Perú: REDD+ pone a la selva amazónica y a la biodiversidad al servicio del mercado

Por Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por su sigla en inglés)

3 de junio, 2013.- La Amazonía peruana abarca el 61% de la superficie del país, ocupando la cuarta posición mundial en cuanto al tamaño de bosque tropical. Por tener esta gran área boscosa, el Perú también es un país extremadamente biodiverso, ocupando, por ejemplo, el quinto lugar del mundo en cuanto a la diversidad de plantas, con cerca de 25 mil especies registradas.

Los bosques amazónicos en Perú están muy amenazados, tal como ya lo hemos relatado en boletines anteriores del WRM (188, 166, 161). Entre las causas directas de la deforestación están los grandes proyectos de minería, la extracción de petróleo y gas, las concesiones forestales para madereras, la construcción de carreteras - incluso en el marco del programa de infraestructura regional IIRSA -, la cría extensiva de ganado y, más recientemente, las plantaciones de palma aceitera.

A ello se suma la deforestación por la minería 'ilegal', además de actividades agrícolas como los cultivos llamados 'ilícitos' de coca. Por otro lado, las poblaciones indígenas y campesinas que dependen del bosque y conviven con él sin destruirlo, traban una ardua batalla para defender sus derechos y sus modos de vida. Como consecuencia de esta larga lucha, cerca de 15 millones de hectáreas ya se encuentran bajo algún tipo de control indígena legalmente reconocido. Quedan aún por lo menos 8 millones de hectáreas de reservas pendientes que no han sido delimitadas, en las que muchas comunidades son ocupantes de sus propias tierras. Hay todavía centenares de comunidades y territorios que faltan sistematizar..

La implementación oficial de REDD+ en Perú, en curso desde el año 2009, creó expectativas en la población de la región por un atractivo discurso que anuncia querer atacar las causas de la deforestación - como la industria extractiva -, garantizar la participación y el respeto de los derechos de la población, mejorar la frágil y desarticulada gestión de los bosques y generar riquezas. Sin embargo, en la práctica, REDD+ demuestra cada vez más que se trata de promesas vacías, mientras un pequeño grupo de actores busca aumentar sus negocios con el bosque y la biodiversidad.

Culpando de la deforestación a los pequeños agricultores

En los últimos años y como respuesta al cambio climático, el Banco Mundial dio inicio a dos programas vinculados a bosques, que promueven los mercados de carbono y la forestación comercial. Uno de ellos es el FIP- el Programa de Inversión Forestal. La información más reciente de este programa en el Perú, con el apoyo del Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), muestra que la deforestación ha aumentado de 91 mil has en el período 2000- 2005 a 163 mil has entre 2005 y 2009, lo que coincide con el aumento de los índices de 'crecimiento' de la economía - en promedio un 7,5%. Tal crecimiento se debe principalmente a la exportación de recursos naturales, con la minería como principal actividad, siendo equivalente al 63% del valor de las exportaciones.

Sin embargo, el programa FIP de Perú afirma por su parte que fue la apertura de pequeñas áreas forestales por agricultores, principalmente campesinos migrantes, empobrecidos, tratando de sobrevivir, lo que causó el 75% de la deforestación, y que los grandes proyectos exportadores tienen apenas un papel secundario. Pero, lo que le faltó explicar al FIP, incluso cuando los campesinos migrantes estuvieran deforestando, fueron las causas subyacentes de este fenómeno, además de explicar que para que estas personas llegaran a la Amazonía, previamente se construyeron carreteras, algo que generalmente está motivado por el interés de las empresas y el Estado de la región para poner en circulación productos y recursos naturales.

Al igual que otras iniciativas anteriores del Banco Mundial, el FIP parece mostrar escaso interés en un análisis de las causas subyacentes de la deforestación en Perú. En lugar de señalar acusadoramente a los pequeños agricultores por la creación de pequeñas parcelas destinadas a la agricultura de subsistencia, cabría esperar que el Banco hubiera aprendido la lección de sus fallidos intentos previos para frenar la deforestación. Esos intentos, además, se caracterizaron por una falta de análisis, de comprensión y de acción sobre las causas subyacentes que motivaron la pérdida de bosques.

No obstante, el programa FIP sigue con su costumbre de no mostrarse muy preocupado por los grandes proyectos de extracción de minerales, petróleo y gas porque afirma que al hacer un EIA (Estudio de Impacto Ambiental) en estos casos, los impactos de dichos proyectos quedan debidamente identificados y mitigados. Sin embargo, el FIP deja de mencionar los problemas estructurales vinculados a la realización de este tipo de estudio en Perú, demostrando ser un instrumento extremadamente frágil para evitar y/o reducir impactos, algo que no ocurre solo en el Perú. ¿Acaso se puede decir que mitigar los impactos de los grandes proyectos de extracción es así de fácil, cuando el propio programa FIP admite que, en 2012, hubo 148 casos registrados de conflictos entre empresas y comunidades, 105 de los cuales se relacionaron con la minería y 24 con la extracción de petróleo y gas?

Los autores del programa FIP admiten que en zonas con algún tipo de protección, incluso en tierras indígenas, ocurre menos deforestación. O sea, nada sería más obvio que proponer la regularización de todas las tierras indígenas y las de otras poblaciones que dependen del bosque y lo cuidan, así como involucrar a estas poblaciones en el manejo forestal. Lo que sucede en la práctica es que las poblaciones locales no son una prioridad para el FIP. Tanto así que por lo menos el 70% de los cerca de 50 millones de hectáreas en la Amazonía que fueron dadas en concesión o están siendo negociadas por empresas de minería, petróleo y gas, se superponen con territorios indígenas.

El FIP se alinea con los intereses corporativos que iniciaron la “venta neoliberal” de la Amazonía y, en lugar de identificar a los grandes proyectos como las causas de la deforestación, culpabiliza a los pequeños agricultores. Además, el programa FIP parte de una premisa totalmente diferente: considera al bosque, a sus ‘recursos naturales’ y a la biodiversidad como oportunidades para desarrollar los mercados. Y ahora, también se incluye el mercado de carbono y los ‘servicios ambientales’ en general, para promover un ‘desarrollo sustentable, inclusivo y competitivo en la Amazonia’. Esto incluye obviamente a las grandes empresas y no a las comunidades indígenas y campesinas que han afirmado constantemente que no comparten la visión mercantilista del bosque.

La Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD), por ejemplo, recibió en marzo de 2013 la propuesta de plantar 5.000 has a través de la agroforestería de una ONG llamada AIDER. En la reunión, un representante peruano de la organización LIVELIHOODS mostró amablemente su interés en apoyar la propuesta. Pero al final de la conversación dijo que ya tenía ‘compradores’ en el ‘primer mundo’ que estaban interesados en compensar sus emisiones del Norte apoyando la forestación en el Sur. Los representantes de FADEMAD respondieron que les encantaría desarrollar el proyecto de agroforestería, algo que suelen hacer, pero que no tienen interés en hacer negocios con el carbono. Sus razones se basaron en otro proyecto conocido en la región por el cual la población que firmó los contratos tuvo que desistir de sus derechos. FADEMAD observa también que algo que solían hacer desde hace tiempo- la agroforestería- parece que recién ahora es interesante para ONG y empresas porque se pueden hacer negocios (de carbono) a través de ella.

¿Quién se beneficia con REDD+? (*)

Con seguridad, REDD+ implica que algunos podrán beneficiarse bastante, por ejemplo los consultores que prepararán los estudios - como la finlandesa INDUFOR, contratada para elaborar el programa FIP en Perú -, las ONG que actúan como intermediarias de los contratos entre los compradores de carbono extranjeros – contaminadores como empresas de petróleo o bancos financieros - y los ‘proveedores’ locales – en su mayoría los campesinos y/o los indígenas -, además de otras que van a desarrollar e implementar las formas ‘complejas’ y por lo tanto costosas de ‘medir’ y ‘monitorear’ el carbono del bosque. El caso de Perú muestra también que el foco en el mercado, en los negocios, parece ser casi equivalente a una constante falta de transparencia con quienes son ‘objetos’ de la negociación, algo que ha ocurrido en todo el mundo.

Con su mira puesta en los mercados, el FIP está centrado en acciones que buscan formas de aumentar el 'stock' o sumideros de dióxido de carbono y, con ello, el volumen financiero de los 'créditos de carbono' que pueden ser negociados a partir del bosque o plantaciones. Dichas acciones incluyen:

(1) dar concesiones para la extracción de madera bajo lo que se llama 'manejo forestal sustentable', preferentemente con ‘certificaciones' – por ejemplo con el FSC. El FIP sugiere la asociación con el Instituto de Bosques de Brasil para la formación de técnicos, lo cual se trata de un fuerte incentivo a una actividad que ya fue muy cuestionada en Perú por parte de las comunidades indígenas y campesinas, y una importante causa de la deforestación, algo que es minimizado por el FIP;

(2) promover la agricultura de 'carbono positivo', como las plantaciones de palma aceitera - que ya cuentan con el apoyo estatal e internacional como alternativa a las plantaciones 'ilícitas' -. Se trata de una falsa suposición porque además de promover un monocultivo que genera numerosos impactos social y ambientalmente negativos, el uso del aceite de palma como fuente de energía puede generar hasta un 25% más de emisiones al compararse con los combustibles fósiles, si los cambios del uso del suelo se incorporan en los cálculos;

(3) promover plantaciones de árboles a gran escala en las regiones de las que están viniendo los campesinos migrantes, sugiriendo la plantación de 250 mil has en Cajamarca y Huánuco, próximo a San Martín y Ucayali, lo que generaría empleo y capturaría carbono; un proyecto similar en Ecuador ya mostró cómo esa propuesta genera muchos más problemas para las comunidades campesinas y solo es atractivo para las empresas de plantaciones (http://wrm.org.uy/wp/es/libros-e-informes/sumideros-de-carbono-en-los-andes-ecuatorianos/);

(4) promover un mercado interno de carbono buscando una ‘innovación de los productos financieros’, incluido el capital financiero especulativo, como por ejemplo los ‘fondos de capital de riesgo’. Todo esto representa no solo un proceso de financierización y mayor privatización de la naturaleza, sino también una profundización del proceso neoliberal que ya estaba en curso en el Perú y Latinoamérica desde hace décadas, con graves impactos sociales y ambientales.

El programa FIP para Perú cita además la nueva ley forestal como algo positivo, por ejemplo, al permitir que los grandes emprendimientos ‘compensen’ por la destrucción eventualmente causada, lo que puede abrir aún más oportunidades de negocios. El principio de la 'compensación' es algo repetido y fundamental en la propuesta REDD+, en la medida en que cualquier deforestación necesaria en un futuro deseado de 'deforestación cero' recurre a este principio, por ejemplo, promoviendo plantaciones de árboles, falsamente llamadas 'bosques'. FADEMAD comenta al respecto de esta nueva ley: “un análisis rápido (..) nos muestra las incoherencias de la propuesta de crecimiento económico y sustentabilidad ambiental (con cuyo cuento se está llevando a cabo el saqueo de nuestros recursos naturales), en más de treinta artículos de la Ley, además de mencionar los servicios de los ecosistemas, se menciona también a las plantaciones forestales y hasta la agroforestería”.

Adicionalmente, el programa FIP afirma que busca ‘sinergia’ entre más de 100 iniciativas en el ámbito REDD+ en Perú, lo que ya representa cerca de US$ 400 millones de inversiones, entre ellas KfW y GIZ (Alemania,) USAID (EEUU), FAO-Finlandia, y el gobierno de Japón, incluso JICA, además del Banco Mundial (BM) y del BID que, junto con el brazo privado del BM – la Corporación Financiera Internacional (CFI) - se concentrarían en la titulación de las tierras y en el apoyo a las empresas madereras para trabajar ‘sustentablemente’. También participan activamente fundaciones que buscan promover la ‘economía verde’, como el Instituto de Crecimiento Global Verde (Global Green Growth Institute), con el objetivo de ‘desarrollar estrategias rigurosas de crecimiento económico verde’. Otra fundación privada es GBMF que, junto a KfW-Alemania, financia el componente de medición, registro y verificación (MRV) de REDD+ en Perú, mientras que el FIP promete ayudar en su implementación. El MRV es una pieza fundamental para lograr que el carbono pueda ser comercializado en los mercados internacionales. Todos los países citados tienen fuertes intereses económicos en Perú, además de consumir parte de los recursos naturales exportados.

Finalmente, el programa FIP admite que al crear un mejor ambiente de ‘negocios’ en la Amazonía peruana, con más infraestructura y actividades económicas, podrían aumentar fenómenos indeseados como la migración y la ocupación ‘desordenada’ del territorio y consecuentemente el aumento de la deforestación. En respuesta a ello, se presentan propuestas como el ordenamiento territorial, la ‘sinergia’ entre las instituciones, además de la propuesta de una ‘gestión descentralizada’, como un conjunto de medidas que prometen resolver, como por arte de magia, cualquier problema mayor.

Comentarios finales

La propuesta REDD+, desde que comenzó a ser defendida, trata del carbono, de la reducción de los gases invernadero provenientes de la deforestación y la degradación forestal. Por más que las organizaciones preocupadas con la destrucción forestal busquen cambiar este concepto e incluir una visión holística del bosque- con derechos de los pueblos forestales, con biodiversidad y otras cosas más- y aunque REDD+ haya supuestamente ampliado el concepto REDD; aún así, quienes quieren promover REDD+ piensan principalmente en el carbono y sueñan con un mercado de carbono. Como en cualquier mercado, los compradores se preocupan en primer lugar con el valor y la calidad de la mercadería, además de querer explotar otros mercados. Es así que REDD+ se está desarrollando en Perú, y la experiencia de los últimos años está dejando en evidencia que con proyectos REDD+ no se trata de defender y mejorar los intereses de los pueblos indígenas y de los pequeños agricultores.

REDD+ es, por lo tanto, otro mercado de negocios, en plena crisis climática, que - en coordinación con otros mercados como el de las industrias extractivas, el de las empresas aceiteras y madereras - terminan aumentando las amenazas ya existentes para los pueblos de la Amazonía. Además, la acción de los actores que promueven REDD+ tiene un carácter aun más perverso: genera graves divisiones en las comunidades y saca provecho del hecho de que estas comunidades y sus organizaciones traban una ardua lucha con muchas dificultades. Como dice FADEMAD: “Nuestra debilidad estructural, vista desde afuera, es la mejor oportunidad para todos aquellos que pretenden implementar sus planes en el contexto de la Amazonía. El divisionismo y las luchas internas no solo debilitan los procesos de fortalecimiento sino que abren el camino al oportunismo político y a la agresión a los bienes comunes”

Debido a que REDD+ fue diseñado para funcionar como un mecanismo de mercado, no va a reducir la deforestación (y por ende, la contaminación) sino que va a conceder ‘derechos’ para seguir contaminando y, por lo tanto, agravará la crisis climática y la situación de depredación en la Amazonía por parte de los grandes proyectos extractivos. Y esto afectará cada vez más también a los bosques tropicales y a sus habitantes en Perú - un país ya señalado como uno de los más afectados a nivel mundial por los cambios climáticos, tanto en la región andina como en la región amazónica.

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(*) El Programa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de bosques) se basa en la idea de que el dióxido de carbono que los árboles absorben naturalmente podrían compensar las emisiones contaminantes producidas en otro lugar. Esto da lugar a lo que se conoce como el “mercado de carbono” donde los contaminadores pueden comprar créditos de carbono de proyectos de compensación. Para ver los preocupantes efectos que REDD+ ha venido teniendo en territorios y poblaciones indígenas a nivel mundial, ver la publicación “10 alertas sobre REDD para comunidades”, http://www.wrm.org.uy/publicaciones/10AlertasREDD-esp.pdf y varios otros artículos y publicaciones en http://www.wrm.org.uy/temas/REDD.html

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Fuentes y referencias: