Por Orlando Milesi
IPS, 17 de julio, 2018.- La retención del agua de lluvia que se pierde en el mar podría ser una excelente medicina contra el avance del desierto desde el norte al centro de Chile, pero no hay voluntad política para efectuar las acciones requeridas para tomarla, según expertos y representantes de comunidades afectadas.
“Uno de los trabajos prioritarios, sobre todo en (la región de) Coquimbo, es el tema de la retención de aguas lluvias. Eso es clave porque si tenemos un suelo erosionado y degradado y tenemos eventuales lluvias en invierno, el suelo no es capaz de retener más allá de 10 por ciento del agua que cae”, afirmó Daniel Rojas, presidente de la comunidad agrícola de Peña Blanca.
“El resto se va hacia el mar”, agregó el dirigente social de esa organización productiva de 85 pequeños agricultores, ubicada a 385 kilómetros al norte de Santiago, que posee 6.587 hectáreas, un 98 por ciento de ellas de secano, regadas solo con agua de lluvia.
“Si la cantidad de recursos que pone el Estado para la distribución de agua con camiones aljibes se pusiera para hacer obras para solucionar el problema, se invertiría una sola vez y no todos los años incrementando un negocio. Porque esa distribución de agua es un negocio”: Daniel Rojas.
Rojas consideró que “si tuviéramos obras de retención podríamos usar entre 50 y 70 por ciento de esa agua y recuperar nuestras napas subterráneas”.
La región de Coquimbo, donde está Peña Blanca, dentro del municipio de Ovalle, tiene 90 por ciento de su territorio erosionado y degradado
Entre el 2000 y 2016, la superficie de frutales de Chile creció 50 por ciento, pero en Coquimbo disminuyó 22,9 por ciento, pasando de 35.558 a 27.395 hectáreas.
El agua es vital en Chile, una potencia agroalimentaria que el año pasado vendió al exterior 15.751 millones de dólares en alimentos y que es el primer exportador mundial de variadas frutas.
Según Rojas, hay consenso académico, social e incluso político sobre una solución que subraye la retención de aguas, “pero no se dan los recursos ni se dictan las leyes necesarias”.
Pedro Castillo, alcalde de la comuna (municipio) de Combarbalá, coincidió con Rojas.
“Por el gran centralismo que impera en nuestro país, la desertificación va a ser relevante una vez que el desierto esté tocando las puertas de Santiago”, aseveró a IPS la máxima autoridad de este municipio habitado por pequeños agricultores y criadores de ganado caprino.
Castillo cree que todos los proyectos “serán solamente buenas intenciones si no hay una inversión potente y decidida del Estado de Chile para frenar la desertificación”.
El alcalde afirmó que el avance del desierto se puede combatir invirtiendo en la contención de aguas, mediante “obras que no son caras”, como la construcción de zanjas de infiltración y diques de contención en las quebradas.
“Con cortinas interceptoras se puede optimizar (la captura de) el agua lluvia, recargar los pozos y disminuir el requerimiento de agua adicional que hoy se entrega a la población con camiones aljibes”, dijo.
“El costo de las cortinas interceptoras no supera los cinco millones de pesos (7.936 dólares) porque en las obras se usan materiales que existen en el lugar y no se requiere una gran ingeniería. Un camión aljibe que reparte agua cuesta al Estado unos 40 millones de pesos (63.492 dólares) cada año”, comparó Castillo.
Un tanque con agua de lluvia captada en la escuela Elías Sánchez, en el municipio de Champa, 40 kilómetros al sur de Santiago, que los alumnos decidieron usar para regar un vivero donde cultivan verduras, que instalaron al lado. Su ahorro hídrico mejora las napas que abastecen de agua a la población local. Crédito: Orlando Milesi/IPS
Propuso también frenar la desertificación forestando con especies nativas las superficies que entregan las comunidades agrícolas a la gubernamental Corporación Nacional Forestal (Conaf).
“En las forestaciones se replantan árboles nativos que toleran las lluvias escasas en este sector semiárido y además generan forraje para los campesinos del sector”, subrayó.
La región de Coquimbo representa la frontera sur del desierto de Atacama, el más árido de la tierra y con más reflejo solar, con 105.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en seis regiones del norte de este país alargado y estrecho, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
Este año en Peña Blanca, en extremo sur del desierto, han caído150 milímetros de lluvia, una cifra alta para el promedio de los últimos años.
Rojas plantea que “hay muchas cosas por hacer, no para detener totalmente el avance del desierto, pero sí para que lo hagamos más difícil”.
El dirigente social contó que en los encuentros tanto con académicos como con políticos hay acuerdo en el qué hacer, “pero eso no se ve reflejado cuando hay que crear una ley o poner recursos para hacer estos trabajos”.
Como un ejemplo de las situaciones que se producen, detalló el caso de un novedoso proyecto para la retención de agua de lluvia en forma subterránea, cuyo estudio y desarrollo obtuvo financiamiento, “pero no así la obra”. “
“Entonces, no sirve de nada. Las ideas hay que concretarlas con obras. Lo urgente es eso, menos estudios y más obras”, sostuvo.
Rojas criticó también que el Estado gaste “miles de millones de pesos” en la distribución de agua a los sectores rurales mediante camiones aljibes.
“Si la cantidad de recursos que pone el Estado para la distribución de agua con camiones aljibes se pusiera para hacer obras para solucionar el problema, se invertiría una sola vez y no todos los años incrementando un negocio. Porque esa distribución de agua es un negocio”, aseveró.
El geógrafo Nicolás Schneider, impulsor de lano gubernamental Fundación un Alto en el Desierto, dijo a IPS que en Chile “no se está haciendo una política pública en cuanto a herramientas, políticas concretas y disposición de recursos” para que no avance la desertificación en el país.
“Las alternativas exitosas son experiencias aisladas fruto del entusiasmo o de emprendimientos de grupos, pero no de una política estatal para detener este avance (del proceso de desertificación) acreditado a nivel científico”, afirmó.
Recordó al físico chileno Carlos Espinosa, inventor del atrapanieblas, un sistema también conocido como captanieblas cuya patente donó en los años 80 a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y que consiste en cosechar agua desde la niebla.
Esos atrapanieblas consisten en unas redes de mallas finas de un entretejido de alambres y fibras, conocidas como raschel, que se levantan en las laderas nebulosas para captar las gotas suspendidas de agua, que luego van por pequeñas canaletas hasta tanques de acopio.
Estos sistemas, cada vez más perfeccionados, aportan hace décadas agua para consumo humano y para riego en terrenos en general a partir de los 600 metros sobre el nivel del mar.
En la Reserva Ecológica Cerro Grande, de propiedad de Peña Blanca, la Fundación un Alto en el Desierto instaló 24 atrapanieblas y un centro de estudio de niebla.
“Allí el promedio diario de agua de niebla es de seis litros por metro cúbico de malla raschel y 35 por ciento de sombra. Dado que tienen una dimensión de nueve metros cuadrados, tenemos una superficie de captación de 216 metros, lo que da al día 1.296 litros de agua”, relató Schneider.
Detalló que “esta agua es utilizada principalmente para reforestación y restauración ecológica, elaboración de cerveza, bebedero de animales y cuando hay sequía severa para el consumo humano”.
“Además es un elemento educativo porque miles de niños han visitado los atrapanieblas convirtiéndolos en un aula al aire libre en contra de la desertificación”, subrayó.
Agregó que existe un gran potencial de niebla desde Papudo, en la costa central chilena, hasta Arica, en el extremo norte de este país, el cual no ha sido aprovechado en beneficio de las comunidades costeras que tienen problemas de acceso y calidad del agua.
Eduardo Rodríguez, director regional de Conaf en Coquimbo, dijo a IPS que todos los programas de esa corporación están orientados a la lucha contra la desertificación, incluido uno contra incendios forestales que cuentan ahora con mejores indicadores.
“Sin embargo, tenemos problemas en la forestación porque no contamos todavía con un instrumento de fomento que nos permita aumentar la forestación, reforestación y revegetaciones de una región degradada prácticamente hace siglo y medio”, admitió.
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Edición: Estrella Gutiérrez
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