Servindi, 2 de noviembre, 2018.- El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas presidido por la jueza Patricia Valenza Olivero, emitió el auto de enjuiciamiento contra diecinueve defensores de derechos humanos el pasado 19 de octubre, luego de haberse realizado varias audiencias de debate.
La Fiscalía Mixta de Chalhuahuacho denunció a Edward B. Quispe Ccuno, Asunto Huamaní Huamaní, Javier Mamani Coaquira, Edwin Chumbes Challanca, Abraham Vargas Ichuhuayta, Justino Chiclla Quispe, Vidal Ccoropuna Alejo, Nolberto Berrio Huillca, Octavio Ccoropuma Pinares, Jhoel Panique Flores, Clever Sullca Huarcaya y Placido Sullca Costa.
Asimismo, a Amílcar Quispe Letona, Juan Lima Huamaní, William Richard Huillca Ocon, Uriel Mendoza Espinoza, Leonardo Taype Huamanga y Wilmer Cárdenas Romero, luego de los sucesos producidos en el marco del paro indefinido el 28 de setiembre de 2015.
Para el caso, se está solicitando entre once, quince y diecisiete años de pena privativa de la libertad para el grupo de defensores de derechos humanos, acusándolos por los presuntos delitos de disturbio, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos, además de la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano como concepto de reparación civil.
Por su parte, la compañía minera Las Bambas, ha ratificado su pedido de reparación civil, suma que asciende a 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada, monto que podría incrementarse.
Los acusados
Tres de los acusados, según sus testimonios, fueron detenidos en el interior del campamento minero, tras haber ingresado para apoyar al personal de la posta médica para el traslado de personas heridas; los dieciseis restantes, fueron detenidos en los alrededores del campamento sin que exista motivo alguno.
Al respecto, en el desarrollo de las audiencias mencionadas anteriormente, la defensa técnica de los acusados solicitó el archivamiento del caso sosteniendo la insuficiencia de medios probatorios respecto a la acusación formulada por la Fiscalía. Sin embargo, esta solicitud fue denegada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas.
Cabe resaltar, que en octubre de 2015, el Juzgado de Investigación Preparatoria dictó seis meses de prisión preventiva contra Javier Mamani Coaquira y Edward Brandon Quispe Ccuno, quienes fueron recluidos injustamente en el penal de Qenqoro del Cusco.
Mamani y Quispe fueron liberados en marzo de 2016; para ello, el Juzgado dictaminó que previamente ambos tenían que pagar una caución económica de 5 mil soles y 2 mil soles respetivamente, monto que fue asumido con dificultades debido a sus escasos recursos económicos.
Derechos Humanos
Más de tres años después, el juicio oral contra este grupo de defensores se realizará próximamente en la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
En ese marco, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) exige a las instancias de administración de justicia se otorgue todas las garantías para que el proceso se desarrolle en forma justa y transparente.
Como se recuerda, este conflicto dejó tres personas fallecidas y numerosos heridos por impacto de bala producto del actuar de la policía. Las autoridades del lugar señalan al respecto que hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso judicial para esclarecer estas muertes.
El conflicto “Las Bambas”, se originó luego de conocerse las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero en referencia.
----
Con información de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
Comentarios
Cotabambas es pueblo
Cotabambas es pueblo originario, que se rigen, según la constitución del Perú, por el Convenio 169 de la OIT. Quien está en falta es el gobierno peruano. A quien tiene que enjuiciar el Estado peruano es al entonces gobierno peruano que violando los derechos de los pueblos originarios ha impuesto la presencia de la minera en Cotabambas.
Es tiempo que los ex-gobernadores asuman su responsabilidad en carne propia.
Añadir nuevo comentario