A 10 años de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, si bien hay logros alcanzados, los sectores extractivos también se han fortalecido frente a estos avances y colisionan, sostuvo la investigadora Stephanie Rousseau.
Por Patricia Saavedra
Servindi, 13 de setiembre, 2017.- Exactamente hoy se conmemora una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), tras un esfuerzo de más de 20 años.
El resultado: un documento exhautivo que apunta a ser un marco para el tratamiento de los derechos indígenas, en favor de la eliminanción de las violaciones a los derechos humanos que sufren estas poblaciones.
A 10 años de la declaración, la docente e investigadora en temas indígenas Stephanie Rousseau nos comenta acerca de los avances alcanzados como también de los desafíos pendientes.
Para ella, si bien hay un reconocimiento de los derechos indígenas, paralelamente ha ocurrido también un empoderamiento de los sectores extractivos y sus derechos, fortaleciendose a grandes niveles y en diversos espacios de poder.
—¿Qué nos está dejando la DNUDPI frente a una situación en el mundo donde, por ejemplo, permanentemente se atenta contra la vida de los defensores indígenas del territorio?
Creo que ha habido muchos avances, sobre todo a nivel normativo, es decir, a nivel de las constituciones, las leyes y las políticas. Sin embargo, pese a que hay todo un marco normativo muy desarrollado ahora, este marco va en paralelo con otro marco normativo que protege a los actores económicos que justamente tienen actividades que chocan directamente con la realidad de la vida, la sobrevivencia y el desarrollo futuro de los pueblos indígenas.
Esa es la contradicción que vivimos y que se expresa en la muerte, persecución o criminalización de los dirigentes indígenas, porque, obviamente, las grandes corporaciones y empresas tienen la capacidad de manipular a la policía, el sistema judicial, los políticos, a los ministros incluso, para que eventualmente estas contradicciones no terminen perjudicándoles sino terminen perjudicando a los pueblos indígenas. Creo que es un largo proceso donde hay que reconocer los avances que son muy importantes.
Hay, dentro de todo, más acceso al espacio público para las personas campesinas o indígenas del que había hace 20 o 30 años.
—¿Cómo considera la participación indígena en los espacios políticos?
Por ejemplo, en el Perú antes del 2006 o incluso un poco antes no había un congresista indígena. Esto hace 20 años no era posible y no había congresistas que se auto identificaran como indígenas, y estos congresistas enfrentan muchos obstáculos. Pienso que esto es revelador de una transformación en la sociedad. Hay un espacio que se ha creado para un mayor reconocimiento e igualdad aunque hay mucho que mejorar.
—Qué es diferente o es mejor, por ejemplo…
Tiene que ver con muchos cambios, como en la educación. Es cierto, hay muchos problemas en la educación en Perú, pero hay más acceso y algunos avances en la Educación Intercultural Bilingüe. Hay, dentro de todo, más acceso al espacio público para las personas campesinas o indígenas del que había hace 20 o 30 años. Y esto se refleja, o se combina mejor dicho, con estos avances que tienen que ver con el Convenio 169 y con la declaración de la ONU.
Ellos [los sectores extractivos] sí se han empoderado tremendamente con el marco del derecho internacional que garantizan sus inversiones, les protege a través de los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales, entonces, es sumamente difícil porque ellos tienen muchísimo más poder tanto legal, como económico y político.
—Sin embargo, los derechos continúan vulnerándose...
El problema está en esa contradicción, ese choque con los derechos y los privilegios que han adquirido los sectores sobre todo extractivos, desde los años noventa básicamente. Ellos sí se han empoderado tremendamente con el marco del derecho internacional que garantizan sus inversiones, les protege a través de los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales, entonces, es sumamente difícil porque ellos tienen muchísimo más poder tanto legal, como económico y político.
—¿Quién es responsable de esto?
Por lo tanto, yo no culparía al aparato que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, sino más bien a cada Estado y a cada clase política. Creo que mucho tiene que ver con las debilidades de la izquierda partidaria, sus dificultades de renovación en muchos países, y también sus alianzas, cómo decirlo, “medio precarias” con las organizaciones indígenas. Vimos el caso de Ecuador donde el gobierno de Correa muy rápidamente se alejó de muchas organizaciones indígenas porque su agenda chocaba, entonces ahí hay mucho que decir.
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