiar; muy por el contrario, ven cómo seguir vulnerando los derechos y las riquezas naturales que tiene la biodiversidad”, señaló.
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*Con información de: Agraria.pe
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