Servindi, 15 de setiembre, 2012.- Representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil presentaron esta semana y por sexto año consecutivo el Informe Alternativo 2012 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual corresponde al período agosto 2011-julio 2012.
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El informe es una iniciativa del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) que se envía anualmente a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT que revisa el grado de cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo.
Recomendaciones del Informe
Entre las principales recomendaciones del informe se encuentra modificar el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa “para que incluya como pueblos indígenas a todos los descendientes de los pueblos que habitaban este territorio antes de la colonia”.
Asimismo, modificar la mencionada Ley con la participación de los pueblos indígenas y “adecuándola a los estándares del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Por otro lado se considera “necesario implementar reformas institucionales que permita contar con una institucionalidad estatal indígena" y promover "políticas públicas sectoriales con enfoque intercultural”.
Critican ausencia de base de datos
Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) criticó la ausencia de una base de datos oficial del total de pueblos indígenas del país que limita que sean tomados en consideración en procesos de consulta.
“Los pueblos indígenas estamos convencidos de que frente a la imposición de proyectos de desarrollo que nos han traído muertes, despojos y miseria, hay una propuesta de proyecto de desarrollo armonioso desde los pueblos indígenas”, sostuvo Pizango.
Alberto Pizango
Cecilia Serpa abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y coordinadora del Grupo de Trabajo afirmó que el viceministerio de Interculturalidad tiene la obligación legal de elaborar y difundir una Guía Metodológica y la Base de Datos de los pueblos indígenas del Perú, las que aún no han sido publicadas ni difundidas.
Rocío Silva Santistevan, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos observó que el Estado ha caído en serias contradicciones respecto a la Ley Consulta Previa ya que a un año de aprobada y con la reglamentación en marcha no ha tenido notables avances en apoyo de la causa indígena.
“La reglamentación ha desmantelado la ley y el gobierno sigue respondiendo a los intereses de empresas mineras y de hidrocarburos por sobre la consulta a los pueblos”, criticó.
“El 25 por ciento del territorio nacional está concesionado a la minería. En Cajamarca hasta la Plaza de Armas y las capillas han sido concesionadas. El gobierno continúa con la política extractivista que arrastra desde el gobierno de Fujimori y que sigue generando conflictos”, agregó.
En el informe se menciona seis casos emblemáticos de conflicto entre los pueblos originarios y empresas privadas a quienes el Estado ha otorgado concesiones de tierras sin consulta previa: Conga, Espinar, Purús, Cordillera del Cóndor, Zona Reservada Güepí y Ecoamérica.
El caso Ecoamérica
Ely Tangoa, dirigente del pueblo indígena Shawi de la región San Martín, expuso el caso de la empresa coreana Ecoamérica que el 2009 solicitó al Estado la adjudicación de 72,654 hectáreas de la selva de las cuales 21 mil se superponen a territorios indígenas quechuas y shawis.
Ely Tangoa
“El territorio es nuestro mercado, convivimos con la naturaleza de forma armónica (…) El Estado es experto haciendo carreteras pero no da ningún tipo de recurso a las comunidades nativas”, manifestó.
El dirigente shawi señaló que exígen al gobierno regional de San Martín que no sólo se preocupe en hacer carreteras sino también en otorgar recursos para el desarrollo de los pueblos indígenas.
“Para el Estado peruano de repente los pueblos indígenas son de segunda categoría. Entonces nosotros a través de nuestras organizaciones (…) (trabajamos) para que el gobierno emita un presupuesto para titular a las comunidades en la Amazonía peruana”, señaló.
El caso Purús
Otro conflicto emblemático es el ocasionado por el proyecto para construir una carretera de 400 kilómetros desde la provincia de Puerto Esperanza en Ucayali hasta Iñapari en Madre de Dios, la cual atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva del Alto Purús.
La carretera, propuesta en un proyecto de ley presentado por el congresista fujimorista Carlos Tubino, pone en peligro la supervivencia de las comunidades en aislamiento voluntario que habitan los territorios protegidos.
El proyecto desconoce una serie de leyes, desconoce la ley de áreas protegidas, la ley de consulta previa, la ley forestal, hasta el código penal”, dijo Roger Muro Guardían, asesor de la Aidesep.
Como se sabe, se trata de uno de los sitios más diversos de aves y mamíferos a escala global. La vida silvestre de la Zona Reservada es enormemente diversa, abundante y bien preservada. Posee los récords mundiales para la diversidad de mamíferos terrestres y aves.
“Naturalmente, generará un impacto negativo en el ecosistema como la tala de árboles, incluso desaparición de los pueblos en aislamiento”, dijo Muro.
Además, la “deforestación y degradación de los bosques, invasión de tierras, erosión del suelo y la posible extinción de las comunidades en aislamiento voluntario serían algunos de los impactos de la construcción de la carretera” afirmó Muro.
“El 2004 se creó el Parque Nacional de Alto Purús reconocido como intangible que sirve de aprovechamiento para las comunidades que viven en el perímetro. Es una fuente de agua, de sus colinas nacen cuatro importantes ríos: el Madeira, el Purús, el Juruá y el Ucayali; además de ser un sumidero de carbono “, agregó.
El Informe Alternativo
El informe es elaborado principalmente por asociaciones miembros del Grupo de Trabajo de la CNDDHH como el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Cedal, Cooperacción, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Fedepaz, Instituto del Bien Común (IBC), Instituto de Defensa Legal (IDL), Paz y Esperanza y Servindi.
También participan la Asociación Intertrétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
El informe es enviado a la OIT con el respaldo de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
En el caso del Convenio 169 los Estados tiene la obligación de presentar memorias de cómo implementan los compromisos que han asumido, lo cual hacen por lo general desde una perspectiva "oficial", es decir, sin tomar en cuenta la voz de los pueblos indígenas.
Por esta razón, las organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre PP.II. de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hacen el esfuerzo anual de elaborar un informe alternativo que recoge las deficiencias del Estado en la aplicación del citado convenio.
Se trata entonces de hacer llegar a las instancias oficiales de la OIT la versión alternativa de cómo se cumple o no el Convenio 169 desde la opinión de los propios pueblos a quienes protege este tratado internacional.
Como reacción, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos pueden preguntar de manera más puntual y precisa al Estado, confrontar las declaraciones oficiales y solicitar información más puntual y concreta sobre la realidad de los pueblos indígenas.
Valoración e importancia del informe alternativo
Javier La Rosa Calle, miembro del IDL destaca que el Informe Alternativo le ha servido a la CEACR para exigir al Estado peruano una posición responsable y coherente de cumplimiento del Convenio 169, lo que se ha evidenciado en las observaciones que ha formulado en los últimos años.
"La difusión de estos informes ayuda mostrar la veracidad y coherencia de las políticas públicas con los compromisos que emanan del Convenio 169 de la OIT. Por esta razón resulta altamente pertinente difundir esta clase de informe que contribuyen a mostrar el verdadero rostro estatal" expresó.
En diversos países los denominados informes alternativos o "informes sombra" también contribuyen a sensibilizar a la ciudadanía sobre el grado de cumplimiento que los gobiernos tienen respecto a las obligaciones internacionales que se han comprometido, agregó.
Kaethe Meentzen, de Servindi, destacó que el informe sirve para que las organizaciones que lo elaboran tengan mas claridad internamente y dentro del mundo indígena se unifiquen criterios sobre los problemas y propuestas.
De otro lado advirtió que antes de que se haga costumbre enviar informes alternativos, el Estado peruano informaba de manera rutinaria generalidades y hasta mentiras porque ninguna instancia civil vigilaba la certeza de sus afirmaciones.
Milagros Sovero, de Paz y Esperanza, destacó que el informe alternativo es un instrumento para hacer incidencia internacional a favor de los derechos de los pueblos indígenas además de ser un documento de consulta constante para los interesados en la problemática que concierne a los pueblos originarios.
Descargue el informe con un clic en el siguiente enlace:
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