Nuevo dictamen de la Comisión de Constitución haría leña de consulta previa legislativa

- El martes 8 pretendería aprobar dictamen violatorio del Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa.

Servindi, 6 de setiembre, 2015.- El derecho a la consulta previa de las normas expedidas por el Congreso de la República que afecten a pueblos y comunidades indígenas sería menoscabado si el martes 8 de setiembre la Comisión de Constitución y Reglamento aprueba un pre dictamen que ignora aspectos consensuados con las organizaciones indígenas.

Así lo advirtió el abogado Javier La Rosa Calle, docente de la Universidad Católica y ex asesor parlamentario, quién observó que la nueva propuesta normativa "no recoge el texto consensuado que se logró entre las organizaciones del Pacto de Unidad y Aidesep con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos a comienzos en junio del 2014".

El nuevo texto desconoce las propuestas que las organizaciones indígenas formularon tanto a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos como ante la propia Comisión de Constitución. Tampoco recoge los contenidos del pre dictamen que se debatió el 9 junio de 2015 en la misma Comisión de Constitución.

Lo más grave es que el nuevo pre dictamen infringe el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al permitir que los acuerdos arribados con los consultados puedan ser desconocidos por el Pleno del Legislativo.

Así se desprende del artículo 81 inciso g que indica que el acuerdo alcanzado entre las organizaciones indígenas y el Congreso puede ser desconocido por el Pleno con el voto de la mayoría legal de congresistas.

Otros cambios introducidos en el nuevo pre dictamen es que ya no será la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos la que se encargará de la consulta previa, sino que podrá hacerla cualquier comisión ordinaria. Según La Rosa esto afectará la consulta debido a que el ente del Congreso encargado de dictaminar no tendrá la especialidad en esta materia.

Otra modificación importante se refiere al momento en el que se llevará a cabo la consulta previa. Se pretende que se haga en la etapa de comisiones antes que el proyecto de ley sea dictaminado. "El inconveniente es que de nada servirá someter a consulta un proyecto de ley que luego cualquier congresista puede cambiar en el momento de la aprobación del dictamen" indicó La Rosa.

Para evitar esa arbitrariedad en el texto consensuado se estableció que la consulta previa se debería hacer luego que la Comisión de Pueblos hubiese aprobado el dictamen, y que luego se hubiese votado en el Pleno en primera votación, remarcó el especialista.

Según la evaluación del especialista Javier La Rosa nos encontramos ante un documento "poco técnico que no reconoce la especialidad que se debería tener para llevar a cabo la Consulta Previa Legislativa.

Argumento falaz

Un argumento falaz en el que se amparan quienes no quieren que los acuerdos -realizados como parte de un proceso de consulta previa- sean vinculantes para todo el Congreso es que esto afectaría el mandato imperativo de los legisladores, lo cual se encuentra reconocido en la Constitución.

Lo que no entienden, apunta La Rosa, es que el mandato imperativo es una garantía del legislador que tiene frente a los poderes públicos y fácticos pero no significa que pueda afectar un derecho humano fundamental como es la consulta previa a los pueblos indígenas.

Si prosperase el razonamiento de "soy congresista y hago lo que quiero" se estaría desvirtuando el mecanismo del mandato imperativo e implicaría violar el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y se estaría inaplicando la consulta previa en el ámbito legislativo, concluyó La Rosa.

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