Escenarios de la lucha anticorrupción

Por Franklin Cornejo*

30 de abril, 2019.- El suicido del ex presidente Alan García Pérez, en una habitación de su domicilio, durante la diligencia fiscal que iba a detenerlo, ha generado críticas contra el Ministerio Público y el poder judicial, debido a la dureza de la prisión preventiva, que busca evitar el peligro de fuga de los investigados.

Sin embargo, la actuación de la justicia peruana en colaboración con sus homólogos brasileños en el caso Odebrecht está ampliando las investigaciones judiciales contra ex mandatarios, gobernantes, jueces, y empresarios para desbaratar los hilos de la corrupción como nunca antes se había visto en nuestro país.

Los delitos que se le imputan a los investigados y procesados por el caso Odebrecht, aquí en Perú y en Brasil, son: corrupción activa y pasiva, desvío de dinero público, lavado de activos enriquecimiento ilícito (con dinero del estado), negación fiscal no declarada, entre otros.

La severidad de la justicia contra los investigados se explica por el fundado peligro de fuga, pues hay implicados que se encuentran no habidos como el ex gobernador regional del Callao, Félix Moreno, a los que se le suman los investigados fugados, el ex presidente Alejandro Toledo, y el ex juez César Hinostroza.

La denominada era democrática del Perú, que se inauguró con el gobierno interino de Valentín Paniagua (2000-2001) (luego de la renuncia vía fax, desde Tokio, de Alberto Fujimori) y se prolonga hasta nuestros días con el actual gobierno (desde 2018), de Martín Vizcarra, está bajo serios cuestionamientos; ello debido a que las investigaciones judiciales revelan el uso del poder para cometer delitos contra la fe pública, en agravio del Estado.

Sin contar a Paniagua (fallecido el 2006) y Vizcarra, todos los ex presidentes de la era democrática peruana (2001-2018) Toledo, García, Humala, Kuczynski están siendo investigados por el caso Odebrecht. También se incluye el caso de Keiko Fujmori (actualmente cumpliendo prisión preventiva), lideresa de Fuerza Popular, la mayor fuerza de oposición del Legislativo.

Con esta lista de implicados, Perú se ha convertido en el país latinoamericano con más ex gobernantes investigados por casos de corrupción, lo cual explica en parte su férrea política judicial anticorrupción.

Lo que se evidencia ante la opinión pública es que las investigaciones judiciales están reforzando la institucionalidad del estado, devolviendo la confianza a los ciudadanos frente a la clase política, pues este tercer poder del estado, el judicial, lo que está buscando es justamente aquello que no se lograba hacer: la comparecencia de los ex funcionarios del estado, para que den cuenta de sus decisiones en el manejo de dinero y negociados ilícitos cuando estaban al frente de la nación o por acceder al gobierno nacional.

A fines de los años ochenta e inicios de los noventa, se vivían en el país varias crisis: la económica (por la hiperinflación), la política (por la violencia terrorista) y la moral (debido a los “Vladivideos”), crisis que se han enfrentado con gabinetes tecnocráticos, servicios de inteligencia policial, políticas sociales, jueces y fiscales probos (de los nuevos Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia).

Ya muy cerca del Bicentenario de la independencia del Perú, que se celebrará el 2021, que se empiece a valorar la lucha anticorrupción como parte de la cultura democrática, es todo un avance, no un retroceso.

En estos escenarios de la lucha anticorrupción, el papel de los periodistas de investigación forma parte, también, de un cuarto poder, el de la prensa, que ha surgido como otro de los actores claves de la vuelta de timón de la política peruana hacia la rendición de cuentas de los ex gobernantes y el respeto del estado de derecho. Estas son señales auspiciosas de un sistema estatal de justicia que empieza a funcionar. Pero también de un periodismo libre, que denuncia los casos de corrupción.

Las investigaciones judiciales y periodísticas, unidas en una red de colaboración global sin precedentes (que demuestra que la corrupción es internacional). Junto a los ciudadanos que participan en las redes sociales, o siguen por Justicia TV, canal del poder judicial, las transmisiones de las audiencias contra los implicados, van configurando comunidades de opinión pública informada, que no hacen otra cosa que multiplicar el buen deseo, de que esa participación convencida que moviliza a las personas hacia los derechos, libertades y ciudadanía sienten las bases de los reconocimientos, políticas públicas, y diálogos que vayan sentando las bases de las instituciones y de la sociedad civil.

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*Franklin Cornejo es periodista y comunicador, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).