Nueva Ley del Despojo podría aprobarse el 9 de noviembre

El Proyecto de Ley 1718, nueva Ley del Despojo, que tiene como objetivo favorecer el acceso a tierras a los proyectos de inversión en tierras de las comunidades campesinas y nativas y agricultores familiares, puede ser aprobado en el Pleno del Congreso este jueves 9 de noviembre.

Servindi, 8 de noviembre, 2017.- La sesión plenaria del Congreso a realizarse el jueves 9 de noviembre podría aprobar el dictamen del Proyecto de Ley 1718/2017-PE, calificada por las comunidades y organizaciones de la sociedad civil como nueva Ley del Despojo.

La iniciativa se presentó el 28 de julio por el gobierno y amenaza la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y posesión no solo de las comunidades campesinas y nativas sino también de millones de pequeños propietarios, agricultores familiares y de cualquier ciudadano.

El proyecto permite expropiar cualquier propiedad si existe interés de un proyecto de inversión en ellos. Cuenta con los dictámenes favorables de la Comisión de Economía y Comisión de Descentralización, y su aprobación es inminente.

Debilitará los derechos de propiedad al facilitar los procedimientos para sanear, adquirir y expropiar tierras y otorgarlas a los proyectos de inversión, ahora denominados “obras de infraestructura priorizadas”.

El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores, sostiene el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.

Al hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política y las normas referidas a la materia. La inversión privada y pública es necesaria en el país, pero esta inversión debe respetar los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas.

El Proyecto de Ley 1718 es considerado por las organizaciones indígenas y agrarias del Pacto de Unidad como una nueva versión del DL 1333, el cual fue derogado por el Congreso de la República, en mayo de 2017. Sin embargo, el Poder Ejecutivo observó la derogatoria y sigue vigente.

El Pacto de Unidad, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se han pronunciado demandando el archivamiento de la iniciatriva legal.

Coinciden en que ambas continúan con la normatividad dictadas por el gobierno de Ollanta Humala, que bajo la justificación de reactivar la economía flexibilizaron los procedimientos de acceso a la tierra, como fue el caso de la Ley 30230 y el Decreto Legislativo 1333, conocida como la Ley del Despojo.

APIP: caos territorial

El Proyecto de Ley 1718 insiste en crear el Proyecto Especial de Acceso a Obras de Infraestructura Priorizados (APIP), impulsado por PROINVERSIÓN, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es decir, se crea una institución sin experiencia en saneamiento, adquisición y expropiación solo con la finalidad de acelerar los proyectos de inversión.

Al APIP se le otorga competencias que se superponen a otras instituciones encargadas de la formalización de la propiedad, como son el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), los gobiernos regionales o la Superintendencia Nacional de Recursos Públicos (SUNARP).

Como lo advierten analistas como Luis Hallazi la nueva institucionalidad pro inversión ocasionaría mayor caos del que ya existe actualmente en el ámbito rural, específicamente en lo que concierne al territorios de comunidades y pequeños propietarios.

“Además de la falta de demarcación y georreferenciación, conflictos de colindancia y superposición de derechos, entre otros, traerá nuevos conflictos sociales y territoriales a los ya existentes”, afirma Luis Hallazi, coordinador del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú.

Intrusión y explotación

La trampa del proyecto en cuestión está en denominar “predio” a la tierra y al territorio de las comunidades, quitándole los atributos característicos de estos conceptos. De esta manera amenaza a más de diez mil comunidades campesinas y nativas que existen en el país.

Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), considera que esta norma afecta los derechos territoriales de los pueblos indígenas y debió pasar por un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

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Esta nota se basa en el Informe Jurídico sobre el Proyecto de Ley 1718-2017-PE elaborado por Luis Hallazi, Coordinador del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú. Accede al informe con un clic en el siguiente enlace: