COVID-19 se eleva en comunidades por la acción-inacción del Estado-Vector

Servindi, 14 de mayo, 2020.- Directa o indirectamente, el Estado se convertirá en el principal vector de contagio de COVID-19 para las comunidades nativas. Así lo advirtieron insistentemente especialistas sociales y organizaciones indígenas.

Restringir la circulación hacia los territorios indígenas y la aplicación de sus propios protocolos fueron las principales medidas desde los pueblos para frenar al COVID-19 en sus comunidades, sin embargo, varias ya sufren de contagios.

Esto como consecuencia de la inacción estatal que por más de 50 días mantuvo a los pueblos indígenas sin una estrategia de atención y desoír sus propuestas y medidas.

Ambas omisiones, sumado a las malas políticas públicas hacia los indígenas, convierten al Estado en el más peligroso vector propagador del COVID-19 en las comunidades.

Los indígenas mueren en sus casas

El caso más reciente es el fallecimiento de siete indígenas ticuna por COVID-19, en la triple frontera con Colombia y Brasil, en Loreto.

Murieron sin asistencia oportuna. Sin personal médico ni balones de oxígeno. Sin medicinas, implementos de bioseguridad ni pruebas de descarte. Además, habría al menos 60 contagiados, según el centro de salud de Bellavista de Callarú, comunidad donde se produjeron los decesos.

“Lastimosamente la mayor parte de los indígenas está falleciendo en sus propios hogares y hay comunidades como Bellavista de Callarú que están muy golpeadas por el COVID-19”, dijo Francisco Hernández, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yahuas del Bajo Amazonas (FECOTYBA).

¿Cómo llegó el COVID-19 a estas lejanas comunidades fronterizas? Hernández afirma que los contagios se iniciaron cuando los pobladores salieron hacia Santa Rosa de Yaraví para cobrar los bonos otorgados por el Estado. “Cuando regresaron, ya tenían las mismas sintomatologías”, señaló.
 

Alcaldes y COVID-19

Otro caso es el de al menos 20 comunidades nativas de la cuenca del río Corrientes, donde la delegación municipal de Trompeteros, que repartía las canastas de víveres, llevaba consigo a 11 personas infectadas de COVID-19.

El alcalde y su comitiva efectuaron entregas sin implementos de protección, casa por casa, lo que habría provocado contagios en la comunidad Pucacuro.

Su dirigente comunal reportó además casos de pobladores con síntomas sospechosos, los cuales, a 20 días de realizada la denuncia, aún no han sido debidamente descartados ni atendidos.

En Condorcanqui, Amazonas –límite con Ecuador– también se reportaron casos positivos y conflictos relacionados a una falta de coordinación entre municipios y autoridades comunales.

Ante estos casos, la Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio Público investigar los contagios de COVID-19 en las comunidades de Loreto por el reparto municipal de alimentos, solicitando también urgente atención a los afectados.

¿Son las medidas estatales un alivio o peligro? “La principal amenaza contra los indígenas son las malas políticas públicas”, advertía el antropólogo Rodrigo Lazo.

Embarcación en la que llegó la delegación municipal de Tropeteros.

Casi 60 días de espera

La demanda por una estrategia diferenciada hacia los pueblos indígenas desde sus organizaciones y otros sectores tuvo como respuesta el Decreto Legislativo 1489, en el marco de la emergencia del COVID-19.

Sin embargo, desde la Aidesep, organización indígena que canaliza el clamor de más de 1800 comunidades amazónicas, se cuestionó que el DL 1489 no refleje realmente el sentido de la urgencia y necesidad de las comunidades

En un pronunciamiento la organización exigió "celeridad y conciencia de emergencia para la atención", a la vez que advirtió un sesgo fuertemente burocrático de la medida, que no está a la altura del disparo de los contagios y muertes entre indígenas (rurales o urbanos) ni de los escenarios de colapso en Iquitos o Pucallpa.

Para una real efectividad proponen acciones como la salida del personal de salud hacia las comunidades para diagnosticar y entregar medicinas ante casos sospechosos, la inclusión de la variable étnica para la designación de beneficios como bonos o víveres, y concretar la participación indígena en los comandos COVID-19.

Asimismo, piden una norma para que las fuerzas del orden cumplan con impedir que se quiebre el autoaislamiento indígena, entre otras acciones.

Por su parte los especialistas apuntan a “vacíos y omisiones, fallas de enfoque y necesidad de medidas complementarias que respondan al cómo hacer lo que ahora está en el papel”, refirió Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“La norma no dice nada nuevo. Lo único novedoso –pero, insuficiente– es un fondo de 5 millones de soles para financiar las acciones de ese decreto legislativo”, comentó de otro lado el abogado Marco Huaco.

Y agrega: “La llamada ‛estrategia’ de este DL no existe. Es una simple enumeración de competencias y de acciones que ya están previstas de forma ordinaria, así como de mandatos muy genéricos".

Reactivación económica antes que prevención

Una estrategia diferenciada, de carácter nacional e intersectorial, además de tardía, sigue siendo difusa. Una respuesta más efectiva son los primeros planes regionales ante el COVID-19, como en Ucayali, construido con una base social participativa.

El Estado no tiene claro qué hacer efectivamente para frenar la pandemia entre los pueblos indígenas, pero sí tiene claro sus primeros pasos para reactivar la economía.

La Aidesep también remarcó que la actual situación que enfrentan los indígenas “se agrava con el DS 080 para la reactivación de actividades como la minería, el petróleo y la tala en la selva”.

Un ejemplo de ello es que ya se discuten planes de reactivación del sector forestal, el cual legal o ilegalmente, siempre fue un agente de presión, desplazamiento y exterminio para los indígenas.

Los indígenas temen –y con justa razón– que estas actividades se conviertan en un nuevo vector de contagio en sus territorios, sin que el decreto de atención sanitaria entre antes en funcionamiento.

Te puede interesar