La buena gobernanza y el estado de derecho son valiosas herramientas que contribuyen a lograr un desarrollo sostenible y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, su papel está siendo infravalorado.
El estado de derecho ambiental
Ana Barreira*
29 de setiembre, 2018.- Hace ya 71 años que se tomaron las primeras fotografías de la Tierra desde el espacio y 52 desde la luna, hechos que cambiaron nuestra forma de ver el Planeta. A pesar del tiempo transcurrido, las generaciones del presente nos enfrentamos a retos medioambientales sin precedentes: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación de mares, océanos y de cursos de agua dulce, entre otros.
A pesar del tiempo transcurrido, las generaciones del presente nos enfrentamos a retos medioambientales sin precedentes...
Las acciones realizadas por las generaciones anteriores y presentes tienen consecuencias no solo en la actualidad, sino que también afectarán a las generaciones futuras. Por ello, un desarrollo que sea sostenible es fundamental. Una buena gobernanza y el estado de derecho son parte de la ecuación para alcanzar el desarrollo sostenible.
Para hacer frente a la degradación que sufre nuestro Planeta, desde mediados del siglo XX se fueron adoptando políticas y normas. Las políticas, una vez aprobadas, hay que aplicarlas y, consecuentemente, respetarlas para obtener los resultados esperados, lo que forma parte de un Estado de derecho.
Los convenios internacionales, las directivas y reglamentos de la UE, las leyes, reglamentos y demás normas nacionales son los instrumentos más importantes de transformación de esas políticas en acción(1).
Sin embargo, la acción sólo tiene lugar cuando estas son eficaces y efectivas. Esto depende de su grado de aplicación y cumplimiento(2).
Por tanto, contar solamente con un marco legal bien desarrollado para la protección del medioambiente no garantiza el desarrollo sostenible, como muestran las evidencias del estado actual de la Tierra(3).
Conviene recordar que los recursos naturales sustentan nuestra vida y son base de toda actividad económica. Por ello, el marco normativo de protección ambiental no es un capricho de nuestros legisladores.
Se trata de una respuesta urgente, en ocasiones no suficiente, que pretende evitar el deterioro de nuestro planeta y garantizar una vida saludable para el ser humano. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental hacer hincapié en la correcta implementación y cumplimiento del Derecho Ambiental.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del marco normativo ambiental por todos aquellos a los que van dirigidas es vital para lograr sus objetivos. El incumplimiento limita la eficacia de los compromisos, daña los procesos legales y puede conducir a la inestabilidad del orden jurídico, además de debilitar la credibilidad de las instituciones públicas en todos los planos: internacional, regional y nacional.
La buena gobernanza y el estado de derecho son valiosas herramientas que contribuyen a lograr un desarrollo sostenible y garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. Sin embargo, su papel está siendo infravalorado.
De hecho, tanto la política como el marco normativo existentes en materia ambiental no están garantizando una protección adecuada del medio ambiente, esencial para el bienestar humano y el goce de derechos fundamentales inherentes al Estado de derecho.
Nuestro marco normativo pone a nuestra disposición mecanismos legales para actuar en defensa del medio. Éstos se apoyan, en el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.
Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente utilizamos las herramientas que nos ofrece nuestro estado de derecho para defender y proteger el medio ambiente.
No obstante, para poder lograr ese estado de derecho ambiental se requiere modificar conductas y valores para que se respeten las normas de protección ambiental y contar con una judicatura bien entrenada en esta materia.
No es difícil actuar en defensa de nuestro medio para evitar atentados contra el mismo. La responsabilidad de proteger los recursos naturales es compartida: poderes públicos y ciudadanía. Al fin y al cabo, se trata de nuestra supervivencia y la de las generaciones futuras.
Notas:
(1) En términos muy parecidos esta idea se recoge en el Capítulo 8 de Agenda 21.
(2) Barreira. A., Ruiz, C et alter, “La Ejecución de la Política Pesquera Común: Aplicación del Reglamento de Control en España”, Madrid: Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 2015, pág. 31, disponible en:
(3) Barreira A., “En busca del desarrollo sostenible: la aplicación del derecho para alcanzar la justicia intergeneracional” Intergeneracional Justice Review, Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, 1/2007, Berlin, Enero 2007, ISSN. 1617-1799.
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*Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente IIDMA
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