Foto: Eldeber.com.bo
AINI, 26 de septiembre, 2012.- Hoy (ayer) se cumple un año de la violenta represión a los indígenas que participaron de la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Chaparina, Beni.
Las sanciones a los directos responsables permanecen en status quo, a pesar de las denuncias realizadas por los indígenas y el Defensor del Pueblo en instancias nacionales e internacionales.
El hecho continúa impune. La coyuntura se ha convertido en una pulseta. ¿Quién pisa más fuerte? Sin lugar a dudas el Gobierno, que está dejando a los indígenas en condiciones cada vez más deplorables.
El nombramiento de Sacha Llorenti, como embajador de la ONU, la creación de organizaciones indígenas paralelas, la “Post Consulta” Previa, etc., son ejemplos de las acciones políticas del Gobierno que limitan a la mínima expresión la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Impunidad, el camino hacia la ONU
El 23 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó la designación del ex Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como nuevo Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante la gestión de Sacha Llorenti, como Ministro de Gobierno, ocurrió la violenta represión en Chaparina a cargo de efectivos policiales en contra de los indígenas: patadas, amordazamiento, manos atadas y violación de derechos humanos fueron los resultados de eso hecho, sin que la fecha no exista el responsable.
Las repercusiones del nombramiento de Llorenti, se hacen presentes en los pueblos indígenas, en partidos de oposición y en el oficialismo. Llorenti, recibe el apoyo incondicional del Gobierno, el cual ha sido expresado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, respaldando su designación como Embajador de Bolivia ante la ONU. Además, Quintana, pidió al Movimiento Sin Miedo (MSM) que el caso de Chaparina, se quede en manos de la jurisdicción nacional y no acudir a instrumentos internacionales.
En contraposición, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ha manifestado su descontento por la designación de Llorenti como embajador, teniendo en cuenta la represión de Chaparina.
Por su parte el ex presidente de la Subcentral del TIPNIS, Adolfo Moye, afirmó que es una forma de limpiar la imagen del Gobierno y es totalmente ingrato para ellos, dados los acontecimientos de Chaparina, y las persistentes repercusiones de la represión.
“Para nosotros no es nada grato, nosotros tenemos un resentimiento por los grandes daños irreversibles que se han cometido a muchas familias del TIPNIS. Cada vez que uno va a las comunidades hay ese resentimiento, hasta ahora sienten un trauma psicológico y físico”, afirmó.
El paso lento de la justicia
El caso de Chaparina, aún no se ha resuelto. La ausencia de sentencias pertinentes para los responsables de la represión demuestra el modo de funcionamiento del Gobierno. La Ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, manifestó a Los Tiempos que la retardación de justicia en el caso Chaparina, es porque el sistema no ha funcionado.
Jorge Von Borries, DEL Tribunal Supremo de Justicia, afirmó a la red Erbol, que el responsable de esa retardación es el Ministerio Público, que “no está cumpliendo con su función”.
“Es un caso complejo que puede demorar más de seis meses, pero ya es un año y por lo menos, los indicios, formas de investigación no está haciendo cumplir”, indicó. Únicamente el ex subcomandante nacional de la Policía, Óscar Muñoz, ha sido imputado y se halla con detención domiciliaria.
Por su parte, el presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, señaló que en este caso la “justicia está mal dirigida, es selectiva, de privilegio, por eso no hay las personas responsables de la flagrante violación como para que nos digan en la cara nunca más vuelvan a marchar”.
La resistencia más firme que nunca
A pesar de los pesares, tanto indígenas como movimientos urbanos fortifican cada vez más la resistencia ante el proceder gubernamental. El coordinador de comunicación en defensa del TIPNIS, Reynaldo Flores, manifestó a AINI Noticias que “la resistencia significa hacer prevalecer las estructuras indígenas con sus lenguas, sus idiomas, es una lucha por la sobrevivencia de su cultura”, dijo.
“Resistir significa hacer respetar el territorio, y no permitir que el gobierno siga violando los derechos de los pueblos indígenas” concluyó la técnica de apoyo del Consejo de Ayllus y Markas de Cochabamba, Dilma Michel.
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Fuente: AINI: http://www.aininoticias.org/2012/09/especial-57/?home=1
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