Amerigo Incalcaterra Representante de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- Estado debe garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas y eliminar cualquier exceso en el uso de la fuerza.
Servindi, 26 de mayo, 2015.- La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por la escalada de violencia suscitada en torno al conflicto suscitado por el proyecto Tía María y la demora en hallar una solución consensuada, donde prime el diálogo y la buena fe.
Mediante una nota de prensa Amerigo Incalcaterra, Representante Regional del Alto Comisionado, urgió al Estado y a la sociedad peruana a reducir el actual clima de tensión, enfatizando en que “solo a través de un diálogo constructivo, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos se van a encontrar las respuestas a los desafíos que enfrenta el país”.
Manifestó que el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta.
Recordó que el ejercicio pacífico de la protesta social es fundamental en el fortalecimiento de la democracia. Las manifestaciones sirven de cauce para el ejercicio de muchos otros derechos, así como para el intercambio de puntos de vista diferentes y la tolerancia, indicó Incalcaterra.
Llamó a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado.
Asimismo, condenó el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes, recordando que “la violencia no constituye un instrumento legítimo del ejercicio de los derechos de reunión y asociación".
Hizo un llamado a las personas y a los grupos que se manifiestan a abstenerse de recurrir la violencia, y privilegiar en todo momento los espacios de diálogo. “Acudir a la violencia, no es el medio para reivindicar derechos”, afirmó.
Respecto a la muerte de Victoriano Huayna, Henry Checlla y el Brigadier de la Policía Nacional de Perú, Alberto Vásquez, víctimas fatales, expresó su solidaridad a los familiares e instó al Estado a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estas muertes.
También la Defensoria del Pueblo
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, llamó a los dirigentes y a la ciudadanía de las regiones que han anunciado plegarse al paro convocado para los días 27 y 28, contra el proyecto minero “Tía María”, a respetar los derechos de las personas que no participan de esta medida.
Asimismo, pidió evitar cualquier acto de hostilización o agresión que pueda afectar valores como la vida, la integridad, la tranquilidad, entre otros.
Exhortó a las fuerzas del orden a privilegiar las acciones de inteligencia y disuasivas y recordó que el uso de la fuerza se debe hacer, siempre, de manera proporcional y necesaria de acuerdo con los Principios de Naciones Unidas.
La Defensoría recuerda que en la provincia de Islay -declarada en estado de emergencia desde el día sábado- la población tiene suspendidos sus derechos de reunión y tránsito.
En ese sentido, “sería una situación muy crítica si algunos grupos desafiaran el estado de emergencia. La Policía debe estar preparada para una circunstancia así, considerando en todo momento el respeto a los derechos”, advirtió Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad.
La Defensoría del Pueblo ha previsto que sus oficinas, en las regiones que se unirían al paro macroregional, se mantengan en alerta permanente, sostengan reuniones con autoridades para evaluar la situación y actúen de inmediato en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.
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