Servindi, 24 de abril, 2019.- El Instituto de Defensa Legal (IDL) y otras organizaciones civiles presentaron una demanda de amparo contra el convenio por seguridad sostenido entre la empresa minera MMG Las Bambas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
Así lo informó Maritza Quispe Mamani, abogada del área de Pueblos Indígenas y Litigo Constitucional del IDL, a Servindi.
Este recurso legal ayudará a respetar los derechos constitucionales de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas. "Esperamos que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar a favor de ellos", agregó.
Para la entrevistada, dichos convenios por los servicios de seguridad a las instituciones privadas, como es el caso de MMG Las Bambas, "están desnaturalizando la función de la Policía".
"El artículo N° 166 de la Constitución dice claramente que la función de la Policía es tutelar y mantener el orden interno", argumentó.
Además, estos convenios están "mercantilizando" la función policial con la prestación económica entre las empresas extractivas y la PNP.
Junto al IDL, este recurso legal también es promovido por la ONG EarthRights International y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
IDL también llevó a cabo el 9 de abril una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que dan sustento a dichos convenios, pues privatiza la seguridad pública.
Más argumentos contra los convenios
La afectación al derecho a la igualdad y la discriminación son otros motivos para cuestionarlos. Por ejemplo, en un contexto de conflicto social, donde el Estado ya firmó dicho convenio, se priorizará la seguridad del privado.
"Una comunidad también necesita la protección de parte de su policía. Y (esta policía) no está cumpliendo con esa función", explicó.
De otro lado, Quispe Mamani considera que los convenios se han convertido en una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta.
Por último, informó que en los últimos años se han registrado una gran cantidad de convenios en zonas de alta conflictividad.
Este dato está reflejado en el informe Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho.
A través de 138 convenios analizados, el estudio identificó casos de posibles conflictos de interés, especialmente en las autoridades policiales. Esto les resta autonomía e imparcialidad y deslegitima la función policial a cambio de favorecer intereses personales.
Escucha la entrevista completa en el siguiente video:
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