Por Antonio Peña Jumpa*
El año 1987 doña Angélica Mendoza de Ascarza participó al lado de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en una de las más notarias manifestaciones que develaba en Lima la situación de cientos de casos de detenidos-desaparecidos ocurridos hasta esa fecha en la región de Ayacucho. Tuve oportunidad de realizar mis prácticas en Derechos Humanos por aquella fecha y pude conocer personalmente a doña Angélica, y conocer su compromiso de madre activista defensora de los Derechos Humanos.
Quechua-hablante de nacimiento, pero conocedora del castellano y de las instituciones estatales como el Ministerio Público y el Poder Judicial, doña Angélica sabía muy bien que la lucha que había emprendido por los detenidos-desaparecidos era muy difícil. Ella, como sus colegas madres de la ANFASEP, sabían que los cuarteles de la región de Ayacucho retenían a muchos jóvenes detenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas del Orden. Ella también sabía que muchos de esos jóvenes fueron torturados y luego desaparecidos como escarmiento para evitar que otros jóvenes simpatizaran con los grupos subversivos que se habían organizado en la región y estaban reproduciendo actos terroristas. Sin embargo, doña Angélica siempre se resistía aceptar que su hijo, secuestrado a los 19 años de edad desde su domicilio el año 1983, sea uno de aquellos jóvenes. Estaba convencida que no había alguna razón para su detención-desaparición y que aún se encontraba en el cuartel y con vida.
Por la misma fecha, en las instituciones públicas y organizaciones privadas de Lima y el Perú en general no comprendíamos ni aceptábamos el significado de la situación de las personas detenidas-desaparecidas. La figura del derecho penal más próxima era la de “secuestro”. Pero este tipo penal resultaba limitado ante el desborde criminal de la detención-desaparición que conducía regularmente a la muerte. El móvil de un secuestro es el interés privado, mientras el móvil de una detención-desaparición se relacionaba con un aparente interés público, la seguridad nacional, garantizada por una política secreta de Estado.
Sin embargo, la más grande incoherencia se podía encontrar en los políticos, académicos y juristas peruanos de la época. Justo un semestre antes de mis prácticas en Derechos Humanos, tuve oportunidad de matricularme como estudiante universitario en un curso electivo del mismo nombre. El curso estuvo dirigido por un profesor muy conocido en temas de organismos no-gubernamentales. Lo incoherente o contradictorio fue que durante el semestre de clases no se trató el tema de los detenidos-desaparecidos del Perú, y, particularmente, de aquellos detenidos-desaparecidos en los andes del país que para aquella fecha ya sumaban 4,000 casos.
Doña Angélica y sus colegas madres víctimas fueron en la práctica mis maestras. Conversar con cada una de ellas aprovechando sus denuncias, sus reclamos y las visitas de seguimiento a sus trámites ante las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial de Lima, significada conversar con cada experiencia de detención-desaparición que se encontraba ya documentada y con denuncia a nivel internacional.
Lamentablemente a fines del año 1988 no pude continuar recibiendo esa formación desde la realidad y el dolor de dichas madres. Las confrontaciones subversivas y contrasubversivas se acentuaron y los organismos de Derechos Humanos del Perú también resultaron víctimas. Pero, doña Angélica, comprometida en la defensa de los Derechos Humanos por el amor a su hijo desaparecido, continuó mostrando su caso en distintas partes del Perú y el mundo, al lado de las otras madres víctimas, para denunciar los abusos y reclamar la aparición de los jóvenes desaparecidos. Su caso fue emblemático en el informe de la Comisión de la Verdad del año 2003, el mismo que permitió reabrir casos judiciales que condujeron al juzgamiento de un grupo de militares responsables de esas detenciones-desapariciones. Finalmente, doña Angélica consiguió que el 18 de agosto de 2017, tras doce años de juicio, se logre condenar a los autores directos de la desaparición y muerte de su hijo y de otros jóvenes.
Doña Angélica Mendoza de Ascarza falleció el 28 de agosto de 2017, pero su grandeza de madre defensora de los Derechos Humanos está viva. Ella seguirá siendo un ejemplo de amor, paciencia y justicia.
Lima, 30 de agosto, 1ro. de Setiembre de 2017.
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* Antonio Peña Juma es Profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado y magister en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.
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