Servindi, 5 de julio, 2018.- Una amplia red de instituciones ecuatorianas e internacionales condenan el clima de represión impuesto en la Parroquia de Molleturo por defender el agua y la tierra frente al proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A.
La actrividad minera afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Además, parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas.
Demandan a las autoridades ecuatorianas "garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo", detener la represión y desbloquear las vías de acceso para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos).
Las comunidades de Río Blanco y Cochapamba se encuentran aisladas y no es posible garantizar el ingreso de medios de comunicación para cubrir lo que sucede en la zona.
Los suscritos al pronunciamiento piden a las autoridades no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, y, por el contrario, cumplan su rol de proteger y garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Asimismo expresan su adhesión a la exigencia de las comunidades que piden la salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular.
En su calidad de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza se comprometen a estar vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las organizaciones locales y solidarizarse con los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el sur de Ecuador.
A continuación el pronunciamiento completo:
Frente a los graves hechos ocurridos en la Parroquia de Molleturo en EcuadorLas organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua. El proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Ecuagoldmining S.A., filial de la china Junefield Resources S.A., afecta aproximadamente 5000 ha. en la zona del páramo del Macizo del Cajas que fue declarado Reserva de la Biosfera de la UNESCO; además parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Cajas, lo cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas. Desde hace varios años las comunidades de la zona denuncian la afectación del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación, piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el Mandato Minero de 2008, que además ha generado división y conflictos socio ambientales entre los pobladores y con la empresa minera. La implementación de proyectos mineros en el territorio ecuatoriano ha significado graves violaciones de derechos colectivos, humanos y de la naturaleza. El Estado ecuatoriano no está cumpliendo su rol de garante de estos derechos y ha permitido que la empresa realice sus actividades en contra de la voluntad de la población, violando su derecho a la autodeterminación, consulta previa y ambiental. En este contexto, las comunidades de la parroquia Molleturo en el marco del ejercicio de su derecho constitucional a la resistencia, realizaron medidas de hecho para presionar la salida de la empresa minera de su territorio. Como respuesta el Estado ha dispuesto la intervención de la fuerza pública, que incluyen a grupos de fuerzas especiales (UMO), para reprimir la protesta social. Además, miembros de la seguridad privada y los propios trabajadores de la empresa minera han ejercido actos de violencia en contra de los pobladores y de quienes han intentado ingresar en la zona. Como resultado del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado y empresa, decenas de personas están siendo perseguidas, se ha provocado allanamientos de casas, detenciones arbitrarias, existen varias personas heridas y detenidas. Las vías de acceso fueron bloqueadas por los trabajadores de la empresa, lo cual impidió conocer lo sucedido en la zona y visibilizar los hechos de violencia que se generaron en contra de los pobladores. El 9 de mayo Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador), Mario Fárez y Víctor Hernández, dirigentes de la FOA (Federación de Organizaciones Indígenas y campesinas del Ecuador), fueron secuestrados por trabajadores de la empresa minera Ecuagoldinmining S.A. Junefield. Los tres dirigentes fueron retenidos en el automóvil en el que se trasladaban a la zona del proyecto Río Blanco, los agresores rompieron los neumáticos y amenazaron con prender fuego al vehículo con ellos dentro. Los tres secuestrados fueron agredidos e incomunicados desde las 07h30 hasta las 14h30 que fueron liberados. Rechazamos todo tipo de violencia puesto que la violencia no resuelve los problemas, por el contrario, los agudiza. Hacemos un llamado a todos los actores involucrados a buscar una solución pacífica a esta grave situación. Exigimos a las autoridades del Estado Ecuatoriano garantizar la vida e integridad de los moradores de la parroquia Molleturo, detener la represión contra los comuneros y comuneras que son defensores y defensoras del territorio, desbloquear las vías de acceso a la parroquia de Molleturo para garantizar la entrada segura a personal de atención a la salud y ayuda humanitaria (vituallas y alimentos), romper el cerco de aislamiento de las comunidades y garantizar la entrada de medios de comunicación en la zona para cubrir lo sucedido. Pedimos a las autoridades competentes no usar la fuerza pública para perseguir, reprimir y agredir a los habitantes de la zona, al contrario que cumplan con su rol de proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Nos Adherimos a la exigencia de las comunidades que piden salida de la empresa minera y la reversión de la concesión para cumplir con lo dispuesto por el Mandato Minero y consulta popular. Solicitamos a las autoridades locales y a las organizaciones de la Iglesia intermediar en el conflicto para evitar una mayor escalada de violencia en la zona. Como organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y parte de la comunidad internacional, nos comprometemos a estar atentos y vigilantes de lo que suceda en la zona, a difundir la información que se genere desde las Organizaciones locales y solidarizarnos con lo que están viviendo los defensores y defensoras en la parroquia de Molleturo en el Sur de Ecuador. Pedimos su adhesión solidaria y difusión.
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