Servindi, 7 de junio, 2013.- Héctor Huertas, abogado del pueblo Kuna, de Panamá, denunció las malas prácticas del programa ONU REDD en Panamá que trasgreden el derecho al consentimiento libre, previo e informado e ignoran la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Lamentó que en este proceder exista la complicidad de funcionarios de las Naciones Unidas en Panamá y propuso que los organismos del sistema de las Naciones Unidas adopten un código de ética a fin de velar por el cumplimiento de la Declaración.
Expresó su preocupación por que algunos Estados pretendan tergiversar o debilitar la implementación de la Declaración y que mediante procesos de consulta pretenden obligar a muchos pueblos indígenas a ceder derechos y no defender los estándares establecidos en la Declaración.
A continuación reproducimos un diálogo sostenido por Servindi con el abogado indígena días atrás en las Naciones Unidas.
- ¿Cuales son las motivaciones y principales preocupaciones que lo han traído esta vez a las Naciones Unidas?
Después de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas nosotros hemos entendido que el tema principal era el de su implementación, en donde el desafío de los Estados era respetar los derechos consagrados en dicha declaración. Sin embargo, vemos con mucha preocupación, como ahora los Estados pretenden tergiversar o debilitar la implementación de los derechos indígenas obviando uno de sus principios esenciales: el consentimiento libre, previo e informado.
Como caso específico quiero referirme, por ejemplo, a los programas sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) que impulsa la propia Organización de Naciones Unidas (ONU). Aquí vemos a Estados como el de Panamá mantener la misma práctica -y lamentablemente junto a funcionarios de la ONU- de aprobar los proyectos sin la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas.
Esto es realmente enviar un mensaje muy malo al mundo y a los pueblos indígenas porque los proyectos deben elaborarse desde el inicio con los pueblos indígenas, para evitar que hayan violaciones a los derechos humanos. De repente se trata de un proyecto bien intencionado; pero, sin embargo, al no tener la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, se trasgreden los derechos humanos de estos pueblos.
Esto es obvio y evidente en el caso de Panamá, donde existe una legislación que define claramente que los bosques son de las comunidades indígenas, pero el Programa ONU REDD en vez de avanzar sobre la base de este reconocimiento amparado por la Declaración está retrotayendo la situación a épocas pasadas.
Entonces a nosotros nos parece que aquí hay una violación con respecto al consentimiento libre, previo e informado y esperamos que los que dirigen el programa ONU REDD recapaciten, cierren ese programa, y establezcan e inicien una nueva ruta, donde haya mayor colaboración y comprensión de los derechos de los pueblos indígenas.
Igual sucede con el tema del carbón. Ahora vamos a estar corriendo para definir quién es el propietario del carbón y en todo esto hay una intención de partir de cero e ignorar principios básicos que recoge la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
- ¿El desempeño que usted critica acerca del Programa ONU REDD compromete a funcionarios a nivel general de las Naciones Unidas o de Panamá en particular?
De Panamá en particular, pero esto nos lleva a una cuestión que es importante para los pueblos indígenas: los Estados y los funcionarios de los organismos de las Naciones Unidas que son los garantes de la Declaración deben conocerla y aplicarla. Creemos que una función importante de todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas es presionar a los Estados, informarlos y educarlos sobre el contenido de la Declaración. Y esto pasa por que los mismos funcionarios de la ONU se informen y eduquen al respecto. Sabemos que la ONU es un monstruo grande con muchas oficinas y muchas agencias pero se deben establecer mecanismos para que sean actúen de forma coherentes con sus propias políticas y principios. Un código de ética puede ayudar a que un funcionario de la ONU no fuerze los proyectos tratando de cumplir con plazos a riesgo de violentar o colisionar con los derechos indígenas.
- ¿Usted cree que a pesar de que la ONU aprobó hace 5 años la Declaración aún los funcionarios de la mayoría de los organismos no han asimilado esta Declaración?
Asi es. Es la realidad. No creo que hayan asimilado la Declaración, como es el caso evidente de Panamá, y el muchos otros Estados donde los funcionarios de las Naciones Unidas deben tratar de cumplir con lo que dice el artículo 42 que establece que todos los miembros del sistema de las Naciones Unidas están comprometidos con promover y velar por la eficacia de la Declaración.
- ¿Qué acciones están haciendo para denunciar esta situación?
Bueno, en Panamá le hemos negado el consentimiento libre, previo e informado al proyecto ONU REDD. Esto significa que este proyecto no va a poder ser implementado en ningún territorio indígena. Segundo, hemos presentado las denuncias pertinentes a nivel de las Naciones Unidas e incluso vamos incluso a presentar demandas a nivel interno en Panamá.
Nos parece que el derecho a la participación plena y efectiva no es un deber opcional sino un derecho fundamental y una garantía de la cual dependen otros derechos. Nosotros consideramos que este es uno de los derechos más vitales que abarca y cubre otros derechos como la libre determinación, el derecho a las tierras, territorios y recursos, entre otros. Todo empieza con el derecho a la participación de la plena y efectiva y el consentimiento libre, previo e informado. Si no hay consentimiento realmente la vulneración de los derechos va ser flagrante por parte de los Estados y sería lamentable que un organismo de la ONU esté implicado en esto.
- El problema del consentimiento libre, previo e informado es que como no aparece de manera muy desarrollada en el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la OIT muchos lo ven como un principio o un derecho aislado...
A mí me parece que se está tergiversando el alcance de la Declaración que inicia por el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de la tierra y de la libre determinación. A partir de allí es que se deriva el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Esto se viene tergiversando con la consulta para llegar al consentimiento. Hoy muchos pueblos indígenas están siendo obligados a ceder derechos por que se le están obligando a aceptar una supuesta consulta cuando en el fondo los Estados están pidiendo que no defiendan los estándares establecidos en la Declaración a través de estas supuestas consulta. Y lo más lamentable, en particular, es que esto se haga con el consentimiento de funcionarios de las Naciones Unidas, una situación que me parce que es bastante difícil de digerir y aceptar.
Huertas acompañado de la lideresa nicaragüense Mirna Cunningham con un polo de la campaña de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá
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