Hoy protestan contra la Ley de Hidrocarburos frente al Congreso

Razones para decirle NO A LA LEY DE HIDROCABUROS: 

• Según el proyecto que reforma la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, la fase de exploración tendrá una duración de 5 años, a los cuales se podrían sumar 5 años de prórroga. Esto da un total de 10 años de exploración. Asimismo, según el artículo 22-A del documento, se estaría ampliando la vigencia de los contratos de concesión a las empresas privadas, extendiéndose este de 40 a 60 años lo que da un total de 70 años de actividad hidrocarburífera, siendo lo más probable que en 70 años los hidrocarburos estarán en desuso y con precios que no justifique ninguna explotación, aún sin tomar en cuenta los costos de reparación (externalidades).

• Las zonas de extracción estarían resguardadas por las fuerzas armadas (MOCICC, 2019)  .

• Brinda incentivos (regalías y retribuciones) que promueven la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales solo se pueden aprovechar mediante la técnica del Fracking o fracturamiento hidráulico, técnica altamente criticada y vetada en varios países de Europa (como Inglaterra, Alemania, Bulgaria, República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda del Norte, Italia, República de Irlanda y Francia). Esta práctica tiene altos costos de producción y en parte por los enormes impactos ambientales que podrían superar los precios de mercado, y por la utilización de fórmulas patentadas y protegidas (por lo cual la sociedad civil no tiene acceso a la información sobre  las graves amenazas que representa la aplicación de esta técnica), que utilizan alrededor de 700 sustancias tóxicas (USHR, 2011) , de las cuales 99 son altamente tóxicas y 9 incluso prohibidas en armamento químico (Howarth, 2010, citado en Llosa, 2015 ). También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación, ya que existe, como parte del reflujo de las aguas de producción, sustancias radioactivas altamente inestables como Uranio, Radio y Radón que se liberan de la roca madre fracturada (PNUD, 2018)  . 

• El Congreso de la República no ha cumplido con el debido proceso, obviando la Consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas para medidas legislativas. Esta ley claramente podría en peligro a dichos pueblos y a sus territorios. Las evidencias históricas de los daños que el sector hidrocarburos viene ocasionando a los indígenas desde hace más de 70 años son palpables, afectando gravemente los ecosistemas de sus territorios y por tanto, sus formas de vida, mermando la salud de las poblaciones locales que habitan las cuencas afectadas. 

• En consonancia con el Acuerdo de París, se exige que se amplíe la ambición climática para que las energías renovables representen el 50% de la matriz energética. Actualmente, se tenía previsto hasta el 15% comprometido al 2030. Una matriz basada mayoritariamente en energías limpias, nos aseguraría agua limpia, alimentos sanos, salud, oportunidades de diversificación productiva, oportunidades de trabajo y mayor resiliencia frente al cambio climático.

• Considerando los altos niveles de corrupción que se vienen evidenciando en el Estado, no tiene sentido continuar fomentando que se generen ingresos al tesoro público por este sector deficiente, nunca se ha ocupado de atender los derrames o pasivos ambientales del sector hidrocarburos. No hay garantía de remediación ni de reparación de daños ocasionados a los afectados.

• Hasta el 2016, el gobierno peruano sólo ha recocido 1% del territorio indígena, existiendo mas de mil territorios indígenas por reconocer (entre ellos hay pedidos de reconocimiento de títulos, ampliación de territorios, exigencia de protección a territorios de pueblos de indígenas en aislamiento voluntario). Quedan mas de 1,000 territorios indígenas por reconocer (AIDESEP, 2019). 

• Los Lotes de hidrocarburos abarcan 75% entre amazonia, además de áreas marino costera y área continental. Se estima que el 75% de la selva amazónica peruana está concesionada a empresas petroleras sobreponiéndose a territorios indígenas y áreas naturales protegidas. Hasta el 2007, entre los lotes 192 (ex 1AB) y lote 8, que actualmente generan el 20% del crudo producido en el país, vertían a los ríos más de 1 millón de barriles al día de aguas de producción. Se sabe que existe un 30% de fuga o pérdida en el proceso de extracción. Así mismo cabe mencionar que se ha demostrado que en el Perú no se cuenta con la tecnología ni capacidad de respuesta operativa para atender los desastres tecnnológicos producto de los derrames de petróleo, al tratarse de derrames bajo la técnica del fracking el peligro es aun peor y con daños severos no reversibles. 

• Cabe precisar que el 88.8 % de la producción de gas natural en el Perú proviene de los Lotes 88 y 56, ambos asentados en ámbitos amazónicos sensibles por su diversidad biológica y presencia de comunidades nativas en aislamiento voluntario a las cuales el estado no esta otorgando la protección legal ni operativamente. En Perú hay 20 pueblos indígenas en aislamiento voluntario identificados, pero se estima que podrían llegar a ser a 40 en total, a la fecha sólo 5 ha sido reconocidas legalmente por decreto supremo mediante Reservas Indígenas o Territoriales. 

• Los lotes de petróleo también se sobreponen a Areas Naturales Protegias, el lote 135, que se sobrepone al 42% del Parque Sierra del Divisor (Loreto/Ucayali), el Lote 108, que se sobrepone a reservas comunales asháninkas y machiguengas (Junín/Pasco) y el lote 76, que se sobrepone a un 90 % de la Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios); constituyen, entre otras, potenciales reservas de gas de esquisto.

• Casi 400 comunidades de la Amazonia peruana afectadas desde 2014 por frecuentes derrames de petróleo padecen altos niveles de pobreza (del 45% al 59%), desnutrición crónica y falta de acceso a servicios de salud y educación. En marzo de 2015, el Gobierno de Perú se comprometió a realizar un estudio toxicológico de la población y tres años después se han conocido resultados preliminares: los habitantes de cuatro cuencas de la selva norte tienen en el organismo plomo, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Los apus (líderes de las organizaciones indígenas) exigieron al Estado atención sanitaria urgente, ya que sus fuentes de alimentación también están contaminadas.

• En las notas de prensa del OEFA, en todos los casos posteriores al de Barranca (2016), sólo se ha informado que se han iniciado las investigaciones correspondientes, sin comunicar sobre los hallazgos generados o el curso de las investigaciones; tampoco se sabe si se impuso una medida preventiva, o si se inició un procedimiento administrativo sancionador, o qué tipo de acción legal se adoptó. Tampoco se ha informado, más allá de que Petroperú generó o no el incidente ambiental, si la empresa pública activó correctamente el plan de contingencia correspondiente para esta clase de emergencias.

• Sorprende esta repentina reserva de la información por parte del OEFA, ya que hasta antes del derrame en Barranca – Loreto (24 de junio del 2016), y como le corresponde a la institución, se difundía información sobre los derrames.

• Por estos 70 años de daños irreparables y compromisos de mesas de diálogo que brillan por su falta de cumplimiento, exigimos que antes de plantear leyes como esta, se actualice la Política Energética siguiendo el debido proceso (dispuesto por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico), cumpliendo con la ineludible Evaluación Ambiental Estratégica (bajo modalidad participativa desde el inicio del diseño y no solo al final del proceso), y además que se cumpla con la consulta previa, libre informada y sobre todo, siguiendo el principio de la buena fe, como lo estipula el Convenio 169 de la OIT. Y que se fortalezca verdaderamente la institucionalidad ambiental. Es indispensable que nuestra actual Política Nacional Energética esté a la altura de una ambición acorde a la crisis climática mundial, que tenga mínimo impacto ambiental y promueva un desarrollo bajo en carbono.