Servindi, 18 de marzo, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.
Mundo Indígena al 18 de marzo de 2018
Ley de cambio climático. El Congreso de la República aprobó la Ley Marco sobre el Cambio Climático que contribuirá a tomar medidas para la mitigación y adaptación a dicho fenómeno global.
De acuerdo a la congresista Tania Pariona, la norma incorpora la revaloración de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas para la mitigación y adaptación del cambio climático.
La herramienta legal establece principios y enfoques fundamentales para acciones de articulación, ejecución, monitoreo y evaluación frente a eventos de cambio climático, así como para la difusión de políticas públicas del mismo.
Resolución histórica. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA emitió una resolución en la que encuentra una relación entre los derrames de petróleo y la afectación a la salud de las poblaciones aledañas a dichos derrames.
La resolución recaída en el proceso administrativo sancionador por los derrames del Oleoducto Norperuano a principios del 2016 en Imaza y Morona, establece que existe un daño real y objetivo a la salud y la vida, producto de los mencionados derrames.
Para los especialistas Rocío Meza y Juan Carlos Ruiz, se trata de una resolución histórica porque sienta un precedente que permitiría imputar responsabilidad a Petroperú, así como romper el círculo de impunidad respecto a los derrames.
Los especialistas también destacaron que de esta forma se genera un precedente metodológico a partir de pruebas indiciarias, lo cual podría emplearse para casos futuros.
Titulación y DCI. Richard Rubio Cóndor, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Aidesep, manifestó su preocupación sobre el proceso de titulación de las comunidades nativas en el marco de la Declaración Conjunta de Intención (DCI).
“Espero que todo lo que estamos viendo en la DCI llegue a aterrizar. Ahora es muy teórico y con mucho discurso, por ejemplo, en el tema de control y vigilancia”, comento el líder en diálogo con Servindi.
Por ello Rubio Cóndor, elegido en diciembre de 2017 para integrar el Consejo Directivo Nacional de Aidesep aseguró que la participación de la población indígena es crucial para enfrentar los problemas de la titulación.
Como se recuerda el Perú se prepara para la implementación de la segunda fase de la Declaración Conjunta de Intención (DCI), por lo cual al concluir el mes de marzo, nuestro país deberá enviar a Noruega la versión final del plan de implementación de dicha fase.
Igualdad de género. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la parcial suspensión del enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica en el Perú.
La representación de ONU Perú indicó que ello atentaría contra nuestra propia normativa, políticas públicas y compromisos internacionales firmados para garantizar la equidad de género.
Para la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú, Elena Zúñiga, el enfoque de género aporta a construir relaciones pacíficas entre hombres y mujeres.
Interculturalidad. El Ministerio de Cultura anunció la creación del Consejo Regional de Cultura, Lenguas Indígenas e Interculturalidad en la región Junín.
Se trata de la primera instancia de este tipo a nivel regional y local que trabajará en base a componentes de cultura, lenguas indígenas e interculturalidad.
Dicho espacio de diálogo permitirá a quienes lo integren plantear y formular planes, políticas y proyectos en función a los componentes mencionados.
Rechazan “Ley Ushñahua”. Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en temas ambientales e indígenas piden la derogación de la Ley 30723, conocida como “Ley Ushñahua”.
Como se recuerda, la norma declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali.
Los especialistas aseguran que la norma atenta contra los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial pues la construcción de carreteras en sus territorios podría generarles graves enfermedades.
Percepción de la minería. Un estudio de opinión en las provincias del corredor minero del sur andino, revela un alto escepticismo de la población sobre los beneficios de dicha actividad extractiva.
El estudio indica que muy pocos creen en el discurso empresarial que dice que “la minería moderna no contamina”.
La investigación se hizo en ciudades importantes alrededor del corredor minero, donde operan empresas como Xtrata Antapacay, minera Constancia de Hudbay y el megaproyecto MMG Las Bambas.
El 93 por ciento de las personas encuestadas consideran que las empresas mineras de la región producen “mucho” o “algo” de contaminación, mientras que apenas 5,3 por ciento respondieron que “poco” o “nada”.
Derrames petroleros. La Defensoría del Pueblo exigió al Congreso de la República analizar y debatir el informe sobre las causas y responsabilidades de los derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano.
Como se recuerda, dicho informe encuentra indicios de corrupción y negligencia en la estatal Petroperú y muestra los impactos de los derrames en el ambiente y salud de las comunidades indígenas.
Tras los recientes derrames ocurridos en la selva norte, el organismo lamentó que Petroperú haya incumplido con adecuar las actividades de transporte de hidrocarburos.
Recomendó también que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente deben dirigir una estrategia para evitar los derrames.
Alimentación saludable. Organizaciones e instituciones rechazaron la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de la República de exonerar de un debate y de una segunda votación la modificación de la Ley de Alimentación Saludable.
La norma busca derogar el sistema de octógonos recomendado por la Organización Mundial de la Salud y reemplazarlo por el etiquetado semáforo de la industria de alimentos.
Dicho etiquetado advertía a los consumidores sobre la alta concentración de azúcar, sodio, grasas saturadas, entre otros componentes en los empaques.
Decreto favorable. Opiniones favorables recibe el Decreto 005-2018 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que excluye las rutas o tramos que se superpongan a las áreas protegidas y a las reservas indígenas y territoriales.
La norma exige que las nuevas vías cuenten con la compatibilidad del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
El decreto busca limitar la Ley 30723 o Ley Ushñahua, que declara de prioridad e interés nacional construir carreteras en zonas de frontera y mantener las trochas carrozables en la región Ucayali.
Lenguas originarias. Por unanimidad la Comisión de Educación aprobó el proyecto de ley 1781, el cual plantea declarar el 27 de mayo como el Día Nacional de las Lenguas Indígenas u Originarias, así como la creación de un fondo para su protección.
“Este predictamen permitirá la promoción y protección de las 47 lenguas indígenas u originarias utilizadas por 55 pueblos indígenas”, señaló la congresista Tania Pariona, impulsora de esta iniciativa.
La parlamentaria señaló que pese a otros precedentes en favor de las lenguas indígenas remarcó la existencia de una discriminación lingüística, reflejada por ejemplo, en la carencia de maestros interculturales bilingües en las escuelas rurales.
Cabe destacar que el año 2019 ha sido declarado como el Año Internacional de las Lenguas Originarias por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora la propuesta aguarda su discusión en el Pleno del Congreso.
Estreno ambiental. El 22 de marzo se estrenará el documental “La vida no vale un cobre”, de la productora Hiperactiva Comunicaciones.
El audiovisual describe los 35 años de contaminación ambiental causada por la minería, ocasionando desplazamiento de comunidades y pobreza.
A través de diferentes plataformas y formatos muestra la falta de políticas públicas para proteger la salud de los campesinos en las zonas donde ahora opera la mina suiza Glencore.
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