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- Califican de historica la decisión que profundizará protección a los derechos humanos.
Servindi, 4 de abril, 2014.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió iniciar un proceso para crear una Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) con la apertura de un fondo especial para recaudar recursos financieros que la hagan posible.
La decisión se adoptó el 3 de abril bajo el criterio de que los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible.
Enseguida la CIDH decidió invitar a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a colaborar con aportes a este fondo, el cual también se destinará a financiar las actividades de la Unidad DESC, coordinada por el Comisionado Paulo Vannuchi.
La comisionada Tracy Robinson, presidenta de la CIDH, calificó de histórica la decisión pues refleja la importancia fundamental que la Comisión Interamericana otorga a la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales en la región.
"Una Relatoría Especial implica que el Relator o la Relatora tendrá dedicación a tiempo completo, lo cual permitirá profundizar el trabajo transversal que la Comisión viene realizando en esta materia” indicó Tracy Robinson.
El comisionado Paulo Vannuchi, quien coordinará el proceso, explicó que se espera que la Relatoría Especial entre en funciones a fines de 2015.
Desigualdad en América Latina
“En los últimos años hemos visto avances significativos. Entre 2002 y 2008, unos 40 millones de personas salieron de la pobreza en nuestra región, y se registró cierta reducción en los niveles de desigualdad en la distribución del ingreso”, dijo el Comisionado Vannuchi.
“Pero América Latina sigue siendo la región que padece los mayores niveles de desigualdad del mundo, mientras que en Estados Unidos se ha registrado en las últimas décadas un aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza" dijo Vannuchi.
"Estos datos no hacen sino reafirmar la imperiosa necesidad de hacer de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales una prioridad, y la decisión de crear una Relatoría Especial así lo refleja”, señaló.
Los DESC
Los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Carta de la OEA, la cual consagra importantes metas vinculantes para los Estados relacionadas a los derechos económicos, sociales y culturales, en particular después de la reforma impulsada por el Protocolo de Buenos Aires.
En la misma línea, la Declaración Americana reconoce una variedad de derechos económicos, sociales y culturales.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce que “sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
Asimismo, en 1988 se adoptó el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, texto que se basó en un borrador preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Protocolo de San Salvador reconoce el derecho al trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, a la educación, y a los beneficios de la cultura, entre otros.
En 2008, la Comisión publicó los “Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales”. Este documento se preparó con la finalidad de ayudar a los Estados Partes del Protocolo de San Salvador a cumplir con el mecanismo establecido en el artículo 19, mediante el cual se comprometieron a presentar informes periódicos respecto de las medidas progresivas que vayan adoptando para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo.
Al respecto se destaca que la CIDH es parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar los informes periódicos de los Estados partes del Protocolo de San Salvador y que el mecanismo de seguimiento al Protocolo se encuentra operativo.
El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado hasta el momento por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname y Uruguay.
Antecedentes
La CIDH ha dado atención al respeto y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales en la región a través de sus diversos mecanismos. En 2012, la Comisión creó una Unidad sobre DESC, que estuvo inicialmente a cargo de la Comisionada Rose-Marie Antoine y que desde enero de este año está a cargo del Comisionado Paulo Vannuchi.
Asimismo, se ha realizado un proceso de consulta sobre DESC en Argentina, y están planificados procesos similares en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos y un país del Caribe.
Además, la CIDH ha publicado diversos informes temáticos sobre DESC, incluyendo “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos”, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”.
Otra de sus publicaciones han sido: “Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos”, “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales”, y el recientemente publicado sobre el “Derecho del niño y la niña a la familia”, entre otros.
De otro lado la Comisión ha celebrado en los últimos años numerosas audiencias temáticas que abordan los DESC. Por ejemplo, en el 150º Período de Sesiones actualmente en curso, se recibió información sobre la alegada práctica de desalojos forzosos que afecta a campesinos y campesinas en Paraguay.
En el período anterior de audiencias públicas, en octubre y noviembre de 2013, se realizó una audiencia sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en América Latina donde se recibió información sobre el impacto desproporcionado que las políticas económicas y las crisis tienen sobre las poblaciones rurales.
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