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Mientras en Perú la tendencia es a flexibilizar la legislación ambiental, en Europa la mayoría de países han modificado sus leyes para endurecer sus penas. Un ejemplo es España, donde el incumplimiento de una Evaluación Ambiental implica multas millonarias y hasta la paralización de las operaciones.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi, 14 de enero, 2016.- Las evaluaciones ambientales son un tema que en los últimos años se ha tratado con polémica en el Perú. Y es que muchas de las compañías extractivas han infringido en diversas ocasiones sus propios Estudios de Impacto Ambiental (EIA), sin que esto represente algún tipo de alteración en sus funciones.
Esto debido, en gran medida, a las trabas que se suelen poner para el ejercicio de las funciones y las limitaciones en la labor de OEFA, órgano encargado de revisar y sancionar los incumplimientos o infracciones ambientales.
En ese sentido, no vendría mal revisar cómo es que se llevan a cabo las sanciones por infracciones ambientales en otros países. Uno de ellos es España, donde en los últimos años se reformuló la escala sancionadora para las empresas que incumplan con las evaluaciones ambientales.
Endurecimiento
Mientras en Perú la tendencia es a flexibilizar la legislación ambiental, en Europa se está dando una corriente de endurecimiento. Esto debido al impulso protector para con el medioambiente surgido desde el propio Parlamento Europeo y que ha repercutido en cambios y mejoras dentro de las leyes de cada país.
En España, particularmente, en el 2013 se aprobó una reformulación de la denominada Ley de Evaluación Ambiental, la misma que implicó el reforzamiento de las sanciones. Cabe mencionar que esto forma parte de un régimen sancionador distinto al ya impuesto por las infracciones o delitos ambientales.
En esta caso en particular, el incumplimiento de una evaluación ambiental en España implica no solo una sanción monetaria, con el pago de una multa que puede ir desde los 24 mil euros la más leve hasta los 2 millones 404 mil euros la más grave, sino la paralización de las operaciones.
Es decir que las compañías que incumplan con dicha norma podrían ver paralizadas sus operaciones entre un año, en los casos más leves y hasta tres años. Esto último sin implicar algún tipo de modificación al tiempo de concesión de algún proyecto extractivo.
Dato:
En España el órgano encargado de revisar las condiciones ambientales es la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, institución independiente y sin fines de lucro.
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