Jorge Herrera, presidente de Conaie
Servindi, 11 de junio, 2015.- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó el 10 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra la polémica “Ley de Aguas” y su reglamento, porque considera que viola los derechos de los pueblos indígenas y no fue adecuadamente consultada.
La organización indígena explicó en un comunicado que la Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua -conocida como “Ley de Aguas”-, así como su reglamento no recogieron las propuestas hechas por los pueblos y nacionalidades indígenas.
Indicó también que la consulta sobre la ley no cumplió los estándares constitucionales.
Del mismo modo, consideró que la norma lesiona la gestión comunitaria del recurso hídrico y debilita sus funciones, lo cual genera regresividad de sus derechos a este recurso y acceso culturalmente adecuado.
Cuestionó también que la referida ley no cree mecanismos para eliminar el acaparamiento de agua.
“Se prioriza el criterio de eficiencia y productividad por sobre el de derecho humano al agua y al de soberanía alimentaria”, aseguró la organización.
Respecto al reglamento, la organización indígena afirmó que reduce a los pueblos indígenas a “meros usuarios, sin ninguna capacidad administrativa y de resolución de conflictos internos”, pese a que tales facultades son reconocidas por la Constitución ecuatoriana.
Por lo anterior, la Conaie considera que el reglamento incumple el carácter constitucional y de plurinacionalidad del Estado.
Jorge Herrera, su presidente, consideró que la norma busca “tener un control político a las organizaciones y juntas de regantes”, para lo cual se está yendo contra “los procedimientos políticos, jurídicos” así como contra los “procedimientos organizativos de la autoridad comunitaria”, afirmó.
Los artículos de la "Ley de Aguas" impugnados por Conaie son el 1, 43, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55 y 98
Así como los artículos 20, 47, 51, 52 y 72 de su reglamento.
Por otra parte, el mismo día que la Conaie presentó su demanda, diez organizaciones de base de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) exigieron en la ciudad de Cuenca la inconstitucionalidad de la misma norma.
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