Por Ilsen Jara*
IPS, 22 de junio, 2018.- Junto con Rodrigo Mundaca y Verónica Vilches, miembros del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), caminamos sobre el río La Ligua de la provincia de Petorca, en Chile.
Así es, junto a estos defensores del derecho al agua, caminamos con nostalgia sobre lo que fue el río que hace unos 20 años inundaba de alegría y vida a quienes disfrutaban de sus aguas.
La sequía en la provincia de Petorca es dramática y cruel. En 2015 un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos alertó sobre la situación hídrica y la violación de este derecho tan fundamental para los habitantes de Petorca.
El documento establece que la escasez de agua no solo estaría asociada al fenómeno de la sequía, sino que también a las actividades empresariales en la zona, especialmente al uso de los suelos en el intenso cultivo de paltos y cítricos.
La escasez de agua para las labores cotidianas y básicas de los habitantes de la provincia -principalmente de la zona rural de La Ligua, Petorca y Cabildo- desconcierta a tal nivel que cuesta entender cómo se permitió llegar a estas circunstancias.
Sin embargo, como si esta grave vulneración no fuera suficiente, personas de la zona que han alzado la voz en defensa del derecho al agua han sido hostigadas, amedrentadas e incluso amenazadas de muerte por su labor.
Amnistía Internacional ha sostenido en los últimos años que defender los derechos humanos en las Américas es uno de los trabajos más peligrosos, particularmente para quienes defienden los derechos relacionados a la tierra, el territorio y el medioambiente.
En Chile, miembros de Modatima han vivido en carne propia la intimidación por visibilizar y denunciar los conflictos por el agua en Petorca. El impacto de esto es devastador, tanto para su propio bienestar físico, mental y emocional, como también para el de sus familias.
“Muchos de los defensores medioambientales han perdido sus fuentes laborales, otros siguen encontrándose con obstáculos para acceder a un empleo, algunos han tenido que huir de la provincia, y los que se han quedado han tenido que aprender a vivir con el miedo constante”, nos detallan los integrantes de Modatima.
Verónica Vilches es una mujer amable, cálida y fuerte. Esto le ha permitido poner todo el coraje para enfrentar las intimidaciones de las que ha sido víctima. Ella desde 2015 es la presidenta del sistema de abastecimiento de agua potable rural de San José, comuna (municipio) de Cabildo, pero lleva casi 20 años movilizándose a favor de esta causa.
Verónica dedica entre cuatro y cinco horas del día a trabajar de manera voluntaria en un sistema de cooperativa de agua. Su trabajo -y el de otras personas comprometidas-permite abastecer de este recurso hídrico a más de mil personas de su comunidad.
“En la vida nos pueden quitar todo, menos el agua. Por eso estoy pendiente de que a ningún vecino o vecina le falte este elemento tan vital; por ellos es mi lucha”, nos relata Verónica mientras recorremos el río que nos sumerge en la añoranza de lo que fue este caudal hace dos décadas atrás.
Verónica contó a Amnistía Internacional que el año pasado personas no identificadas se estacionaron cerca de su casa y desde el interior de un vehículo sin patente, le gritaron todo tipo de insultos y amenazas.
En otra ocasión, el agosto pasado, Verónica recibió una llamada de personas que se identificaron como Policías de Investigaciones (PDI) de Santiago, diciendo que necesitaban conocer el funcionamiento del pozo que ella administraba para abastecer de agua a sus vecinos.
“Una vez que seis funcionarios de la PDI llegaron a la planta, me insistieron mucho a que hiciera funcionar el pozo y en cada momento tocaban sus armas, parecía que me querían confundir y atemorizar. Más tarde me dijeron que yo
-desde ese momento- pasaba a ser imputada por sustraer agua para la comunidad de San José y me hicieron firmar unos papeles”, nos relata, mientras nos muestra unos documentos que evidenciaban la existencia de esa visita.
Sin embargo, según las averiguaciones que ha hecho Amnistía Internacional en la Fiscalía Nacional, no existe registro de que se haya abierto nunca una causa en contra de Verónica Vilches.
Entonces ¿por qué la PDI habría ido a investigar a Verónica? ¿Qué objetivo tenía ese episodio? ¿Quiénes están detrás de este hecho? Con todo esto, la incertidumbre aumenta y la necesidad de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos se hace un imperativo que no podemos soslayar.
Mientras seguimos nuestro recorrido por las tierras de Petorca, Verónica nos cuenta que a veces se quiebra y llora, que en ocasiones no sabe si al salir de su casa va a volver con vida.
“Tenemos mucho dolor por no tener agua para el consumo humano, el agua es la primera necesidad de una persona”, nos dice.
Dicha necesidad es la fuente de motivación que la empapa de valor para seguir adelante, pese a los riesgos que eso puede significar.
“Tengo mucha fe en que un día los ríos volverán, que vamos a volver a tener nuestros animales, nuestros árboles frutales, nuestra leche… Creo que si hay voluntad de las autoridades esto puede cambiar”, añade.
Mientras caminamos por las calles de Petorca, una vecina desde su casa levanta su puño y grita unas palabras de apoyo a Rodrigo Mundaca, uno de los líderes más conocidos de la lucha por recuperar el agua. Rodrigo no la conoce, pero devuelve el saludo con una sonrisa de agradecimiento.
“Gestos como éste hacen entender que todo vale la pena”. Luego, añade que no todas las personas manifiestan públicamente su apoyo, pues “muchos tienen temor y prefieren no involucrarse”.
“Gente de la provincia de Petorca recibe agua en camiones aljibes, se bañan “por presas” y en situaciones de aguda escasez de agua han tenido que hacer sus necesidades en bolsas de plástico”, cuenta Rodrigo, quien empezó a denunciar la extracción ilegal de agua por parte de personas y empresas en 2012.
A consecuencia de ello, las autoridades abrieron cuatro causas penales en su contra.
Entre 2012 y 2014, Rodrigo nos cuenta que fue llamado a declarar 24 veces a tribunales distintos y en diferentes ciudades de Chile. “Durante esos dos años en que estuve yendo a tribunales sentí el claro intento de criminalizar y silenciar la lucha por el agua”.
En una de las causas lo condenaron a 61 días de prisión. Aunque la sentencia fuera suspendida, tuvo que acudir la ciudad de La Ligua a firmar mensualmente durante un año y pagar una multa de 140 mil pesos que, a través de una campaña, fue pagada en monedas de 1 peso.
En 2015, durante un viaje a Santiago, Rodrigo recibió una golpiza por la espalda por personas desconocidas.
Esto fue posterior a un reportaje de un medio danés que visibilizó la crisis del agua en la zona. Luego, el 28 de marzo del año pasado, recibió una llamada telefónica de una persona que no se identificó y que le amenazó de muerte si continuaba denunciando el conflicto hídrico de la provincia.
En muchos países, utilizar porfiadamente las leyes con el fin de criminalizar a los defensores de derechos humanos es tan usual como las campañas de difamación en su contra. “Somos estigmatizados y declarados enemigos del desarrollo, incluso nos han dicho extremistas, eso nos parece muy grave”, añade Mundaca.
Las personas defensoras denuncian y ponen en evidencia a quienes abusan de su posición de poder y autoridad.
Cuando se hostiga y desprestigia a los defensores y defensoras de derechos humanos, lo que se hace es intentar cultivar una evidente hostilidad hacia ellos, incluso -en ciertas ocasiones- al interior de sus mismas comunidades.
Amnistía Internacional ha documentado casos en diferentes países de América en que la retórica demonizadora en contra de estas personas la hacen ver como “terroristas”.
Estas afirmaciones pueden ser peligrosas, pues no sólo se intenta acallar a las personas que alzan su voz, sino también se intenta ocultar el conflicto que hay de fondo.
El Estado de Chile no puede seguir haciendo la vista gorda en esta situación. La labor de quienes defienden los derechos humanos no sólo es necesaria, sino además debe estar adecuadamente protegida. La valentía de los activistas medioambientales de Petorca les está llevando a un escenario en que día a día están asumiendo más y más riesgos.
Asumir el problema que viven estas personas y redoblar los esfuerzos para protegerlos es el primer paso que deben dar las autoridades. Sólo así se irá cimentando un ambiente seguro y propicio para quienes se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos humanos.
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*Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía Internacional Chile
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Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2018/06/defensores-del-agua-chile-empapados-valentia-amedrentados-lucha/
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