Servindi, 9 de agosto, 2012.- Las políticas puestas en marcha por el gobierno de Rafael Correa respecto a los pueblos indígenas han sido materia de cuestionamientos por parte del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial – CERD de las Naciones Unidas, que concluyó este miércoles con su evaluación al Estado ecuatoriano.
La criminalización de la protesta de los pueblos indígenas, la inminente eliminación de la institucionalidad vinculada a ellos y el incumplimiento del derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, fueron los principales puntos sobre los que se hizo eco.
Así lo informó Luis Contento, vicepresidente de ECUARUNARI, quien asiste al 81 Periodo de Sesiones del CERD que se desarrolla en Ginebra, Suiza, como parte de los trabajos de promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas en instancias internacionales.
Las declaraciones del CERD se refirieron a temas contenidos en el informe de los pueblos indígenas presentados por Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y la Confederación Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI).
Uno de los temas que genera la preocupación del CERD es la persecución y procesos judiciales a los dirigentes indígenas bajo acusaciones de terrorismo, tema al que se refirió la delegación del gobierno argumentaron que no hay un solo detenido, evadieron de otro lado referirse a las decenas de casos pendientes de sentencia.
La justicia indígena y cómo esta no es tomada en cuenta por el gobierno fue otro tema que generó polémica. Al respecto Contento señaló que “los representantes del gobierno plantearon una división jurisdiccional absurda: que la justicia ordinaria se ocupe de los casos penales y la justicia indígena de los casos civiles.
Para el vicepresidente de ECUARUNARI este planteamiento responde a políticas improvisadas, que no toman en cuenta temas como el territorio, las normas propias, entre otros aspectos.
La consulta previa y cómo ésta ha sido relegada para dar paso a la entrega de sus territorios fue otro punto que generó discusiones, más aún cuando se avecina para Ecuador una nueva era de explotación petrolífera, anunciada por el gobierno, que provocaría el desplazamiento forzoso de pueblos indígenas.
Un proyecto de ley orgánica de los consejos de igualdad que considera en sus artículos la desaparición de instituciones estatales vinculadas a los pueblos indígenas como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidad y Pueblos Indígenas del Ecuador – CODENPE, entre otros, ha despertado la preocupación del Comité.
Se espera que en las próximas horas el CERD emita una serie de preguntas y recomendaciones respecto a las acciones de discriminación racial contra pueblos indígenas.
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