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Servindi, 26 de enero, 2015.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

- Mundo Indígena Perú, 26 de enero, 2015. (Archivo mp3, 7 minutos, 34 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).

Mundo Indígena Perú - 26 de enero de 2015

Conga. Máxima Acuña anunció que denunciará a la empresa Yanacocha por lo ocurrido el 20 de enero en su predio, en el sector de Tragadero Grande, en Cajamarca, cuando agentes de la Policía Nacional y de la seguridad privada de la minera ingresaron sin ninguna autorización.

Según informó Mirtha Vásquez, abogada de Máxima, la denuncia contra Yanacocha será por los cargos de perturbación a la propiedad y usurpación.

En ese sentido sostuvo que también denunciarán a la institución policial por abuso de autoridad.

Como se recuerda, el día 20 del mes en curso, unos 15 policías y personal de la empresa de seguridad Securitas, al servicio de Yanacocha, ingresó al predio de Máxima Acuña cuando ésta se encontraba con su esposo y dos personas más.

Algo que llamó la atención fueron las armas que portaban los efectivos policiales. Según explicó la comunera de 53 años, al momento de la intervención uno de los efectivos ocultaba una metralleta bajo su chaqueta.

Compensación justa. En demanda de una justa compensación por el uso de sus territorios, como canteras y por los impactos generados por la explotación petrolera, las comunidades de Nuevo Remanente y Vista Alegre, ubicadas en la cuenca del río Tigre, mantienen cerrada esa vía fluvial.

Según informó José Fachín Ruiz, del grupo que asesora a las comunidades, la citada acción responde a las pretensiones de la empresa Pluspetrol Norte de pagar una compensación mínima por la afectación a sus territorios.

Agregó que a la protesta iniciada por Nuevo Remanente y Vista Alegre se han sumado las comunidades de Pampa Hermosa, Paiche Playa, Nuevo Canaán, entre otras, informó el sitio web Solsticio Perú.

Pacto de Unidad. Las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú rechazaron el Decreto Supremo 001-2015-EM, expedido por el Ministerio de Energía y Minas el 6 de enero.

El mismo que establece que será la Junta Directiva, y no la Asamblea Comunal, la que decidirá si se aprueba o no la realización de actividad minera en su territorio.

Al respecto, las organizaciones consideraron que la norma atenta contra la propiedad, autonomía y el derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas.

En ese sentido, precisaron que la norma expone a las juntas directivas a la presión o el soborno de las empresas mineras, violando su autonomía organizativa.

Sostuvieron, además, que la norma anula lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas.

Salud indígena. La Defensoría del Pueblo reveló que el 51.2 por ciento de comunidades nativas no cuenta con establecimientos de salud.

La preocupante cifra la dio a conocer durante la presentación de su Informe Nº 169 titulado “La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural”.

Entre otros escenarios, el informe da cuenta de que al día de hoy no existen diagnósticos claros sobre la realidad de los pueblos indígenas en materia de salud, lo que  impide que se establezcan estrategias sanitarias dirigidas a proteger sus derechos.

El estudio advierte, en otros aspectos, la ausencia de una adecuada relación entre los sistemas de salud indígena y estatal, así como la falta de preparación del personal de salud en temas de interculturalidad.

El jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, Daniel Sánchez Velásquez, sostuvo que el trato que recibe la población indígena todavía es denigrante lo que genera rechazo de parte de estos hacia el servicio estatal.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, recomendó designar un órgano de alto nivel que priorice la atención de los pueblos indígenas en todos los niveles de los servicios de salud.

Tres Islas. La Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios, conformada por los pueblos Shipibo y Eje’Eja, rechazó de manera contundente la realización de actividades petroleras dentro de su territorio.

Así lo hicieron saber durante una asamblea el pasado 11 de enero, que fue convocada ante la reciente aprobación de los planes de consulta de los Lotes 157 y 191, que se  superponen a su territorio titulado.

De otro lado la comunidad sostuvo que en ningún momento autorizaron a la organización Coinbamad para que hable por esta en el marco de un encuentro con funcionarios del Estado para la aprobación del proceso de consulta de los citados lotes petroleros.

En ese sentido, reafirmaron que solo la Asamblea General, y a través de un acta con indicación expresa del mandato, es la única que puede aprobar y autorizar cualquier tipo de actividad extractiva en su territorio.

Comunidad de Yanta. La comunidad ayabaquina de Yanta, en Piura, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que enfrenta con un grupo de cuatro ex comuneros acusados de trabajar para la empresa minera Río Blanco.

Ellos denunciaron que a raíz de la actuación de una sala de Sullana, el martes 20 de enero efectivos del orden llegaron hasta la comunidad con el fin de desalojarlos de los predios que antes ocupaban dos de los cuatro ex comuneros.

Afortunadamente, explicaron,  por falta de garantías dicha diligencia se suspendió.

En ese sentido Osman Mija Carrión, asesor legal de la comunidad, criticó la actuación del Poder Judicial de Sullana que le dio la razón a los dos ex comuneros en el proceso por la ocupación de las parcelas que estos reclaman como suyas.

Si bien aún no cuenta con pruebas, Mija afirmó que sospecha que detrás de este hecho se encuentra la empresa Río Blanco, la misma que estaría pagando el costoso estudio de abogados que asesora a los ex comuneros.

Decreto inconstitucional. La Corte Superior de Justicia de Lima declaró inconstitucional el polémico Decreto Supremo 054-2013-PCM, que atentaba contra el patrimonio arqueológico del país, y los recursos naturales.

La declaración se logró gracias a un recurso constitucional de acción popular presentado por el Instituto IDLADS Perú en el que se solicitó se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad de dicho decreto.

El argumento se sustenta en que la cuestionada norma viola el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígena  y la Constitución Política del Perú, así como el artículo 34 de Ley General del Procedimiento Administrativo.

Los puntos polémicos de este decreto eran, por un lado, la aceleración al derecho del uso al agua, sea esta de fuente superficial o subterránea y por otro el peligro que corren los restos arqueológicos.

Según la norma cualquier proyecto de inversión podía obtener el derecho de utilizar el agua si tras 3 días hábiles de la emisión de su informe técnico no había un pronunciamiento del Estado.

Consulta en minería. ¿Deben consultarse a las comunidades campesinas las concesiones mineras en sus territorios? El experto constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda aborda este tema en un esclarecedor artículo que podrá encontrar disponible en el sitio web de Servindi.