Perú: Comisión atenderá situación de pobladores de Juprog afectados por metales pesados

Mesa de diálogo de comunidades afectadas por Antamina se desarrolló en el Hotel San Blás de Miraflores. Foto: Pablo Salazar

- Representantes comunitarios sostendrán una reunión con funcionarios de la Oficina de Descentralización del MINSA el próximo 28 de octubre en Lima. 

Servindi, 16 de octubre, 2015.- Luego de varias horas de diálogo entre funcionarios del Estado y pobladores del distrito ancashino de San Marcos, se conformó el 15 de este mes una comisión que abordará la situación de salud de los habitantes de la comunidad de Juprog, afectados por las operaciones de la empresa minera Antamina. 

La comisión estará conformada por representantes de los cuatro sectores de Juprog -Juprog, Chipta, Pilluyacu y Bado-, así como por el alcalde de San Marcos, un representante de la Dirección Regional de Salud de Áncash, dos representantes de la empresa minera y dos representantes de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Huari (AMUCEPS).

Desde hace más de tres años, pobladores de la zona de influencia de Antamina vienen sosteniendo mesas de diálogo con el Estado y la empresa. Sin embargo, a decir de los pobladores, en temas como salud se ha avanzado muy poco.

"Desde el 2012 tenemos conocimiento de que la contaminación es real y, sin embargo, no se llega a nada concreto", sostuvo Pablo Salazar Solís, presidente del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ambiental de San Antonio de Juprog.

El dirigente criticó que a la fecha el gobierno no haya sido capaz de determinar el origen exacto de la contaminación.

La propuesta de creación de la citada comisión fue presentada por la representante de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Olinda Paz, quien estuvo a cargo de la reunión.

Luego de un breve intercambio de opiniones, la propuesta fue bien recibida por los asistentes, entre los que se encontraban presidentes de centros poblados, tenientes gobernadores, agentes municipales y líderes sociales, entre otros.

Documental publicado por Servindi en 2011 que da cuenta del daño que la empresa minera le estaría causando a la población de Juprog.

Las fuentes de la contaminación

El diálogo entre Estado y las comunidades se desarrolló como parte de una cita plenaria de la Mesa de Trabajo Ambiental -existe otra de Proyección Social-. Allí hicieron su presentación representantes de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Salud (MINSA).

Se cuestionó que a la fecha DIGESA no haya hecho un monitoreo de agua, aire y suelo en la zona, pese a que estaba programado para agosto.

Ante la insistencia de los dirigentes locales, se acordó que este monitoreo se realizará la primera semana de noviembre.

Por su parte, ANA informó que para este año, entre agosto y setiembre, se han monitoreado 48 puntos - 11 ubicados dentro de Juprog-. Los resultados se conocerán la última semana de noviembre y serán difundidos en tres centros poblados.

El representante del OEFA dio alcances sobre el primer monitoreo realizado este año, el cual no pudo mantener su categoría de participativo -como recientemente lo establece la ley- ya que los pobladores no permitieron el ingreso de la empresa.

Los resultados de este monitoreo que se hizo sobre aire, agua, suelos y sedimentos, se conocerán en algunas semanas. Si bien este organismo goza del reconocimiento de los dirigentes, la situación cambió cuando llegó el turno del representante del MINSA.

Según relataron algunos dirigentes, las propuestas de este sector no los dejaron conformes ya que no son más que planes de acción a futuro.

"Una campaña médica no va solucionar el problema de salud. Hay personas enfermas graves", sostuvo Dimas Díaz del sector de Bado, comunidad de Juprog.

No obstante, los ánimos se calmaron con la propuesta presentada por la representante de la ONDS de formar una comisión con la tarea de definir y planear acciones puntuales a fin de brindar atención inmediata a los habitantes de Juprog que se encuentren graves.

Encuentro en Lima

Una vez que las funciones de dicha comisión quedaron definidas, se estableció que sostendrá una reunión con la Oficina de Descentralización del MINSA el próximo 28 de octubre a las 9 de la mañana en Lima.

Critican accionar de empresa

La mesa de diálogo incluyó varias críticas a la empresa minera y algunos dirigentes la acusaron de contratar policías para atemorizar a la población y al propio OEFA.

Según explicó Salazar Solís, el 28 de agosto 22 policías llegaron hasta la zona de la laguna Shauango supuestamente contratados por Antamina.

Esto se dio en el marco de los monitoreos que se realizaban en dicha área. "Hay hostigamiento y militarización por parte de la empresa", sostuvo.

En ese sentido, pidió que la presencia policial sea reportada en los informes elaborados por los organismos del Estado.

Complejo polimetálico

Antamina es un complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo ubicado en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, Región Ancash, a una altitud promedio de 4300 msnm.

Es una de los mayores productoras de concentrados de cobre y zinc del Perú y una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen. Los accionistas  son BHP Billiton de Australia (33.75%), Glencore de Suiza (33.75%), Teck de Canadá (22.5%) y Mitsubishi Corporation de Japón (10%).

Según un artículo del periodista Frank Bajak publicado en 2014, los 15 mil habitantes de San Marcos, el distrito donde se explota la mina, no cuentan con un hospital ni con una planta de tratamiento de aguas. Casi un tercio de los niños sufren desnutrición crónica, el doble del promedio nacional.

Al mismo tiempo, la empresa giró utilidades por US$1400 millones el año concluido en junio de 2013.

Un ducto de 302 kilómetros transporta los concentrados desde los Andes al puerto de Punta Lobitos, en la provincia de Huarmey, para su procesamiento en el exterior. En agosto de 2012 se rompió el ducto y unos 350 pobladores (al menos 69 niños) resultaron intoxicados por el derrame.