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James Anaya inspeccionado los desastres ambientales provocados por la actividad petrolera en el lote 1AB. Foto: Bajo la Lupa |
- "... no se debería avanzar con ninguna actividad dentro del plan de ampliación que pudiera afectar los derechos de una comunidad o grupo a ser consultado, sin haberse concluido el proceso de consulta…”
Servindi, 26 de marzo de 2014.- La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) consideró de vital importancia que el Estado peruano atienda las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas James Anaya a fin de cumplir la normatividad que protege a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
Las recomendaciones del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se publicaron el 24 de marzo como un documento previo al informe final sobre el Perú que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en setiembre de 2014.
Hace unas semanas se anunció en medios de comunicación que las actividades de Pluspetrol se iniciarían en abril próximo, por lo que DAR consideró imprescindible que las recomendaciones del relator se implementen antes que se inicie cualquier actividad en el Lote 88.
La asociación DAR coordina actualmente el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entidad que se ha pronunciado más de una vez a fin que el gobierno adopte las recomendaciones formuladas por el relator cuando finalizó su visita al Perú en diciembre último.
DAR recalcó las palabras del relator quién afirmó: “se encuentran especialmente en condiciones de vulnerabilidad frente a industrias extractivas que entran en sus territorios, dado sus elevados grados de dependencia de los ecosistemas en que viven, debilidades inmunológicas y falta de conocimiento del funcionamiento de la sociedad mayoritaria”(1).
Recalcó la necesidad de brindar una protección efectiva a los pueblos indígenas vulnerables que habitan en la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) a la cual se superpone el Lote 88 del proyecto de extracción gasífero Camisea.
Asimismo, garantizar que no se les pondrá en riesgo, respetando tanto la voluntad de los grupos en contacto inicial y generando mecanismos idóneos para los pueblos que aún se encuentran en situación de aislamiento.
Mesa de diálogo
Otra de las recomendaciones de James Anaya fue que el Gobierno peruano constituye una mesa de diálogo donde se presente y discuta información acerca del proyecto Camisea y su ampliación.
Anaya precisó al respecto que el gobierno “debería estar dispuesto a considerar modificaciones pertinentes en las condiciones para la ejecución del proyecto y su ampliación en vista de las justificaciones que se presentaran”.
DAR sostiene que la apertura del espacio de diálogo aconsejado por el relator sería una gran oportunidad para que las organizaciones indígenas y la sociedad civil generen recomendaciones para proteger a los pueblos indígenas vulnerables de reserva por lo que esperan que el Estado la implemente a la brevedad posible.
Finalmente, la asociación DAR estimó que implementar un verdadero sistema de protección para los PIACI es un reto que debe darse de manera intersectorial y este será posible si el Estado peruano lo asume como una prioridad.
Y esto exige que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) asuma un rol estratégico en este proceso al tratarse del proyecto gasífero más importante del país.
Responsabilidades del viceministerio de Interculturalidad
Por otro lado, DAR subrayó la importancia que el viceministerio de Interculturalidad señale con claridad los plazos y fechas para concluir la actualización e iniciar la implementación del Plan de Protección de la citada reserva.
La asociación expresó también su preocupación por la forma en que se utilizará el Informe de Salud sobre la Población Nanti que habita en la Reserva (ASIS Nanti) iniciado en noviembre de 2013 y que aún no se ha hecho público a pesar de su extraordinaria importancia para el momento actual.
Recordó que el relator expresó la urgencia de que el viceministerio de Interculturalidad proceda de manera urgente a complementar el estudio social exhaustivo que se comprometió a elaborar para actualizar la información oficial sobre la situación de la poblaciones vulnerables que habitan la reserva.
Recomendó que el estudio se efectúe "de manera participativa", involucrando a los pueblos, organizaciones indígenas y a expertos en la materia y no solo a funcionarios del gobierno.
DAR consideró que el estudio es de vital importancia puesto que será la base para todos los mecanismos de protección que el Estado peruano se ha comprometido realizar en la RTKNN, teniendo en cuenta además la alta vulnerabilidad de los diversos pueblos que la habitan (2).
Anaya recomienda “no adelantarse con las actividades de ampliación mientras se realicen las consultas. En todo caso no se debería avanzar con ninguna actividad dentro del plan de ampliación que pudiera afectar los derechos de una comunidad o grupo a ser consultado, sin haberse concluido el proceso de consulta…”.
Un delicado proceso de consulta pendiente
El relator destacó la necesidad de que el Estado subsane la consulta en relación al proyecto Camisea y su ampliación, tanto en lo que respecta a las comunidades nativas como a los pueblos en diversos grados de aislamiento que se hallan dentro de la reserva.
Puntualizó que en relación a los pueblos en contacto inicial la consulta debería llevarse a cabo “con la necesaria cautela y con atención a los aspectos culturales y condiciones específicas de vulnerabilidad de cada grupo”.
Consideró necesario tener en cuenta los diferentes grados de contacto de los pueblos de la reserva y que el Estado haga público el proceso de elaboración de estos nuevos mecanismos de consulta para pueblos en contacto inicial con el fin de recibir aportes de los representantes de los pueblos indígenas como de la sociedad civil.
Los riesgos de una comsulta
Cabe destacar que las recomendaciones del relator especial se efectúan en un contexto de serias limitaciones y deficiencias del Estado peruano para organizar procesos de consulta a pueblos indígenas referidos a las concesiones de los lotes de hidrocarburos en el país.
DAR considera que abrir la puerta a la consulta de los PIACI en la RTKNN puede significar un riesgo considerando los poderosos intereses existentes por parte del sector empresarial y la vulnerabilidad de los pueblos involucrados.
Recordó que hace algunos años el Estado peruano planteó incluso la posibilidad de crear el llamado “Lote Fitzcarrald” adyacente al Lote 88 y que se superpondría a la RTKNN.
Tal y como lo advierte el relator (3) sería necesario que en todo caso la consulta se realice sobre la decisión de ampliar las operaciones en el Lote y sobre su estudio de impacto ambiental (EIA) de manera previa a la implementación de actividades en el Lote 88.
Solo de esta manera se cumpliría con el mandato jurídico de consultar los actos administrativos que afectarían los derechos e intereses de los pueblos indígenas, de acuerdo a lo que señala la normativa nacional e internacional.
Notas:
(1) James Anaya: Observaciones sobre la ampliación de exploración y extracción de gas natural en el Lote 88 del Proyecto Camisea. Párrafo 16.
(2) Ibíd. Párrafo 6.
(3) Ibíd. Párrafo 28.
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