Marco Arana habló claro y directo frente a empresarios mineros

Foto: diario Correo

- En conferencia magistral "Por un Perú social y ecológicamente justo" sostuvo que la represión no es el camino para los nuevos proyectos mineros. La minería no puede avanzar violando los derechos humanos, afirmó pre candidato presidencial.

Servindi, 26 de setiembre, 2015.- El líder ambiental Marco Arana, acusado por la el empresariado minero de ser el principal instigador de los conflictos antimineros, decidió tomar al toro por las astas y habló claro y directo en la convención minera Perumín 2015.

El precandidato presidencial del Frente Amplio brindó la conferencia magistral Por un Perú social y ecológicamente justo, en el que manifestó que la actividad minera en el Perú debe respetar los derechos humanos y no sobreponer los intereses económicos a los sociales.

Del evento participaron el ex ministro de Economía Luis Carranza y un panel conformado por Pablo Bustamante, Jorge Merino, Carlos Monge y José De Echave.

"La minería es una actividad de alto impacto ambiental y social, generadora de la mayor cantidad de conflictos en el Perú. (...) No puede avanzar violando los derechos humanos o sobreponiendo el interés lucrativo privado al bien social", sostuvo Marco Arana.

El ex sacerdote brindó una conferencia magistral "Por un Perú social y ecológicamente justo", en el que enfatizó que si bien la minería es una actividad económica importante, no es la única.

"Necesitamos redefinir el rol de la minería en el marco de un desarrollo social y ecológicamente justos. (...) Queremos un Perú pluricultural y megadiverso, con economía diversificada y competitiva", remarcó el dirigente de Tierra y Libertad.

Marco Arana es uno de los siete precandidatos presidenciales de la coalición democrática de izquierda Frente Amplio, entre los que también está la congresista Verónika Mendoza, y que elegirá su candidato el domingo 4 de octubre en elecciones ciudadanas abiertas.

A continuación la conferencia magistral de Marco Arana en la clausura de la 32 Perumin

Por un Perú social y ecológicamente justo

Por Marco Arana Zegarra

Gracias al Colegio de Ingenieros de Minas del Perú por el gesto de invitarnos a la 32 Perumin, porque reafirma que ya no podemos mirar como enemigo a quienes pensamos distinto y planteamos puntos de vista críticos que nos permitan alcanzar el desarrollo económico sustentable, garantizando los derechos de las poblaciones.

Los conflictos no se resuelven con la eliminación mediática o física de quienes cuestionan a la minería. Hoy vengo a hablarles con unas 32 denuncias judiciales a cuestas, un atentado contra mi vida en 2011, un operativo de espionaje contra mi persona que duró un año y medio, y una detención arbitraria con tortura de por medio.

Pero aquí estoy, porque creo en la construcción de puentes y la defensa de los derechos humanos con oportunidades para todos y todas.

¿Cuál es el Perú que somos y nosotros queremos representar?

El Frente Amplio y Tierra y Libertad, nuestra agrupación política de vertiente ecologista que se presentará en las próximas elecciones presidenciales, plantea construir un país con justicia social y ecológica.

No es un despropósito ni una quimera, sino un sueño que nos puede llevar a todos por la senda del desarrollo, el entendimiento y la vida en paz.

El Perú es un país megadiverso. Lo es por sus recursos naturales y diversidad cultural, por sus más de 5500 comunidades andinas y 1200 comunidades amazónicas que albergan a 2,5 millones de peruanos.

También es diverso en sus actividades productivas: tenemos 38 mil pescadores artesanales y un millón y medio de productores agropecuarios con menos de diez hectáreas, a quienes les debemos toda la riqueza y el enorme potencial de nuestra industria gastronómica.

Las empresas pequeñas y medianas son responsables del 49% de la producción nacional y demandan el 60% del empleo. El 34% de las microempresas son dirigidas por mujeres, en número que por suerte aumenta constantemente.

Por lo tanto el Perú es un país minero pero no exclusivamente minero. Es un país pluriproductor y mega biodiverso. Por eso mi mensaje es que la minería puede y debe jugar un rol para el Perú, pero no contra nuestra diversidad.

Tenemos que afirmar el crecimiento económico del país, no solamente desde una perspectiva de mercado sino también, como ha señalado en su reciente encíclica el papa Francisco, en sus aspectos éticos, políticos y ecológicos.

Más crecimiento debería significar mejor democracia, instituciones, derechos ambientales, aire limpio, ciudades más verdes.

Y por eso planteamos que el crecimiento debe ser justo para toda la sociedad, la naturaleza y las futuras generaciones, los hijos y nietos que vendrán después de nosotros. Que nos recuerden porque hicimos las cosas mejor pensando en ellos y no por dejarles un mundo más deteriorado del que encontramos.

En ese sentido, la minería es una actividad económicamente importante. Sabemos bien que hay posibilidades de desarrollar la minería por todo el conocimiento y la experiencia con que cuenta el país.

Sin embargo, hay que ser conscientes de que se acabó el superciclo que explicó el crecimiento económico reciente y que no aprovechamos la etapa de precios altos para sentar las bases del crecimiento diversificado y sostenible.

Hay que terminar con la interpretación simplista que intenta explicar los problemas del Perú en términos de "promineros" y "antimineros". Según el poder que se tenga para manejar los medios de comunicación, unos se convierten en los buenos y otros en los malos.

Creo que esa explicación simplista no obedece a la realidad que vivimos. Por el contrario, hay que asumir el escenario de estancamiento, caída y paralización de las inversiones en exploración minera en todo el mundo.

Y eso que la caída de la inversión en exploración en el Perú es de las menos dramáticas: -46% en el período 2008-11. En países como el Congo la contracción fue de -84% y en un país como Canadá, líder del sector en tecnología y capitales de inversión, la exploración se redujo 57%.

Intentar explicar la caída de las inversiones mineras por el "factor Arana", como suele repetir un reputado periodista, o la supuesta existencia de una conspiración contra la minería, no es más que una necedad.

No podemos ocultar lo que está ocurriendo afuera. En lugar de ello, busquemos reflexionar sobre los problemas de fondo que estamos atravesando.

La caída de los precios de los commodities fue peor de lo esperado. En toda América Latina hay una contracción del producto bruto interno, fruto de la baja en los precios de las materias primas.

Qué duda cabe de la importancia de la minería. Según cifras aportadas por el ingeniero Jorge Acosta, si se explotaran las reservas identificadas en el país al ritmo registrado en 2010, la producción de oro podría sostenerse durante 28 años, la producción de plata por 40 años, y la del cobre otros 148 años.

Pero las cosas no pueden hacerse como se han venido haciendo.

Parte de esto es reconocer que el boom de los precios de los commodities aumentó nuestras brechas de productividad, fomentó la informalidad y generó la peor estadística de trabajadores sin derechos en América Latina.

Se han generado brechas abismales entre el nivel de productividad de la industria minera con los sectores agropecuario y pesquero, que son más intensivos en demanda de empleo.

Si bien poco se hizo para modificar esto, no lo estoy achacando a las empresas mineras. Los responsables son los sucesivos gobiernos, que no supieron mirar la realidad.

Hoy en el Perú se pretende hacer más de lo mismo en mayor extensión y con menos control ambiental. Eso es inadmisible, ya que no solo pone en peligro a las otras actividades económicas y la seguridad de las personas, sino también, entiéndanlo bien, a sus propias inversiones.

No se puede seguir transitando esa senda. Cuando uno mira el frenazo económico que vivimos hoy, ¿cuáles son las explicaciones que conducen a callejones sin salida?

Algunos señalan que el problema es la “tramitología” y la “permisología” para las empresas. Pero yo soy un ciudadano como todos ustedes y sufro la tramitología cuando voy a atenderme a servicios de salud en los que hay que esperar meses para obtener una cita.

Los problemas de tramitología también los padecen los pueblos amazónicos que esperan la titulación de dos millones de hectáreas de tierras y llevamos décadas, sino siglos, sin atender ese reclamo. Lo sufren las comunidades campesinas que no logran terminar su proceso de titulación.

Entonces ahí hay una coincidencia: la necesidad de un Estado eficiente libre de corrupción. Ese reclamo no es solo de las empresas mineras, sino de todos los peruanos y peruanas.

La cuestión no se resuelve debilitando la regulación ambiental. Según el Índice de Desempeño Ambiental Global que elaboran las universidades de Yale y Columbia, entre 178 países el Perú ocupa el puesto 110.

Allí están también los informes de la Defensoría del Pueblo: la mayoría de los conflictos con pérdida de vidas humanas son socioambientales. El 75% de ellos son provocados por actividades empresariales.

No se resuelven tampoco con medidas represivas, escuchas telefónicas ni reducción de nuestras libertades democráticas.

El manejo de los conflictos debe surgir de la capacidad de la sociedad y las empresas de encontrar caminos comunes. Que sepan que los proyectos que garanticen trabajo, no generen daño ambiental y se integren con las economías locales, son el camino por donde tenemos que avanzar.

Lo que hay que decir con claridad es que la solución represiva no es el camino para los nuevos proyectos mineros. Por eso tenemos que reconocer que hay empresas y empresas.

Si bien no son vinculantes, algunas empresas han suscrito los acuerdos globales de derechos humanos y otras no. Allí queremos ver definiciones claras.

Por otro lado, debemos reconocer que estos problemas también se extienden a la minería ilegal, que necesita una respuesta de orden legal, económico, revisión de las concesiones y permisos, tecnologías, acceso al crédito y los mercados justos.

En otros casos, habrá que someterse a programas de reconversión productiva para abandonar la actividad ilícita. Pero hay que decirlo claramente: el Estado no puede aplicar medidas de carácter punitivo allí donde no hay derechos humanos, sociales ni ambientales.

El Perú que queremos es pluricultural y mega biodiverso, con justicia ecológica y una economía altamente diversificada y competitiva. Que las medidas se consulten no solo en las oficinas de las empresas o sus bufetes de abogados.

Queremos un país descentralizado, libre de corrupción y con instituciones que funcionen. Más aún cuando sabemos, por los informes de Transparencia Internacional, que los países dependientes de los recursos naturales son más propensos a la corrupción y el abuso de poder.

Nosotros proponemos el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, no su desmantelamiento. Proponemos el respeto por el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

No queremos nada imposible de cumplir. El Perú ha suscrito el Convenio 169 de la OIT y ahí está la Ley de Consulta Previa.

Han hecho muy mal las empresas, coludidas con el gobierno, en ocultar la Base de Datos de Comunidades Campesinas. Se han otorgado permisos en territorios comunales donde debieron promoverse procesos de consulta.

Eso genera un conjunto de problemas sociales y legales que podríamos haber evitado. No es la complicidad entre empresas y malos funcionarios como se resuelven los problemas del sector minero ni de cualquier otro.

Hay que planificar y hacer que las inversiones contribuyan a la diversificación productiva y el desarrollo social. Hay mucho que hacer en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Hay que reordenar la cadena de toma de decisiones y las metas del desarrollo nacional para que haya planificación territorial con Zonificación Económica y Ecológica. Así sabremos dónde hacer actividades mineras y dónde no.

Hay que hacer que los proyectos productivos tengan en cuenta los planes de desarrollo concertados. La gobernadora regional de Arequipa, quien nos honra hoy con su presencia, sabe de la importancia de las inversiones que consideren los planes de desarrollo regionales, no que los ignoren.

La evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental no debe continuar en el ámbito del Ministerio de Energía y Minas, sino a cargo un ente autónomo dentro del Ministerio del Ambiente que respete los derechos humanos y brinde garantías a la población.

No neguemos la consulta previa ni la fiscalización ambiental. Caminemos sobre la base de un auténtico valor compartido con prácticas respetuosas del medioambiente.

Algunas empresas hacen más esfuerzos que otras, algunas cometen delitos ambientales y actos de corrupción.

Finalmente, quería reafirmar que la minería no va a poder desarrollarse con un Estado ineficiente y corrupto que constantemente viola los derechos de las poblaciones.

Necesitamos un nuevo marco institucional que asegure la inversión minera para un desarrollo con justicia social y ecológica. Las empresas con malas prácticas no van a poder seguir aprovechándose del Estado.

Lo decimos claramente: no van a poder seguir aprovechando la falta de planificación del desarrollo, ni la impunidad de la violencia.

Eso es parte de nuestra propuesta política y esperamos que sea comprendida y acogida. Queremos gobernar para garantizar los derechos de los pueblos y las empresas, haciendo que la renta minera sirva para diversificar nuestra economía.

Llamaremos a las empresas mineras que así lo quieran a ser parte de esos cambios. Muchas gracias.

Arequipa, 25 de septiembre de 2015