Servindi, 4 de setiembre, 2016.- La sentencia condenatoria dictada contra diez ex miembros del Ejército Peruano, cinco de ellos oficiales, por la matanza de 71 personas civiles, la mayoría mujeres, ancianos y niños, fue saludada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ybel Washington Office on Latin America (WOLA) .
La sentencia fue dioctada la madrugada del 1 de setiembre de 2016 luego de casi seis años de juicio oral y luego de 31 años de ocurrido el brutal crimen en la comunidad campesina de Accomarca, en Ayacucho, durante el conflicto armado interno que asoló al Perú en la década de 1980.
La Coordinadora Nacional y WOLA expresaron su reconocimiento y satisfacción por la sentencia "por su carácter ejemplar y reparador hacia los familiares que por tantos años han buscado superar la impunidad que ha rodeado este caso".
La Coordinadora Nacional y WOLA también manifestaron su admiración para con los sobrevivientes de la masacre de Accomarca así como los familiares de los que fueron asesinados el 14 de agosto de 1985.
"Su perseverancia y resiliencia han logrado que el Poder Judicial dicte una sentencia ejemplar y reparadora, que nos encamine hacia la reconciliación como país" indican.
Ambas entidades destacan que la sentencia condena "no sólo a los ejecutores directos del crimen, sino también a los oficiales que planificaron y ordenaron la masacre y su posterior encubrimiento".
Considera que el fallo es trascendental porque la justicia peruana reconoce que el crimen "no fue un acto aislado producto del estrés de algún agente en particular" sino que demuestra la responsabilidad penal de los altos mandos que integraron el Estado Mayor de la Segunda Región Militar.
También reconoce que la masacre constituye una ‘grave violación a los derechos humanos compatible con delitos de lesa humanidad. En consecuencia los condenados recibieron sentencias que varían entre 23 y 25 años para los oficiales, y a diez años para los que no eran oficiales.
Seis acusados fueron encontrados no culpables, entre ellos el General EP José Williams Zapata. Once militares imputados en el caso están en calidad de fugitivos; la Sala ordenó su captura y la realización de un nuevo juicio una vez se efectúe las capturas.
Imagen: Primerapáginaperu
Piden capturar a prófugos
Las entidades de derechos humanos demandan al Ministerio del Interior ordenar de inmediato la orden de captura de los nuevos condenados a fin que cumplan la pena dictada en la sentencia.
El siniestro Telmo Hurtado no es el único culpable sino también los altos mandos que planificaron, ordenaron y luego encubrieron la masacre.
Recuerdan que con la excepción de Telmo Hurtado —el único acusado que ha estado encarcelado a lo largo del proceso judicial— los demás condenados no se presentaron a la lectura de sentencia.
"Eso nos resulta extraño debido a que ellos han estado asistiendo las audiencias desde que se inició el juicio en noviembre de 2010. No es la primera vez que se produce una situación así" indican en un comunicado de prensa.
También invocan a las autoridades judiciales reflexionar sobre la necesidad adoptar medidas que prevengan la elusión de la ley de esta manera.
Lecciones por aprender
La CNDDHH y WOLA creen que el caso es una oportunidad para que el Poder Judicial reflexione sobre las implicancias perjudiciales de las dilaciones innecesarias que sufrió este proceso, y que no es caso único.
Desde que se inició el juicio oral en noviembre de 2010, "este demoró cinco años y diez meses, debido a las actuaciones dilatorias de la defensa, la complacencia de la sala hacia los imputados, y la tardanza recurrente de la misma sala".
El abuso y maltrato se hizo evidente cuando se citó a la lectura de sentencia a las 11 am del 31 de agosto, pero sin ninguna explicación de la Sala, la lectura se inició a las 7:30 pm y culminó en la madrugada del día siguiente.
"Es un derecho de los familiares y de los mismos imputados de tener un juicio oral justo y eficaz. Por lo tanto exigimos que el Poder Judicial adopte medidas para asegurar que los otros casos de graves violaciones de derechos humanos no sufran los mismos obstáculos innecesarios" indican las entidades de derechos humanos.
Por último, llamaron la atención del Poder Judicial por restringir de forma innecesaria y aduciendo "razones de seguridad" el acceso a la audiencia a familiares de las víctimas, público, observadores de organismos de derechos humanos, así como la prensa nacional e internacional.
Recuerdan que de acuerdo a la legislación nacional las audiencias en los juicios orales son de carácter público, por lo que la restricción fue irregular y limitó la transparencia de procesos legales de interés público.
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