Por Carlos Herz Sáenz
Otra Mirada, 26 de setiembre, 2013.- Los que conocemos a Oscar Mollohuanca, alcalde del Municipio Provincial de Espinar, podemos dar fe de su vocación democrática, de su comportamiento por demás sosegado, de su actitud humilde y de su férreo compromiso con su pueblo.
Muy lejos, por cierto, de esa perversa caracterización de especialista en protestas que un periodista hizo de él como epílogo de una entrevista televisiva el último domingo 22 de setiembre, claramente sesgada contra su gestión. Ejemplo de lo que se viene con el monopolio en el control de los principales medios escritos y televisivos del país por una empresa editora, cuya orientación es amplia e históricamente conocida.
La campaña política contra Mollohuanca, además del agravio a su persona, forma parte de un conocido y morboso discurso acerca de que a los líderes sociales les encanta provocar disturbios y hasta “buscar muertos y heridos” para justificar sus acciones de lucha. Preocupa este tipo de aseveraciones que, lejos de mostrar la verdadera causa de las manifestaciones sociales, encubren la incapacidad e insensibilidad de los gobernantes en la atención a justas demandas de la población, la persistencia de grandes brechas económicas que reproducen la situación de pobreza y la falta de oportunidades de empleo digno para millones de compatriotas, que recurren a la informalidad que caracteriza buena parte de la actividad económica nacional.
Acaso existe otro mecanismo fuera de la protesta para hacer conocer las demandas de los pueblos y que sean escuchadas para negociar soluciones. “El que no llora no mama” es un dicho que simboliza una práctica de la mayoría de la población. Lo que pasa es que los grupos de poder poseen otras formas de protesta más sutiles y menos callejeras –aunque poco transparentes y nada éticas-, presionando a través de los medios que controlan y hasta transando ocultamente con los gobernantes de turno.
Los actuales reclamos de Mollohuanca expresan la preocupación de un pueblo afectado severamente por el recorte del canon y que deja inconcluso un significativo número de obras prioritarias, en este caso para el pueblo de Espinar. Esta situación ratifica cuan vulnerable es nuestra economía que depende principalmente de las variaciones de los precios internacionales de los minerales y otros comodities, que dan sustento al modelo de crecimiento que caracteriza el país y que es mostrado como orgullo. ¿Se puede dejar al vaivén de las oscilaciones de precios internacionales la realización de proyectos, como los del agua potable, que constituye un derecho básico de la población?
Es una realidad que el uso del canon no ha sido eficiente en muchos lugares del país por parte de las autoridades locales. Pero también es cierto que ha mejorado sustancialmente la capacidad de gasto de los municipios, como ha ocurrido en Espinar, a diferencia de la ineficiencia y hasta indicios de corrupción de anteriores gestiones municipales. Lo que no se señala es cuan poco han cumplido los diversos gobiernos en fortalecer las capacidades de gestión de autoridades y funcionarios subnacionales, en el marco de un proceso de descentralización sin voluntad política para profundizarlo. Hasta tres planes nacionales de desarrollo de capacidades han sido formulados por sucesivos gobiernos, sin mayor aplicación que contribuya a mejorar la gestión local, cuyo mérito de mejora relativa se debe básicamente a los esfuerzos de sus actores.
Finalmente, lo que tampoco se dice es que Espinar y la gestión de Mollohuanca constituyen ejemplo de una negociación distinta entre empresa minera, municipio y comunidades locales, en la cual está en discusión la defensa de la calidad ambiental del territorio así como la demanda de un porcentaje de las utilidades obtenidas por la empresa. Esta experiencia modelo de negociación se inició desde el 2002 con el denominado Convenio Marco, bajo el liderazgo del mismo “antiminero” y “especialista en protestas” Mollohuanca en su primer período de gobierno municipal. Propuesta muy por encima de las tradicionales exigencias reivindicacionistas que se dan en la gran mayoría de actividades extractivas y que sienta precedente para las futuras negociaciones que las autoridades locales y comunidades campesinas debieran realizar con las empresas mineras.
Quizás ésa es la razón de una campaña tan perversa que se viene dando desde hace meses contra Oscar Mollohuanca, inclusive privándolo de su libertad. Se pretende evitar que prospere un ejemplo de gestión municipal que negocia -con todas las imperfecciones que pueda tener- con la empresa y el gobierno, bajo nuevas condiciones de soberanía, consulta democrática y propuesta de desarrollo local.
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Fuente: Otra Mirada:
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