Servindi, 9 de octubre, 2015.- La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y los obstáculos provocados por el gobierno peruano para su implementación continúan siendo una seria debilidad para disminuir la conflictividad social en el país.
Así lo sostuvo Álvaro Campana, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, durante su intervención en la mesa “Injerencia de la flexibilización de salvaguardas del Banco Mundial en las políticas, territoriales, ambientales y sociales del Perú”.
Dicho evento se realizó en el marco de la Plataforma Alternativa Desmintiendo el Milagro Peruano que se desarrolló esta semana como evento paralelo a la junta anual de gobernadores del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Dando como ejemplo el caso de Cajamarca, Campana explicó que es importante la intervención de los gobiernos descentralizados -regional y local- para el POT, ya que con el ordenamiento puede cambiar el modelo de desarrollo primario exportador.
“Si nosotros queremos avanzar realmente a un modelo de diversificación productiva económico consideramos que los gobiernos descentralizados también juegan un papel fundamental y el enfoque territorial en ese sentido se vuelve central”, dijo.
No obstante, Campana explicó que las trabas instauradas por el gobierno de Ollanta Humala a través de la ley 30230 crearon dificultades para desarrollar los siguientes pasos luego de los diagnósticos de zonificación geológica y económica.
“Luego de varios años y una gran inversión de recursos para poder elaborar los diagnósticos, de repente aparecen nuevas normas que plantean que necesitamos aún más requisitos (…) El problema es que estos nuevos estudios especializados no están claramente pautados”, señaló.
El papel del BM
Por otro lado, Javier Jahncke, gerente de Red Muqui señaló que estas medidas del gobierno tendrían su origen en las modificaciones de las salvaguardas del Banco Mundial para las inversiones de proyectos extractivos en el país.
“Los desniveles de regulación que se generaron con los paquetazos normativos desde el 2013 están vinculados con la flexibilización mundial de los estándares sociales y ambientales impulsados por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, indicó.
Jahncke mencionó que desde el gobierno de Alan García, el BM y el FMI impulsaron tres veces más proyectos de actividades extractivas antes que proyectos de salud o educación.
“En la práctica el BM está invirtiendo para ganar dinero, y no para mejorar la vida de las personas, que supuestamente es una de las condiciones de la existencia del Banco en apoyo de los países como el Perú”.
Caso Cajamarca
A su momento, Sergio Sánchez, titular de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA) del Gobierno Regional Cajamarca (GORE Cajamarca) contó cómo fue el proceso que se intentó seguir con el Plan de Ordenamiento Territorial.
Sánchez inició comentando el gran potencial hídrico e hídrico energético que tiene Cajamarca. Además explicó que el 65% de los cajamarquinos vive en zonas rurales, y el 55.8% desarrolla trabajos agrícolas, ello explicaría la importancia del recurso agua para esta actividad.
Estas razones motivaron a que el 2007, se lleve a cabo el Proceso de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) como parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), a través de una Comisión Técnico Regional, cumpliendo las normas del Ministerio del Ambiente (MINAM).
“El ministerio te da normas pero no te dice nunca cómo debes hacerlo. Sin embargo, lo importante ha sido el proceso que fue de forma participativa, siempre contando con las 13 provincias”, comentó.
Sánchez relató que durante las primeras cuatro fases del proceso -Preliminar, Generación de Información Temática, Análisis, Evaluación- no tuvieron muchos problemas. Recién con la etapa de Validación en el 2010, los grupos privados comenzaron a alertarse.
“Cuando vieron que comenzamos a integrar toda la información y salir a las provincias, ahí comenzó el problema, porque es ahí donde también participan las empresas. Ellos creen que el proceso ZEE es un riesgo para sus inversiones”, refirió.
De acuerdo con Sánchez, las empresas asociadas en el consorcio Grupo Norte comenzaron a interferir en el proceso a través de sus influencias en el Poder Ejecutivo muestra de ello es la ley 30230 (Capítulo III, Medidas para la promoción de la inversión en materia ambiental, artículo 22).
El funcionario de GORE Cajamarca explicó que esta norma menciona que el Ordenamiento Territorial deberá ser aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.
Asimismo, en mayo de 2013, se asignó dos procesos más luego del Zonificación Ecológica Económica, previos a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial.
Finalmente, Sánchez resaltó que el proceso de POT sigue en espera ya que los dos nuevos pasos no tienen una guía del Estado por lo que están viendo seguir Planes de Acción Territorial (PAT) con el Ministerio de Vivienda.
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