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| Mujeres de la etnia Urarina, de la cuenca del río Chambira en Loreto. Foto: Solsticio |
- Anuncian radicalización de medidas de fuerza.
Servindi, 5 de enero, 2015.- Ante la falta de atención a sus demandas, las comunidades nativas de San Juan y Airico, ubicadas en la cuenca del río Chambira, anunciaron el cierre de las válvulas de los pozos petroleros ubicados en esa zona de la región Loreto.
Según explicó Jhony Nuñez Pizango, teniente gobernador de San Juan, las comunidades han esperado por más de 15 días se atiendan sus reclamos, sin embargo ninguna autoridad se ha comunicado con ellos.
Agregó que las comunidades exigen se realice una evaluación ambiental independiente en la zona, pues el monitoreo realizado por el Estado no refleja la realidad de los impactos de las operaciones petroleras en las comunidades.
La población local siente que se pretende beneficiar a la empresa Pluspetrol, que opera el Lote 8, por esto los resultados de los análisis realizados por diversas dependencias públicas no son reales considerando que en la zona se han producido varios derrames.
Los estudios fueron realizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Dirección General de Salud (DIGESA) y el Organismo Supervisor de Energía y Minería (OSINERGMIN) y entregados el 17 de diciembre.
Los comuneros también demandan que se les garantice el acceso a agua apta para el consumo humano pues el río, las cochas y las quebradas del lugar están contaminadas.
También exigen a la empresa Pluspetrol cumplir los convenios firmados con las comunidades y que se les reconozca el pago de compensación por el uso de sus tierras.
La Asociación Indígena de Desarrollo de la Cuenca del Chambira y Afluentes (AIDECURCHA) realizó el pasado 3 de noviembre una movilización pacífica.
Las comunidades del pueblo originario Urarina tomaron entonces esa decisión luego que la empresa Pluspetrol Norte pretendiera realizar trabajos de ampliación de vía dentro de los territorios comunales sin tener la autorización de la comunidad.
Además, habían intentado convencer con engaños a los dirigentes de Nuevo Unión y Nuevo Perú para que se les permita ampliar la vía, llegando incluso a amenazarlos con llevar a la policía para que repriman a los comuneros.
Esa situación se produjo a pesar que la empresa petrolera se comprometió a que antes de realizar trabajos de ampliación de vía cumpliría con reconocer los impactos generados por las operaciones petroleras en sus territorios.
Otra demanda exigida en aquella oportunidad fue que se expulse a todo el personal de relaciones comunitarias del lote 8 por haber faltado el respeto al pretender manipular a las comunidades para suscribir acuerdos que vulneran sus derechos a la compensación por el uso y los impactos en sus territorios.
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