Caso Serfor: ¿Quiénes respaldan la destitución del jefe de Serfor?

Cuando el Ejecutivo decidió cesar en el cargo a Luis Gonzáles-Zúñiga, los gerentes forestales de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios se pronunciaron al unísono respaldando la medida. Lo que no dijeron es que, dos de ellos, están involucrados en investigaciones por tráfico ilegal de productos forestales maderables y por responsabilidad funcional. Hasta febrero de este año, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para uno de ellos.

Por Equipo de Investigación de Servindi

Servindi, 11 de junio, 2020.- El viernes 5 de junio, mediante la Resolución Suprema 002-2020-MINAGRI, el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el Ministro de Agricultura (Minagri), Jorge Montenegro, decidieron cesar repentinamente en sus funciones de director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga, quien había llegado al cargo en enero del año pasado tras ganar un concurso público.

Ese mismo día, Gonzáles-Zúñiga en diálogo con Servindi narró que el jueves 4, un día antes de su destitución, había sostenido una reunión virtual con funcionarios del Minagri donde se discutió una nueva propuesta sobre el reglamento de cambio de uso de tierras. Él se mostró en contra porque la propuesta incrementaba los riesgos de deforestación en la Amazonía. «Esa fue la gota que derramó el vaso», dijo entonces.

Más de cincuenta instituciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas manifestaron su rechazo por la destitución del funcionario; sin embargo, los gerentes forestales de los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios emitieron un pronunciamiento respaldando la decisión del Ejecutivo.

Se trata de los funcionarios Robert Nishida Añez (Madre de Dios), Marcial Pezo Armas (Ucayali) y Kenji Terán Piña (Loreto). Servindi indagó en sus antecedentes y pudo conocer, a través de fuentes fiscales y datos recopilados, que Pezo Armas y Terán Piña fueron investigados en varias ocasiones por delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y por responsabilidad funcional.

Además de estas investigaciones fiscales, Pezo Armas se vio relacionado en su momento con el caso Saweto y también fue investigado por la Contraloría General de la República por sustentar la entrega de permisos de extracción de madera con informes técnicos que contenían información falsa e inexacta.

En el caso de Terán Piña, sus otros antecedentes van desde ser acusado de elaborar falsos informes de supervisión de campos que habrían permitido el blanqueo de madera de procedencia ilegal, hasta una denuncia actualmente abierta en la fiscalía por acoso sexual laboral.

 ILEGALIDAD. La Unidad de Inteligencia Financiera concluye que al menos el 60% de la producción maderera en el Perú tiene un origen ilegal / Foto: Andina

Marcial Pezo: El funcionario para el que la fiscalía solicitaba cuatro años de prisión

El ingeniero forestal Marcial Pezo Armas no es un funcionario desconocido en Ucayali. Entre el 2011 y 2014, también estuvo a cargo de la dirección forestal de esta región. Fue en ese periodo que los dirigentes de la comunidad fronteriza Alto Tamaya Saweto llegaron hasta su despacho para denunciar la presencia de traficantes de madera en su territorio.

Según un informe de OjoPúblico, Edwin Chota, uno de los líderes indígenas, llegó ahí en el 2013 para denunciar que la madera extraída ilegalmente de su comunidad había ingresado a un aserradero, lugar donde se transforman los troncos del árbol. Pese a la denuncia, los funcionarios del área que dirigía Pezo Armas, autorizaron ilegalmente el desembarco de ese cargamento.

Por otros hechos ocurridos durante aquella gestión, la fiscalía decidió incluir a Pezo Armas en cuatro investigaciones vinculadas al otorgamiento ilegal de autorizaciones para la actividad maderera, según OjoPúblico.

Uno de esos procesos, iniciado en el 2015 por el delito de responsabilidad funcional e información falsa, se encontraba en etapa acusatoria a febrero de este año. La fiscalía solicita cuatro años de prisión para Marcial Pezo.

El artículo N°314 del Código Penal relaciona este delito con las actividades realizadas por un funcionario público que de manera irregular «autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad».

Los otros tres expedientes fueron iniciados entre el 2017 y 2019, y se encontraban en diligencias preliminares para la misma fecha. Dos de ellos son por presuntos delitos de irresponsabilidad funcional e información falsa y otro por tráfico ilegal de productos forestales maderables.

En enero del 2019, Marcial Pezo Armas (izq.) volvió a ser nombrado director forestal de Ucayali. La designación estuvo avalada por el gobernador Francisco Pezo Torres (der.). / Fuente: Ojo Público

OjoPúblico también identificó que, en el 2016, el órgano instructor de la Contraloría General de la República halló responsabilidades administrativas contra Pezo Armas, en su condición de director ejecutivo forestal, por entregar permisos de extracción de madera entre el 2012 y 2013.

En esa primera instancia, la resolución directoral halló que los informes técnicos que autorizaron la tala de árboles contenían información falsa e inexacta.

Junto a Pezo Armas, fueron hallados responsables Roger Toullier Reátegui y Juan José Bedoya Ijuma, en sus condiciones de encargado del área de permisos y de personal técnico de campo, respectivamente. Los tres pertenecían a la Dirección Ejecutiva Forestal de Ucayali.

Los acusados apelaron la resolución y un año después, en marzo del 2017, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Controlaría, absolvió de los cargos a Pezo y Toullier, reafirmando solo la sanción de inhabilitación para trabajar en el sector público por cuatro años contra Bedoya Ijuma.

LAVADO. La producción ilegal de madera se suele “lavar” con documentación fraudulenta generada por la corrupción de autoridades y de concesionarios / Foto: actualidadambiental.pe

Kenji Terán: Investigado por tráfico ilegal y acusado de elaborar informes falsos

Servindi pudo identificar que el actual Gerente Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto, Kenji Terán Piña, registra cuatro investigaciones en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de esta región.

Tres de estos procesos están relacionados con los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y fueron iniciados a partir del año 2010.

El cuarto proceso que se encuentra en etapa preliminar se inició en el 2019 e incluye a Terán Piña y otros dos trabajadores por su presunta conducta ilícita como funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, en la expedición de títulos de concesiones forestales abreviadas. Todos los procesos tienen como agraviado al Estado peruano.

Todos los procesos tienen como agraviado al Estado peruano.

Foto: Kenji Terán registra cuatro investigaciones en la fiscalía. Tres de ellas relacionadasa al delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables.

Pero Terán Peña no solo aparece en los registros fiscales. Un amplio reporte del 2012 de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés) expuso una serie de delitos ambientales en todo el mundo, y entre los responsables, sindicó a Terán Peña como el autor de tres falsos informes de supervisión de campos que habrían permitido el blanqueo de madera de procedencia ilegal.

Uno de estos informes técnicos elaborado por Terán Piña el 23 de diciembre de 2009 fue la base para que la autoridad forestal regional de Loreto apruebe, cinco días después, el Plan Operativo Anual (POA) 05 en el caso de la concesión Productores Forestales Atacuari SAC.

Este POA autorizaba el aprovechamiento de 215 árboles de cedro con un volumen total de 1,232.494 m3. El Balance de Extracción indicó que la empresa extrajo exactamente 1,232.459 m3 de cedro.

Terán Piña había realizado, supuestamente, la inspección ocular previa en la Comunidad Nativa Sumac Allpa solo pocos días antes. Sin embargo, cuando la brigada de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS) hizo luego la inspección —trabajo que les tomó 12 días, aunque aparentemente Terán Piña logró hacer su verificación ocular en menos tiempo— encontró que en el lugar no había registro de los supuestos árboles talados y, peor aún, que no existían indicios recientes de aprovechamiento forestal.

«[…] del total de 237 árboles de la especie Cedrela odorata declarados en el POA y que han sido objetos de verificación, 236 árboles no existen físicamente en campo en las coordenadas UTM declaradas en el POA 05 y 01 árbol [que se encontró] talado […] presenta el DAP [Diámetro Altura de Pecho] menor al mínimo de corta […]. No existe indicios recientes de aprovechamiento forestal […] Se presume que el volumen movilizado es de procedencia ilegal», refiere el informe “La Máquina Lavadora” de la EIA.

Recuadro X: Falsas Verificaciones Previas en Loreto / Fuente: Informe "La Máquina Lavadora" de la Agencia de Investigación Ambiental, p.47

Lo mismo ocurrió en los otros dos informes que fueron elaborados por Terán Piña en setiembre y diciembre del 2009. En el primer caso, su informe levantado tras hacer una supuesta verificación in situ a la Concesión Forestal Valera SAC, reportaba 38 árboles aprovechables en el campo, información que resultó «completamente incongruente» con la supervisión que luego hizo un representante del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), quien, a lo largo de todo su recorrido, no evidenció ningún individuo de cedro en ningún estado, ya sea en tocón o en pie.

Más adelante, el concesionario admitiría ante el supervisor del Osinfor que no solo este informe había sido falso, sino que, en realidad, toda la información que contenía el POA 4 era ficticia:

Lo grave es que los inexistentes «árboles aprovechables» habían sido incluidos dentro del POA 4 en favor de la concesión. Más adelante, el concesionario admitiría ante el supervisor del Osinfor que no solo este informe había sido falso, sino que, en realidad, toda la información que contenía el POA 4 era ficticia: el censo, las medidas, la data de georreferenciación. Pero para entonces, el concesionario ya había logrado movilizar ilegalmente 9,145 m3 de madera, incluyendo 831 m3 de cedro.

Foto: Informe elaborado por Terán Piña está compuesto de «25 páginas de pura ficción» según Osinfor. Fuente: Informe "La Máquina Lavadora" de la Agencia de Investigación Ambiental, p.39

Pese a estos antecedentes, Terán Piña llegó a ser designado Gerente Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre de Loreto. Sin embargo, en noviembre del 2019, fue separado del cargo luego de hacerse pública una denuncia de acoso sexual laboral en su contra.

El 18 de octubre del 2019, Maricielo Arévalo Pinedo denunció que Terán Piña la venía acosando mientras trabajaba como consultora en apoyo a la gerencia que él dirigía. Cuando la noticia estalló en la prensa, Terán fue separado del cargo, pero dos meses después, el 7 de enero del 2020 —y con la investigación por acoso abierta—, el gobernador regional Elisban Ochoa Sosa, lo repuso en la gerencia, puesto considerado como un cargo de confianza.

Enterada de lo ocurrido, el 10 de enero la extrabajadora remitió una carta al gobernador regional manifestándole su preocupación por dicha restitución y dando cuenta de la denuncia abierta en la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa.

El 12 de enero, a través de la Secretaría Técnica Titular de Procedimientos Administrativos, el gobierno regional le respondió en un oficio a Maricielo Arévalo señalándole que tenía tres días hábiles para presentar sus descargos sobre la denuncia «a efectos de tener un mejor panorama de los hechos».

El 17 de febrero, la extrabajadora respondió al documento mediante un nuevo oficio señalando que, al ser ella la agraviada y el funcionario el imputado, era a él a quien debían solicitarle los descargos correspondientes. El gobierno regional no volvió a responderle y con la llegada del COVID-19 al Perú, su caso se paralizó en la fiscalía.

Foto: Carta presentada por Maricielo Arévalo al Gobierno Regional de Loreto el 10 de enero del 2020.

Colofón

En un reporte aclaratorio publicado el jueves 11 por el Ministerio de Agricultura, esta cartera desmiente que detrás de la salida de Luis Gonzáles-Zúñiga haya existido algún tipo de interés de sectores ilegales y, por el contrario, asegura que lo que existe en el Serfor es una «falta de articulación con los diferentes actores del sector forestal».

¿Son estos los funcionarios con los que el gobierno exige que se articule? ¿Pueden autoridades investigadas por delitos ambientales coordinar con las instituciones que se encargan de controlar y prevenir los mismos delitos por los cuáles son investigados?

Las más altas autoridades políticas que respaldan esta destitución —además de estas autoridades regionales—, tendrán que explicar las razones de esta medida, algo que a todas luces terminará siendo imposible.

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