Servindi, 24 de mayo, 2016.- Organizaciones y comunidades que conforman el Parlamento de Naciones Originarias de Argentina expresaron su rechazo al Decreto presidencial Nº 672/16 que crea el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas por haber sido elaborado y aprobado sin participación de los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas.
Indican que la norma vulnera el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se trata de un caso de abuso de poder cometido esta vez desde la misma presidencia. Además, ignora las demandas fundamentales formuladas por los pueblos oroginarios en las últimas décadas.
Puntualizan que el decreto no respete el Convenio 169 que en su artículo 6, sostiene que "los gobiernos deberán a) consultar a los pueblos, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Las organizaciones exigen la derogación del Decreto y “que se cumplan los pasos que la Constitución Nacional, las leyes y la jurisprudencia exigen. En caso contrario se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales a nivel local e internacional.
Los suscritos del documento manifiestan que el Decreto Presidencial Nº 672/16 generará enormes perjuicios al interior de los pueblos indígenas ya que se trata de un nuevo órgano que se superpone con otros órganos satélites del Estado creados en el anterior gobierno.
Urgentes demandas ignoradas
Entre las demandas desatendidas se encuentra el tratamiento de la Ley de Propiedad Comunitaria de la Tierra y el derecho al Consentimiento, Libre, Previo e Informado a través de la realización de la consulta previa que el gobierno está obligado a realizar cuando adopte medidas que afecten a los pueblos originarios.
El decreto que supuestamente busca atender la emergencia indígena en la actual coyuntura soslaya la mayor amenaza a los territorios indígenas, como son los impactos de las industrias extractivas, entre estos los derivados del fracking, la megaminería, el monocultivo de la soja.
Asimismo, la deforestación o desmonte, el desplazamiento de comunidades, el desalojo, la judicialización y los agrotóxicos.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Consejo Plurinacional Indígena, la Coordinadora del Parlamento Mapuce Chewelche de Rio Negro, la Mesa de Pueblos Originar la ios de la Provincia de Buenos Aires y CABA, Qullamarka Coordinadora de Comunidades y organizaciones Kolla de Salta.
Asimismo, la Unión Indígena del Norte de Salta (UNIS), la Comunidad Indígena de Ojo de Agua de Yavi, la Coordinadora Región Sur América del Enlace Continental de Mujeres Indígenas, y la Organización Social Indígena General Pueyrredón (OSPI), entre otras.
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