Medios comunitarios defienden el derecho a la comunicación del pueblo

Comunicado 1:

En defensa del derecho a la comunicación del pueblo ecuatoriano. El Sector Comunitario al país

“La verdadera libertad de expresión implica la diversidad de voces en un estado de derechos, plurinacional e intercultural”

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa es un derecho Constitucional para todos y todas. (Art. 16)

Por ello el Estado debe garantizar la asignación de frecuencias a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones para los medios públicos, privados y comunitarios, evitando el monopolio y la concentración en la concesión de frecuencias. (Art.17 Constitución del Ecuador)

Las frecuencias del espectro radioeléctrico pertenecen al pueblo ecuatoriano, y son administradas por el Estado, por lo que es derecho de todos y todas velar por su uso plural, democrático y en igualdad de condiciones.

En este sentido el sector comunitario exige el cumplimiento del artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación que establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y televisión de señal abierta en el Ecuador, se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados, y 34% para la operación de medios comunitarios.

Este es un modo de saldar la deuda histórica con los sectores populares y comunitarios del país, así como con los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, es decir con los ciudadanos y las ciudadanas que no han podido acceder a fundar medios y ejercer su derecho a la comunicación.

Además exigimos el cumplimiento del Art.107 de la misma ley que establece que las personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión cuyo plazo haya expirado podrán concursar por la misma u otra frecuencia. Es decir, la ley establece el concurso público, abierto y transparente para alcanzar la distribución equitativa del espectro (Art. 108).

No hacerlo así sería volver a la antigua e injusta forma de acaparar frecuencias para un puñado de concesionarios y grupos empresariales, que todavía concentran el 95% del espectro radioeléctrico, incrementando su poder económico a costa del uso de este patrimonio que es de toda la población ecuatoriana.

Por tal motivo, sería del todo inconstitucional, abusiva e injusta la propuesta hecha por los medios privados de prorrogar automáticamente la asignación de frecuencias que en un 70 % ya las tienen caducadas y deben ser revertidas al Estado y reservadas para un concurso público.

Sería además un despropósito pretender que la ampliación del espectro radioeléctrico sea confundida con abrir medios on-line a través de Internet. Alertamos que la posible ampliación del espectro a través de su digitalización deberá respetar la distribución equitativa, priorizando al sector comunitario, tal como lo establece la Ley (Art. 106).

Es primordial que la Asamblea Nacional así como ARCOTEL y CORDICOM mantengan una posición firme y de respeto al pueblo ecuatoriano, protegiendo, reservando y redistribuyendo el espectro radioeléctrico de manera equitativa. Esta es la única manera de garantizar el ejercicio de los derechos comunicativos de un sector que históricamente ha sido silenciado.

El sector comunitario de la comunicación se mantendrá vigilante ante los órganos de legislación y control ante cualquier medida regresiva que se pretenda tomar e invita a la ciudadanía en general, organizaciones sociales y de base a mantenerse en la misma actitud para defender nuestros derechos.

“Si unos cuantos se quedan para siempre con las frecuencias, el país perderá para siempre la oportunidad de democratizar la comunicación”

Comunicado 2:

El Sector Comunitario de comunicación espera con optimismo informe favorable, tras la reunión con Relator especial para la libertad de expresión de la CIDH

El 21 de agosto de 2018, tras la solicitud de diversas organizaciones del Sector Comunitario de la Comunicación, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Édison Lanza, recibió a representantes de estos colectivos para escuchar sus propuestas respecto a la reforma de Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Las reflexiones señalaron la importancia de la comunicación para los pueblos, nacionalidades, y demás sectores organizados del campo y la ciudad, observando que el espectro radioeléctrico no es propiedad de unos cuantos, sino un bien que debe ser redistribuido y administrado por quienes que han sido relegados y relegadas de este derecho, dado que se le considera un espacio de construcción de poder. El desinterés estatal y su obsecuencia con grupos de poder económico interesados en concentrar los medios de producción comunicativa, impidieron una real democratización del espectro radioeléctrico. Por ello es fundamental, se señaló, mantener en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) el piso del 34% para la operación de medios comunitarios (artículo 106 LOC) como medida inalienable de reparación histórica a este sector específico.

Entre los antecedentes que fundamentan esta posición, se planteó el aporte fundamental de la comunicación comunitaria para fortalecer la organización de los sectores estructuralmente empobrecidos, su contribución en la construcción de procesos de educación popular, la articulación de las voces diversas y el reconocimiento de las culturas e idiomas.  En este marco, la comunicación popular es un derecho que permite el ejercicio pleno de otros derechos que se derivan del mismo.

La comunicación comunitaria ha existido mucho antes de la creación del marco normativo (Ley de Radiodifusión y Televisión en 1975 y su última reformatoria en 1995, y la implementación de la LOC en 2013); sin embargo, se ha mantenido una situación de desventaja para ella, pues la actual ley no contempla la diferencia y el carácter de los medios comunitarios del resto de medios,  imponiéndole una serie de requisitos que han limitado el acceso de las organizaciones a la distribución del espectro radioeléctrico, es decir, aún no es posible hablar del ejercicio pleno de los derechos de los sujetos de la comunicación comunitaria.

Las intervenciones giraron en torno a tres aspectos determinantes de una ley democratizadora y redistributiva: a) artículos de la LOC que no se han cumplido; b) propuestas de reformas del sector comunitario; y c) puntos sensibles que impulsarían la regresión del derecho a la comunicación.

A. Lo que requiere aplicación urgente y consta en la Ley:

• Exigencia del cumplimiento de las políticas de acción afirmativa (Art. 86 LOC): Crédito preferente, exenciones de impuestos, y acceso a capacitación.
• Se debe garantizar difusión de contenidos interculturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias por un espacio del 5% de su programación diaria (Art. 36 LOC), que implique la participación de estos mismos sectores, tanto en su planificación como en su elaboración.
• Democratización de producción audiovisual paritaria para medios de comunicación y cinematográficos comunitarios e independientes, evitando la concentración de producción audiovisual en manos de las grandes productoras del país.

B. Propuestas de reforma a la ley desde el sector comunitario:

• La definición de los medios comunitarios debe ser planteada desde la autodeterminación y autodefinición de los mismos actores, es decir, de acuerdo al naturaleza, alcance, función social y enfoque de los medios comunitarios. No aceptamos la definición de medios ciudadanos por considerarlo excluyente.
• Adjudicación directa de autorización de frecuencias para medios de pueblos y nacionalidades, en cumplimiento del artículo 36 de la LOC, sobre el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.
• Creación de un nuevo régimen para entrega de frecuencias con requisitos diferenciados para medios alternativos. No estamos de acuerdo en concursos diferenciados pues margina la participación comunitaria.
• Implementación de un fondo de fomento estatal para medios comunitarios que incluya el 22% de publicidad estatal para aportar con la sostenibilidad de estos medios.
• Creación de la Defensoría del Público conformada por representantes de organizaciones sociales con experiencia en la comunicación, con el objetivo de ampliar la participación social y asegurar los derechos de las audiencias en la recepción de contenidos.

C. Lo que no debe constar en la ley por anticonstitucional y regresivo de derechos:

• Es inconstitucional la prórroga automática que demandan los medios comerciales. El 70% de estas frecuencias deben entrar a concurso público una vez que haya finalizado su período de administración.
• Debemos impedir la rebaja salarial, la flexibilidad laboral o cualquier otro tipo de precarización laboral de las y los trabajadores de la comunicación, por contravenir la Constitución y en cumplimiento del artículo 44 de la LOC.
• Impedir el monopolio de los medios de comunicación y la concentración de los poderes económicos para monopolizar dichos medios.

Sobre el último Informe de Contraloría respaldamos la necesidad de señalar la concentración de frecuencias y revertirlas a aquellos que de manera fraudulenta se han apropiado y usufructuado de ellas; no obstante, el concurso no debe deslegitimar la asignación a medios comunitarios, pues fue parte de las medidas de reparación histórica que ahora, a cuenta de desmonopolizar, puede implicar una regresión de los derechos de este sector.

Al finalizar la intervención de los participantes del sector comunitario, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó que la información escrita recibida en días anteriores ha sido clara y que está interesado en que el proceso discusión de la Ley en la Asamblea se transparente.

Nos mantendremos vigilantes frente a esta oportunidad histórica del acompañamiento de la CIDH para apoyar el proceso de formulación de una ley transformadora en términos de desmonopolizar, redistribuir y democratizar el espectro radioeléctrico, que es un recurso del pueblo ecuatoriano y no el privilegio de unos pocos.

Firman,

• CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
• CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador.
• CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
• ECUARUNARI
• Asociación de Docentes de la Facultad de Comunicación de la UCE.
• Asociaciones de Productores Audiovisuales Nacionales e Independientes
• Asociación de Comunidades Indígenas de Arajuno.
• APANAPSE, Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador.
• Lanceros Digitales.
• Afrocomunicación.
• APAK, Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas de Otavalo.
• CJE, Centro de Juventudes de Esmeraldas.
• Coalición de Comunicación y Medios Comunitarios.
• El Churo Comunicación.
• La Calle Habla.
• Movimiento Juvenil Contracorriente.
• Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.
• SIGNIS ECUADOR.
• ALER,Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular.
• ALAI, Agencia Latinoamericana de Comunicación.
• PRESSENZA, Agencia Internacional de Noticias por la Paz y No violencia.
• RADIALISTAS APASIONADOS Y APASIONADAS.